En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el combate al lavado de dinero tuvo dos caras: por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó más de 12 mil cuentas bancarias congeladas y 160 denuncias penales presentadas, cifras récord.
Pero por el otro, la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió menos del 1% de los casos por lavado de dinero que la UIF denunció, y no pidió ni una sola orden de aprehensión.
Este contraste no solo ocurre en los casos de lavado de dinero, delito prioritario para el gobierno. Especialistas consultados advierten una falla estructural en la investigación penal en México, que se mantiene tras el primer año de la gestión de López Obrador y que provoca que la impunidad prevalezca en varios delitos graves.
Datos oficiales obtenidos por Animal Político para este reportaje lo prueban: existe un nivel de esclarecimiento inferior al 10% —y en algunos casos de casi cero— en investigaciones relacionadas con casos de delincuencia organizada, tortura, desaparición forzada, corrupción, entre otros.
A la crisis de resultados se suma la disminución de personal de investigación que tuvo la FGR en 2019. Por ejemplo, la institución perdió el año pasado más de 150 agentes del Ministerio Público federal en comparación con 2018, justo en el primer año de que esa instancia tiene autonomía técnica y de gestión, es decir, que dejó de depender del gobierno federal.
Uno de los objetivos de transitar de la vieja Procuraduría a una Fiscalía era revertir la crisis de ineficiencia y corrupción que padeció la PGR, pero los expertos señalan que hasta ahora la transición se ha quedado en el nombre, sin llegar al fondo.
Claroscuros en lucha antilavado
Lo bueno: inteligencia y aseguramientos
Una de las prioridades de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es la identificación y neutralización del dinero que ingresa al sistema financiero proveniente de la corrupción y las actividades del crimen organizado. Lo que coloquialmente se conoce como lavado de dinero.
La responsabilidad de dicha tarea recae en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Niego.
Transcurrido el primer año de la actual administración, los datos oficiales reportados por esta Unidad son positivos en casi todos los renglones. Por ejemplo, el monto de dinero bloqueado en cuentas bancarias congeladas en 2019 ascendió a 5 mil 23 millones de pesos, casi 71 veces más que lo que se había bloqueado un año antes: 70 millones 787 mil pesos.
También se reportó un incremento significativo de dólares bloqueados. De solo 4 mil 200 dólares en 2018 a 52 millones 204 mil dólares en 2019.
La cifra de cuentas bancarias bloqueadas en total fue de 12 mil 74, mucho más que las 800 cuentas aseguradas un año antes. El numero de personas —físicas o morales— en contra de las que se emprendieron estas acciones fue de 1 mil 371 en 2019, muy por encima de las 57 en contra de las que se actuó en 2018.
La UIF tiene además la facultad de presentar denuncias ante el Ministerio Público Federal para que se proceda penalmente en contra de las personas que resulten responsables. En ello también reportaron un balance positivo con 160 denuncias penales en 2019, casi el doble de las presentadas un año antes.
De las denuncias presentadas, 114 fueron por casos de posible lavado de dinero y delitos financieros relacionados, mientras que las restantes tienen que ver con posibles hechos de corrupción como peculado, delitos electorales o alguno diversos.
A partir de que la denuncia es presentada, corresponde al Ministerio Público dar continuidad a las investigaciones para que los ilícitos detectados no queden impunes.
Lo malo: la investigación penal
Animal Político solicitó vía transparencia a la FGR los resultados de las investigaciones relacionadas con las 160 denuncias presentadas por la UIF en 2019. La respuesta revela que en lo referente al lavado de dinero prácticamente ningún caso ha sido esclarecido, y que no hay detenidos.
De entrada, la Fiscalía solo presentó el balance de 114 denuncias que recayeron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en su Unidad de Análisis Financiero; todas relacionadas con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. De las 46 restantes, por otros delitos, no informó nada.
Sobre esas 114 carpetas de investigación, solo una fue “judicializada” en 2019, es decir, que el caso tuvo el avance suficiente para ser presentado ante un juez. El resto continúa en trámite o integración: un nivel de efectividad de apenas el 0.8%.
En cuanto a las órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez, así como órdenes cumplimentadas en contra de probables responsables por estos mismos casos, la Fiscalía dijo que la cifra —al menos hasta febrero pasado— era de cero. Todos los casos continúan impunes.
Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo en entrevista con Animal Político que respeta el trabajo que lleva a cabo la Fiscalía, pero a su vez destacó la importancia que tiene la resolución de esas denuncias.
“Nosotros (la UIF) lo que hacemos es una estrategia de combate a la corrupción, pero el otro elemento que hay que combatir es la impunidad y la impunidad solamente se combate cuando los asuntos llegan ante los jueces. Y hay que entender que esto (el combate al lavado) es una política criminal de Estado que abarca tanto al ejecutivo, como a las fiscalías autónomas. Se requiere trabajar de manera conjunta”, dijo Nieto.
El titular de la UIF subrayó que ellos continuarán colaborando con total apertura con la Fiscalía para facilitar el esclarecimiento de los casos. Explicó que incluso han solicitado en la mayor parte de las denuncias que se les reconozca como coadyuvantes para auxiliar al Ministerio Público y en algunos casos sí se los han concedido.
Estefanía Medina, especialista en sistema penal acusatorio y cofundadora de la organización civil Tojil: Estrategia contra la Impunidad, calificó como “alarmante” el bajo nivel de judicialización de casos de la UIF en la Fiscalía, pues hizo hincapié en que la impunidad en el lavado de dinero hace posible que otras actividades criminales continúen desarrollándose.
“Las grandes criminalidades que nos afectan en distintos rubros llámese narcotráfico, robo de combustible, trata de personas, corrupción, todos esos delitos como tan estructurados y con organizaciones criminales tan fuertes no serían posibles sin el lavado de dinero. Y es el seguimiento de las rutas del dinero lo que permite identificar a quienes se benefician de ello”, dijo Medina.
Impunidad estructural y menos recursos
Las especialistas consultadas advirtieron que mas allá de los casos de la UIF, la Fiscalía padece de un problema estructural heredado por la PGR que se traduce en impunidad en los delitos más graves. Animal Político confirmó esta situación con datos oficiales obtenidos vía transparencia.
Por ejemplo, la FGR reportó 3 mil 758 carpetas y averiguaciones que se mantuvieron abiertas por delincuencia organizada en 2019, tanto casos nuevos como heredados. En ese mismo lapso consiguió enviar a un juez apenas 182 casos, lo que equivale solamente 4.8% de ellos. Esto significa que más del 95% de los casos siguen impunes.
Lo mismo ocurre con otros delitos. Por ejemplo, la Fiscalía reportó 721 carpetas abiertas por el delito de tortura, pero solo 7 judicializadas: 0.97% del total. También registró 563 carpetas por desaparición forzada y solo 5 resueltas.
La Fiscalía reportó 50 carpetas en integración por posibles violaciones graves a derechos humanos a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y solo 5 casos judicializados. Un poco mejor, aunque también bajo, es el desempeño en los casos de delitos relacionados con migración en donde se reportaron 221 casos y 22 judicializados, una efectividad del 9.95%.
La FGR es poco eficiente incluso para esclarecer los casos de posible corrupción dentro de la misma instancia. Reportó el año pasado 1 mil 591 carpetas y averiguaciones en curso, y solo 11 judicializadas, apenas un 0.69%.
Gana la impunidad
“El que se mantengan estos niveles altísimos de impunidad es preocupante. El caso de la sentencia de Karla Pontigo dictado por la Corte deja algo claro: la impunidad manda el mensaje de que la violencia está permitida (…) En la FGR lo que vemos es un estancamiento y una falta de voluntad para combatir la impunidad y sobretodo la impunidad que duele a las personas que es la de la gran corrupción y casos graves”, dijo Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Los datos de la Fiscalía también revelan una disminución de sus recursos humanos destinados para la investigación de los delitos. De diciembre de 2018 a enero de 2020 la cifra de agentes del Ministerio Público de la Federación bajó de 3 mil 643 a 3 mil 483; la cantidad de policías de investigación cayó de 4 mil 72 a 3 mil 998; y la cifra de peritos descendió de 1 mil 766 a 1 mil 733.
En un informe enviado al Congreso en enero pasado, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que se habían redistribuido cargas de trabajo para hacer mas eficiente la labor de los fiscales, pero alertó que la FGR padeció de un recorte presupuestal importante en 2019, y que tenía un déficit de al menos 2 mil millones de pesos para concretar su proceso de transición a una nueva institución.
La puerta giratoria y el plan que no es
Estefanía Medina dijo que los datos oficiales prueban que la FGR se encuentra en una inercia de deficiencias y corrupción que no se ha detenido, y que afecta la eficacia del combate al crimen. Mientras esa situación persista de nada van a funcionar medidas como el incrementar penas para los delitos o ampliar el catálogo de los que merecen prisión preventiva automáticas.
“Hay desarticulación de criterios en el Ministerio Público. En la detención es cuando más actos de corrupción hay. Ahí se encuentra realmente la puerta giratoria (…) El MP está liberando a muchos detenidos federales, de acuerdo con la organización México Evalúa serían más de 40%”, explicó.
La especialista advirtió que esta desarticulación se agrava por la falta de un plan estratégico bien integrado para combatir la criminalidad que la FGR estaba obligada a construir en conjunto con sociedad civil, pero que a final de cuentas se convirtió solo en un documento presentado de forma unilateral por dicha dependencia.
Sobre este punto Ana Lorena Delgadillo dijo que el plan elaborado por Gertz —que no se hizo público oficialmente— propone metodologías y estrategias de organización interna que no han funcionado en el pasado, mientras que omite mirar al fenómeno criminal de manera integral y se deja de investigar esa lógica sistémica para privilegiar una visión de caso por caso.
“Se sigue apostando a que un solo agente del Ministerio Público que está ahogado con decenas de expedientes de casos complejos sea el que de resultado, sin apoyo de nuevas tecnologías, sin policías, sin la colaboración de otras instituciones del Estado como es la UIF, sin mecanismos de colaboración eficaz”, señaló.
En ese sentido Delgadillo subrayó que la FGR sigue actuando con las viejas inercias de la PGR y que más del 80% de su estructura sigue siendo la misma, por lo que su transición ha sido de nombre y no de fondo.
La experta además advirtió que Gertz Manero ha “malinterpretado” la autonomía con la que ahora cuenta lo que ha propiciado decisiones unilaterales, omisiones y falta de transparencia en la Fiscalía.
“Autonomía no es aislarse de las víctimas o aislarse de las organizaciones, o de las instituciones con las que hay que colaborar. Autonomía implica que nadie ordene en qué sentido debe investigar el fiscal, que no ordenen como lo debe de hacer. La autonomía es contar con capacidades profesionales y técnicas para investigar de manera objetiva. Y es también transparencia y rendición de cuentas”, dijo Delgadillo.
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