El pasado 19 de marzo, durante la clausura de un curso básico de capacitación a nuevos reclutas de la Guardia Nacional (GN) en el Campo Militar número 23, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los guardias recién graduados para darles este mensaje:

“Es muy importante la labor de ustedes, integrantes de la Guardia Nacional, mujeres y hombres. Es, siempre lo he dicho, el soldado es pueblo uniformado y es el pueblo cuidando al pueblo, protegiendo al pueblo, no es cualquier trabajo, es servicio público (…)”.

Si bien el presidente se refirió a ellos como soldados, los elementos de la Guardia Nacional no deberían serlo. La Constitución los define como “una institución policial de carácter civil”, no militar…. aunque la realidad es otra.

La Guardia Nacional es una fuerza militar, mas del 80% de sus elementos y el 100% de sus mandos son soldados que provienen de fuerzas armadas e incluso sus nuevos reclutas son formados, capacitados, y hasta contratados por el Ejército.

Pero a un año de la aprobación y puesta en marcha, la Guardia Nacional no solo adolece del perfil civil, también ha sido opaca en temas como la evaluación y certificación de sus nuevos reclutas o la construcción de cuarteles; su despliegue está por debajo de lo pronosticado originalmente y la violencia no ha disminuido en los tres estados donde tiene mayor presencia.

Mientras la Guardia Nacional se fortalece, las verdaderas corporaciones policiales civiles del país siguen en la misma precariedad transcurrido el primer año de gobierno de López Obrador: su depuración no ha terminado, más de la mitad de los agentes no está certificado, y a 28 de 32 estados le siguen faltando policías. Incluso, hay 13 entidades que hoy tienen menos agentes que hace un año.

Para revertir esa situación se diseñó e incluso aprobó en el Consejo de Seguridad un nuevo modelo de policía nacional, pero al final ni el gobierno federal ni el Congreso autorizaron los recursos que se habían previsto para ponerlo en marcha.

La simulación

La ley es clara: el artículo 21 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional la definen como una “institución de seguridad pública de carácter civil”. En los hechos, mas allá de su adscripción administrativa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional es una fuerza conformada, operada y controlada casi en su totalidad por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

De entrada, todo el mando operativo de esa fuerza es militar. Su Comandante en Jefe es el General Luis Rodríguez Bucio, quien designó a los 32 coordinadores de la Guardia en los estados, todos provenientes de la milicia.

Por otro lado, datos oficiales del gobierno federal actualizados a marzo revelan que la Guardia Nacional tiene desplegados a 81 mil 722 elementos de los cuales, 62 mil 767 son efectivos de las fuerzas armadas, entre policías militares, navales u elementos de la fuerza armada convencional comisionados a la misma. Es el 76.8% de su estado de fuerza.

El resto son los 18 mil 955 expolicías federales que fueron transferidos a la GN y que son los desplegados en la vigilancia de puertos, aeropuertos y carreteras.

Los datos oficiales también arrojan que la GN ha logrado reclutar a 21 mil 170 elementos, de los cuales 12 mil 832 continúan en fase de adiestramiento.

Pero si se revisan las cifras se advierte que aun cuando se han reclutado a nuevos elementos en la GN solo figuran militares. La razón es sencilla: es la SEDENA y en menor medida la Armada la que se encarga de reclutar, adiestrar y contratar a los nuevos reclutas como policías militares y navales, a los que luego comisiona a la GN.

De hecho, en un informe oficial previo presentado en octubre pasado, ya se reconocía que al menos 13 mil de los nuevos reclutas provenían de las fuerzas armadas.

“En la ley quisimos poner que la GN fuera una fuerza civil y lo que hoy tenemos es una simulación. Los nuevos reclutas que llegan a la GN no son civiles ni siquiera ellos. Ellos se dan de alta en la SEDENA, es reclutamiento de la SEDENA, y les dan su oficio de comisión para irse a la Guardia”, señaló Bernardo León Olea, excomisionado de la policía de Morelia y especialista en reforma policial, justicia penal y cívica.

Alejandro Hope, experto en temas de seguridad pública y nacional, coincide en calificar la constitución de la Guardia como una “gran simulación”, y reveló que la misma carece incluso de plazas operativas. Todas pertenecen a las fuerzas armadas.

“Todo el proceso está siendo conducido por SEDENA. No hay separación real entre GN y fuerza armada permanente contrario a lo que dice la ley, que te habla de separación funcional. Eso lo están resolviendo con oficios de comisión con los que mandan a los elementos militares a la Guardia”.

Los riesgos: confiabilidad y continuidad

De acuerdo con especialistas consultados, el formar soldados y no a policías no es un asunto trivial. Por el contrario, es una situación que genera dudas que pueden poner en riesgo serio la confiabilidad, eficacia y continuidad de esta fuerza en el mediano y largo plazo.

Un ejemplo es el relacionado con la preparación de los efectivos. Lo que se sabe porque así lo ha informado el gobierno, es que se capacita por cinco meses a un recluta con un curso básico en diversas materias.

Pero a diferencia del entrenamiento a un soldado, la formación de un policía requiere cursos complementarios y la aprobación de un proceso de control de confianza que incluye una batería de cinco exámenes incluido el polígrafo. Además, por ley los policías deben contar con un Certificado Único Policial (CUP) que avale que el elemento superó el control de confianza y otras pruebas.

¿Cuántos de los nuevos reclutas y elementos que conforman la GN cuentan con estas evaluaciones y certificaciones aprobadas? Es algo que no se sabe porque el gobierno no lo reporta oficialmente. Solo informa de los que cumplen con el curso básico.

“Esto mas allá de que es una burla a la ley sí tiene problemas operativos y de largo plazo. Por ejemplo, el judicializar casos se vuelve mucho mas complicado en cualquier caso que no sea flagrancia. Porque si se le pide a un GN acreditarse como policía no puede porque lo que tiene es un oficio de comisión solamente, y ello puede generar problemas”, explicó Hope en entrevista.

A ello se añaden las dudas sobre su continuidad. León Olea y Hope advierten que el problema de solo comisionar elementos a la Guardia es que los oficios pueden ser revocados en cualquier momento, lo que dejaría a la nueva fuerza sin elementos.

Opacidad y dudosa eficacia

La opacidad es otra característica de la Guardia Nacional. Animal Político solicitó a tres dependencias oficiales el nivel de reclutamiento, capacitación y certificación de los elementos de la GN y ninguna entregó la información que la Ley de Transparencia los obliga.

La SEDENA respondió a la solicitud de información folio 0000700004120 que no tenía esa información y que le correspondía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcionarla. Esta segunda dependencia respondió a la solicitud de información 0002800001220 que no le tocaba dar esos datos y sugirió dirigir la petición directamente a la unidad de transparencia de Guardia Nacional.

Y finalmente la Guardia Nacional dijo, al responder la solicitud folio 2800100006420 que “no era competente” para responder la solicitud, y que la misma se debería presentar a la SEDENA, institución que fue la primera en rechazar que tuviera los datos.

Pero esta opacidad ya se había advertido con anterioridad en otros rubros. Por ejemplo, en enero pasado se informó que la SEDENA había clasificado como información reservada por cinco años los convenios firmados para la construcción de los cuarteles de Guardia Nacional. Esta reserva confirmó el control militar sobre la información de la GN.

Por otro lado, datos de INEGI revelan que en apenas un semestre la Guardia Nacional perdió tres puntos en el índice de confianza de la gente. El nivel de personas que piensan que es una fuerza efectiva cayó de 70.9% en junio de 2019 a 67.9% en diciembre del mismo año.

Los expertos consultados coinciden en expresar dudas sobre la eficacia de la nueva corporación, aunque del lado oficial, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo ha atribuido al despliegue de la Guardia Nacional la desaceleración de crecimiento de los homicidios en 2019.

Sin embargo, hay datos oficiales que no sustentan ese dicho. Por ejemplo, de acuerdo con la información oficial el Estado de México, Michoacán y Jalisco fueron las entidades con mayor cantidad de efectivos desplegados en 2019, pero en todos ellos crecieron los homicidios dolosos en un rango del 7 al 26%.

Alejandro Hope subraya que la desaceleración del crecimiento de homicidios empezó desde mediados de 2018, antes del arranque del actual gobierno, por lo que no hay correlación con el funcionamiento de la Guardia Nacional.

Originalmente, el gobierno había previsto el despliegue de 92 mil elementos de la GN para el cierre de 2019. Dicha meta no se cumplió pues al concluir el año la cifra era de 76 mil efectivos y aun ahora es de 83 mil elementos desplegados.

Policías: otro año perdido

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre de 2018, justo en el arranque del actual sexenio, el país contaba con 257 mil 253 policías estatales y municipales, lo que representaba un déficit de casi 75 mil elementos según estimaciones oficiales. A nivel nacional, 28 de 32 estados carecían de un estado de fuerza suficiente.

Un año después, al cierre de 2019, el dato oficial es de 260 mil 458 elementos policías en las calles, apenas un incremento del 1.2% en el estado de fuerza. El déficit de policías, tomando en cuenta el crecimiento demográfico, es prácticamente el mismo.

No solo eso, hubo 13 estados que luego del primer año de gobierno de López Obrador tienen menos policías: Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El 2019 concluyó sin concretar la depuración policial. Un 7% de los elementos en activo tiene reprobado el proceso de control de confianza, mientras que un 17% ya tiene caduca su certificación cuya vigencia es de dos años. Por ley ninguno de ellos debería seguir en activo en las fuerzas de seguridad.

En años previos se había fijado como meta para el cierre de 2019 que el 100% de los policías del país contaría con el certificado CUP obligatorio que avala que cumplen con los requisitos y aptitudes para el cargo. Pero al concluir el año solo 46% contaba con ese certificado.

Pese a una ligera mejoría, las policías locales continúan como las fuerzas de seguridad que generan mayor desconfianza en el país. De acuerdo con INEGI, en 2019 solo el 40% de la población considera efectiva a la policía municipal, y el 48% a la policía estatal, porcentajes casi idénticos a los de 2018.

En ese contexto, Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, consideró que el actual gobierno desperdició el primer año del sexenio al apostar por continuar con el militarismo como fórmula para la seguridad con la GN, en vez de apostar a las policías locales.

“Se mandó un muy mal mensaje, pero considero que están a tiempo de cambiar la ruta y comenzar con la construcción real de una policía civil, de una policía ciudadana y un modelo que realmente impacte en todos los niveles”, dijo.

Sí hay modelo, pero no hay dinero

En julio de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó a propuesta del gobierno federal el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que, entre otras cosas, fija procedimientos homologados para la conformación, desarrollo, coordinación y operación de todas las policías del país y de los sistemas de justicia cívica.

Para su puesta en marcha se estimó un presupuesto de 42 mil millones de pesos que se obtendrían al incrementar de 20 a 50% la proporción de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que obligatoriamente deben etiquetarse en los municipios para el desarrollo policial.

Sin embargo, esa asignación de recursos no fue aprobada por el Congreso, y ni siquiera fue propuesta por la Secretaría de Hacienda para el presupuesto de 2020.

“Se ha insistido en el Modelo Nacional de Policía desde el punto de vista retórico, pero en sustancia ha avanzado poco. La verdad es que queremos seguir resolviendo el problema de la seguridad a precio de ganga y eso no es posible”, dijo Alejandro Hope.