Todo empezó con un grupo de Whatsapp. En él la veracruzana Lucy Díaz comenzó a compartir con otras cinco madres de familia el peso de la incertidumbre y la angustia de no tener noticias de su hijo Luis, secuestrado en el Puerto de Veracruz en 2013.

Al principio sólo era eso: una válvula de escape para aliviar el peso aplastante de la depresión. El grupo fue creciendo y, además de palabras de consuelo, las mujeres comenzaron a intercambiar consejos prácticos sobre cómo levantar denuncias por desaparición forzada o secuestro. También a organizarse para ir a Xalapa a demandar resultados a las autoridades o para exigir una entrevista con el gobernador.

-Tocamos todas las puertas –asegura en entrevista Lucy Díaz-. Incluso, fuimos en una ocasión a hablar con (el ex gobernador) Javier Duarte y se comprometió con nosotras a recibirnos cada 15 días para darnos información de nuestros casos.

Pero nunca lo cumplió. Ni tampoco las autoridades ministeriales que prometieron una y otra vez que investigarían las desapariciones. Lucy y muchas otras madres tuvieron que dejar sus trabajos, sus familias y buena parte de sus vidas para convertirse en los propios agentes ministeriales y peritos forenses de sus casos.

-Nos dimos cuenta de que si el Gobierno era el que iba a hacer la búsqueda de nuestros hijos, las madres jamás volveríamos a saber de ellos, ni sabríamos nunca la verdad de lo que les sucedió –dice Lucy y después se pregunta cómo podría el Estado investigarse y castigarse a sí mismo por las desapariciones forzadas cometidas por sus autoridades, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Como respuesta, Lucy plantea que organizarse como un grupo de madres para hacer presión a las autoridades ya no era suficiente. Necesitaban pasar a la acción. Tomar con sus manos el pico, la pala y las varillas de fierro y remover la tierra en busca de sus seres queridos.

Fue así como en 2014 las madres abandonaron el grupo de Whatsapp y crearon el Colectivo Solecito, una brigada en la que actualmente participan 50 mujeres cuya labor ya ha dado resultados tangibles: en septiembre de este año encontró en el Puerto de Veracruz un predio en el que a la fecha se han localizado 105 fosas clandestinas, con un número todavía por determinar de cadáveres que esperan ser identificados.

-Este es el ejemplo de que en México si quieres que algo suceda tienes que hacerlo tú mismo –dice Díaz-. Porque el Estado no lo va a hacer por ti.

Para Lucy este hallazgo, junto con otros como el que realizó la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que el pasado abril encontró 15 fosas en tan solo 15 días de rastreo en la zona centro de Veracruz, es el resultado de una sociedad empoderada que reaccionó ante la violencia y la inoperancia del Estado. Una sociedad que ya en 2008 dio el primer aviso de que no se quedaría con los brazos cruzados ante los muertos y los desaparecidos de la violencia de la guerra contra el narcotráfico.

Del ‘caso Martí’ a la ‘Ley Sicilia’

Vestidos de blanco y con pancartas que rezaban “Si no pueden, renuncien”, el 30 de agosto de 2008 miles de personas salieron a las calles de México para protestar contra la violencia. La marcha Iluminemos México estuvo encabezada por el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando había sido asesinado un mes antes, tras ser secuestrado.

Esta fue la primera gran movilización social durante la guerra contra el narcotráfico que, además, dio como resultado la firma del ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad’, en el cual se incluyeron varias demandas ciudadanas en materia de seguridad, como realizar una depuración a fondo de los elementos policiacos del país.

Sin embargo, aunque los medios titularon este acuerdo entre gobierno y ciudadanos como “histórico”, los asesinatos y las desapariciones continuaron.

Poco menos de tres años después, en abril de 2011, el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia volvió a convulsionar al país, y desencadenó en mayo de ese año la Marcha por la Paz. Una movilización que a su vez supuso el punto de partida para la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y para la realización de varias caravana, en las que Sicilia, activistas y familiares de víctimas, recorrieron México y Estados Unidos para exigir un alto al tráfico de armas y al consumo de drogas.

Fue al término de la ‘Caravana del Consuelo’ el 10 de junio de 2011, en Ciudad Juárez, que diversas organizaciones ciudadanas anunciaron un nuevo pacto nacional ciudadano contra la inseguridad e hicieron un llamado al gobierno de Felipe Calderón para iniciar un diálogo.

Días después, el 23 de junio, el Movimiento por la Paz y la administración de Calderón iniciaron los llamados ‘Diálogos por la Paz’ en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. En los encuentros participaron víctimas de la ‘guerra contra el narco’, el presidente Calderón, y parte de su gabinete de seguridad. Entre las demandas ciudadanas destacaron dos: la desmilitarización de la política de seguridad del país y la creación de una Ley General de Víctimas.

Aunque la primera demanda no ha sido cumplida hasta la fecha –con el presidente Peña Nieto el Ejército continúa patrullando las calles haciendo labores policiacas-, el 30 de abril de 2012 el Senado mexicano aprobó la minuta de la nueva Ley de Víctimas –también conocida como Ley Sicilia-, la cual plantea acciones para reparar el daño a las víctimas de la violencia.

Javier Sicilia e integrantes del Movimiento por la Paz recibieron la noticia en el Senado con gritos de “¡Sí se pudo!”. Pero meses más tarde, el 6 de julio de 2012, el presidente Felipe Calderón congeló la ley y la regreso al Congreso tras argumentar que la propuesta tenía “varios errores”.

Fue hasta enero de 2013, ya con Peña Nieto en Los Pinos, cuando se promulgó la Ley General de Víctimas, la cual incluyó buena parte de las demandas ciudadanas que surgieron tras los movimientos sociales por los casos Martí y Sicilia.

Por ejemplo, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), el órgano operativo de la Ley General de Víctimas que busca atender a los ciudadanos que han sufrido delitos o violaciones a sus derechos humanos, y otorgarles una reparación integral del daño.

De Ayotzinapa a las brigadas ciudadanas

El 26 de septiembre de 2014 otro hecho violento marcó un punto de inflexión en la relación entre las víctimas y el Estado mexicano. Ese día 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, y entregados al crimen organizado.

La falta de resultados de la investigación policial en este caso –más de dos años después, el Gobierno Federal aún no ha sido capaz de esclarecer los hechos-, originaron nuevas marchas multitudinarias en el país, y el surgimiento paulatino de nuevas brigadas ciudadanas integradas por organizaciones civiles y por familiares de víctimas de desaparición forzada.

Además del Colectivo Solecito, la Red Enlaces, y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está integrada por múltiples víctimas y organizaciones civiles de estados como Coahuila, Sinaloa, Morelos, Chihuahua y Nuevo León, el grupo ‘Los otros desaparecidos de Iguala’, en Guerrero, también ha conseguido resultados tangibles sin la ayuda de las autoridades: en 2015, esta brigada integró una lista con 360 desaparecidos (60 más que los registrados oficialmente ese año) y encontró decenas de cuerpos en fosas clandestinas.

Asimismo, las organizaciones civiles también ejercieron una fuerte presión para que el Proyecto de Ley para prevenir la Desaparición Forzada, en discusión en el Senado desde diciembre de 2015, incluyera algunos de los 11 puntos que las víctimas exigían, como que dicha ley sea obligatoria para todas las instituciones de los tres niveles de gobierno.

E incluso, ayer mismo, 29 de noviembre, organizaciones de víctimas presentaron sus propuestas para la Nueva Fiscalía General de la República, para la que exigen un fiscal que sea “independiente” del Gobierno Federal. Por lo pronto, y ante la presión social, el presidente Peña Nieto envió ayer una iniciativa al Senado para que Raúl Cervantes, actual procurador vinculado al PRI, no se convierta en automático en el nuevo Fiscal de la nación cuando se dé la transición a ese organismo.

“Hay una evolución, pero no es el movimiento que necesita un país con miles de desaparecidos”

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI), destaca que la aprobación de la Ley General de Víctimas y la discusión de nuevas iniciativas como la ley para prevenir la desaparición forzada, son logros de las víctimas y de la sociedad civil a lo largo de estos 10 años.

No obstante, para el integrante de AI aunque estos logros “son significativos”, los avances también han sido “pequeños”. Y pone como ejemplo la Comisión de Atención a Víctimas, la cual ha recibido críticas por parte de la sociedad civil y de las víctimas, debido a que “no tiene un comisionado independiente y autónomo, que de verdad esté dispuesto a enfrentar los problemas de las víctimas”.

En estén sentido, Quiroz señala que hacer una reforma a la ley de víctimas (que se encuentra en discusión en el Senado) está bien, pero en su opinión México necesita “un viraje completo” de su política de seguridad “y lograr un enfoque de derechos humanos”. Algo que, hasta el momento, la presión social no ha logrado.

Por su parte, Lucy Díaz, considera que en estos 10 años de ‘guerra contra el narcotráfico’ “sí ha habido una evolución de la sociedad y de las víctimas”. Pero la activista también cree que el avance no es suficiente. O al menos, no se está dando al ritmo que requiere la gravedad del problema.

-No estamos ante el movimiento social que debería haber en un país con más de 100 mil desaparecidos –critica la integrante de Solecito-. Estamos hablando de un cantidad tremenda de desaparecidos. Y sin embargo, el movimiento de la sociedad mexicana es insignificante para el gran problema que tenemos.

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Buscadores ciudadanos: las ONG que descubren fosas