“Sí, es un fraude”, dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia —agrega— son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
Y añade: “es un claro acto de corrupción”.
Juan Manuel Portal califica así los resultados de la investigación de Animal Político, que confirma que 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas.
La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.
Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos.
Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.
La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.
El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.
El auditor, al conocer esta investigación y los perfiles de las empresas que recibieron los contratos, dice que todo tiene “las características de un fraude”.
“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.
“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”.
Juan Manuel Portal es enfático: “hay que sancionar”. Ese debería ser el primer paso tras revelar este fraude.
Y añade: “que firme el titular (de las dependencias). Que ellos firmen los convenios y se responsabilicen. Porque ahorita es muy fácil: para estos contratos con las universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, éste le dice a un director general, y éste a un director, y a veces llega hasta el subdirector, que es el que firma”.
Que los secretarios de estado no argumenten que no vieron nada. En todo caso, dice el auditor, hace falta tipificar el delito de omisión en el Código Penal para que la responsabilidad judicial alcance a los titulares de las dependencias.
“(Como titular de una dependencia) Tú eres responsables de los recursos públicos que se te confiaron a ti, para eso te elegimos, y ¿cómo los cuidaste? No cumpliste”.
Los convenios entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pero la legislación establece requisitos —como no subcontratar más del 49% o realizar una investigación de mercado—, que fueron violados en este esquema de fraude.
“Las universidades están para enseñar y para investigar, no para hacer de intermediarios. Podrían prestar servicios para los que sí tienen facultades, pero no para comprar bienes que sirven para hacer promoción de programas sociales, eso ya es otra cosa; o para la adquisición de computadoras. No existe la justificación para hacerlo”.
La revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de la ASF confirmó que las universidades públicas firmaron convenios con las instancias de gobierno federal sabiendo que no podrían realizar los servicios.
Luego, Animal Político revisó qué ocurrió con los recursos públicos entregados a las universidades en los contratos incluidos en esos años y encontró que las instituciones educativas se quedaron con una comisión de entre el 10 y el 15% y transfirieron el resto del dinero a las empresas fantasma e ilegales, una doble violación a la ley.
Las Universidades, dice el auditor, también intentan simular su responsabilidad diciendo: “Yo lo único que hice fue contratar a quien me dijeron. Yo ni siquiera escogí las empresas”.
“Lo que ellos hicieron como instituciones de educación superior es indebido y la autoridad va a proceder con denuncias de hechos contra las instituciones”.