El estallido de las balas a plena luz del día irrumpió en el estacionamiento de un supermercado del municipio de León. Al interior de una camioneta estaban los cuerpos sin vida de Ana y Tania, madre e hija, que recibieron 13 impactos de una pistola 9 milímetros.

Luego de disparar, el autor material corrió para abandonar la escena en medio de los gritos de testigos que lo señalaban. Hoy Alfredo* pasa los días entre talleres de cocina y manualidades privado de la libertad en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

A los 15 años fue detenido. Con 16 años cumplidos recibió sentencia por los delitos de feminicidio, lesiones que ponen en peligro la vida y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Alfredo estará libre antes de su cumpleaños número 17.

En los últimos cinco años la Fiscalía General del Estado detuvo a 6 mil 519 adolescentes por diversos delitos, pero solo 265, es decir, 4 de cada 100, terminaron en sentencia condenatoria, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial del Estado.

Las sentencias a adolescentes en conflicto con la Ley van acompañadas de un plan individualizado de reinserción social y se deja como última opción el privarlos de la libertad.

Entre 2017 y 2019 el grueso de las sentencias se emitían por delitos como violación, robo, daños y violencia familiar.

El panorama cambió a partir de 2020, cuando comenzaron a predominar las sentencias a menores de edad por delitos ligados a actividades del crimen organizado. En ese año, de 32 condenas dictadas por un juez especializado en justicia para adolescentes, 18 fueron a causa de delitos como homicidio, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud (narcomenudeo).

Hasta 2020 el promedio de sentencias a menores de edad por crímenes relacionados con delincuencia organizada era de 21 por año, cifra que se duplicó en 2021, cuando 43 de las 64 condenas se ligaron a prácticas vinculadas a organizaciones criminales.

Hasta febrero de 2022, en el Centro de Internamiento para Adolescentes del estado de Guanajuato permanecían privados de la libertad 37 jóvenes con sentencia firme, de los cuales 25 cometieron delitos empleando armas de uso exclusivo del ejército.

La ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un plazo máximo de cuatro meses a las fiscalías para cerrar la investigación y formular la acusación, a partir de la vinculación a proceso, de no hacerlo, el juez puede sobreseer y absolver de todo cargo a menores de edad implicados.

De las 265 sentencias condenatorias en contra de adolescentes en los últimos cinco años, solo 50 terminaron en juicio oral , a las 215 restantes se les dio salida con procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual la persona acepta su responsabilidad y puede acceder al beneficio de una pena menor.

En el estacionamiento del supermercado Walmart ubicado en el bulevar Torres Landa de León, en el estado de Guanajuato, y frente a decenas de personas, Alfredo disparó a quemarropa contra Ana y Tania, una de ellas cargaba en brazos a una bebé de 8 meses que sobrevivió a las heridas en el estómago que recibió durante el ataque, otra niña de 2 años resultó ilesa.

En el proceso legal del adolescente nunca salió a relucir la posible motivación, si existían implicados de otra índole, autores intelectuales, si la acción obedecía a un pago o a algún tipo de amenaza sobre el autor material. Tampoco se investigó el origen del arma utilizada.

Esa tarde de julio de 2021, una de las víctimas recibió al menos 8 impactos y la otra 5 de la pistola de uso exclusivo para las fuerzas armadas del país que portaba el adolescente detenido esa misma tarde por la policía preventiva de León cuando pretendía huir en la zona comercial de la ciudad, tras una persecución que iniciaron elementos de seguridad privada de la plaza comercial.

De acuerdo con los testimonios expuestos en la versión pública de la sentencia a la que se tuvo acceso vía transparencia, el implicado llevaba la pistola 9 milímetros y su cargador fajado en el pantalón.

El 16 de julio, el adolescente de entonces 15 años fue presentado ante una jueza de control que lo vinculó a proceso por el asesinato de las dos mujeres. Dos meses después, el 21 de septiembre, Alfredo se apegó al procedimiento abreviado aceptando su responsabilidad para agilizar el proceso legal.

En la sentencia la jueza señala que el tipo penal de feminicidio se encuadra en la conducta del adolescente porque los cuerpos de sus víctimas, mujeres ambas, quedaron expuestos en la vía pública. La sanción consistió en recibir una amonestación, apercibimiento y 1 año privado de la libertad en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

La medida de sanción máxima de un adolescente entre los 14 y 16 años de edad, de acuerdo con la legislación vigente, es de 3 años privado de la libertad -Artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes-.

La jueza de control especializada en justicia para adolescentes, Ingrid Livier Ibarra Hernández, expuso en las consideraciones para el plan individualizado de reinserción social que el procesado es consumidor de drogas, de nivel socioeconómico bajo y trabajaba para apoyar la economía familiar donde su abuela era el principal soporte.

Lo que no se explicó fue cómo el joven disponía de una pistola 9 milímetros que, de acuerdo al listado de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2016, no cuesta menos de 10 mil pesos mexicanos, unos 500 dólares.

En este sentido, la organización Reinserta, en su estudio "Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada" del año 2021, expone que el sistema de justicia en México no cuenta con los mecanismos ni con la capacidad para identificar casos de menores de edad involucrados en delincuencia organizada, lo cual afecta directamente las posibilidades de intervenir en la desvinculación y reinserción del adolescente a la sociedad en contextos libres de violencia.

"La falta de políticas públicas para combatir el reclutamiento provoca que la práctica se lleve a cabo de manera sistemática y sin consecuencias reales para los grupos delictivos organizados, lo que deja a niñas, niños y adolescentes sufriendo las secuelas, que van desde la privación de la libertad hasta la muerte", señala el estudio.

Para la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López, es la Federación la que no asume la responsabilidad de investigar el origen de las armas que circulan y son accesibles para adolescentes.

En el Centro de Internamiento de Justicia para Adolescentes de Guanajuato están menores de edad privados de la libertad acusados por delitos graves: homicidio calificado, secuestro, feminicidio, portación y acopio de armas de uso exclusivo del ejército, fuerza aérea y fuerza armada.

De los 37 adolescentes sentenciados, apenas tres de ellos cumplen una condena por delincuencia organizada y acopio de armas de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea.

Se trata de dos menores de edad de 16 años y uno de 15 años, los tres originarios del vecino estado de Jalisco, a los que se les procesó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La detención se dio en septiembre de 2021 en el municipio de Irapuato en un operativo que serviría para liberar a un elemento del Ejército secuestrado. Durante la intervención de autoridades federales se desmanteló la casa de seguridad en la que se encontraban los tres adolescentes con armas de fuego de grueso calibre. También fueron detenidos hombres y mujeres mayores de edad, en su mayoría jóvenes de menos de 30 de años.

Dos de los tres adolescentes estarán privados de la libertad por 1 año y 8 meses, el tercero por 2 años y 6 meses. A los menores de edad no se les imputó el delito de secuestro, a pesar de que en la narración de hechos que corrió a cargo de un agente del Ministerio Público especializado detalló que los adolescentes se encontraban con las armas en el inmueble cateado para liberar al elemento de la Sedena.

"No he sido yo quien ha fijado este grado de culpabilidad, que significaría ejercer el arbitrio Judicial, sino que por el contrario, esta deriva del acuerdo de las partes", destacó la jueza de control Gloria González Magaña en la versión pública de la sentencia que se consultó por transparencia.

Sophia Huett López, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de Guanajuato, ha declarado en reiteradas ocasiones que adolescentes y jóvenes son utilizados por el crimen organizado para actividades ilícitas.

"Lo que vemos en muchos de los casos, en los homicidios son jóvenes, principalmente masculinos, que para el crimen organizado son sustituibles, son enviados al estado con el intento de la consolidación hegemónica de un solo grupo y desafortunadamente son asesinados".

Sin embargo, al pedir vía transparencia los registros sobre niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos criminales, la respuesta es que no es obligación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad llevar indicadores o detectar causas.

En entrevista, la funcionaria estatal aseguró que conoce del reclutamiento por las pláticas con adolescentes detenidos y con padres de familia.

Cuestionada sobre las políticas públicas implementadas desde el Estado para atender y prevenir el reclutamiento de adolescentes, al identificarlos como integrantes de un grupo criminal, Sophia Huett aseguró que es complejo comprobar el delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato también respondió que no es de su competencia llevar un registro de niños, niñas y adolescentes en las filas de cárteles, porque se trata de un delito que debe ser perseguido por la Fiscalía General de la República.

La desigualdad social y el bajo nivel educativo en la juventud son los dos principales factores por los que adolescentes se suman a las filas de grupos de la delincuencia organizada, según estudios que ha realizado la investigadora de la Universidad de Guanajuato, Jessica Vega Zayas.

"Con la exclusión y la desigualdad tenemos todo un caldo de cultivo que de repente va a ser ocupado por el crimen organizado que encuentra estos jóvenes enojados con problemas de adicciones. El crimen organizado llega también como efecto de todo este crecimiento económico que empieza a darse en Guanajuato".

La especialista en temas de seguridad señaló que hay jóvenes que se enganchan en el crimen organizado, luego están en riesgo de muerte y buscan salir de las organizaciones, pero no existen estrategias para que las autoridades puedan detectarlos y protegerlos.

"Guanajuato cambió en muy poco tiempo. Teníamos una sociedad de mucho autocontrol a través de la religión y la familia, y de repente estos elementos ya no son suficientes porque estamos enfrentados a un tipo de delitos de crimen mucho más complejo. Tenemos que configurar políticas criminales que correspondan con estas situaciones, que identifiquen quiénes son los que están en el crimen, y además crear indicadores para poder identificar cuáles son estas situaciones de riesgo para estos jóvenes".

Jessica Vega Zayas compartió que ha hecho diferentes estudios sobre la violencia que impacta a los jóvenes, mismos que se entregan a los municipios para que puedan implementar políticas públicas, pero al momento no hay seguimiento del trabajo con los cambios en los gobiernos. "Todo mundo se olvida, no hay una memoria de largo plazo, no tenemos seguimiento o continuidad de los programas y las políticas".

*El nombre ficticio se le dio para contar la historia. En la versión pública de la sentencia se resguarda la identidad del adolescente.