La relativa paz en Barrón, comunidad al norte de Salamanca, uno de los municipios más violentos de Guanajuato, terminó cuando personas armadas atentaron contra un grupo de estudiantes del telebachillerato "General Mariano Escobedo". La tarde del lunes 6 de junio de 2022 asesinaron a Estefanía, Pamela, Guadalupe, José Guadalupe, Eleuterio, adolescentes entre los 16 y 18 años de edad. La sexta víctima del ataque fue Juana, mujer de 65 años que caminaba por el lugar cuando se dirigía a la iglesia.

El grupo de estudiantes salió de clases, caminó por la calle Benito Juárez, y al llegar a la esquina con Miguel Hidalgo se quedaron unos minutos platicando, fue entonces que las personas armadas abrieron fuego.

Los cuerpos de las víctimas quedaron en la vía pública, frente a un Jardín de Niños y una escuela primaria de Barrón, comunidad que no había sido identificada por las autoridades como zona violenta dentro del municipio que lidera los homicidios dolosos y detenciones de menores de edad.

Ahora no se ven a niñas y niños corriendo por las calles, dejaron de ir a la doctrina, sus gritos no se escuchan en el campo de fútbol. Son pocos los adultos mayores que salen al frente de su casa a platicar. En Barrón sus habitantes siguen enclaustrados en las viviendas por el miedo que se adueñó de sus vidas.

Estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y de telebachillerato regresaron a clases presenciales hasta un mes después. Una de las exigencias de los habitantes es que se cierren los caminos de la zona que llaman "El Alacrán", que atraviesan los cerros a espaldas de la comunidad y conducen al municipio de Juventino Rosas por donde hombres armados a bordo de camionetas se trasladan.

Una semana antes de la masacre que cimbró a la comunidad salmantina, el secretario de Educación en el Estado, Jorge Hernández Meza, aceptó en entrevista que pese a que la violencia se recrudece en Guanajuato no se tienen protocolos para que estudiantes y académicos actúen en caso de un hecho violento dentro o en las inmediaciones de los planteles.

"Es un tema que no está propiamente incorporado en los protocolos, a veces es difícil normalizar este tipo de situaciones e incluirlas en la documental. En la práctica yo podría decirte que sí, la situación -de violencia- ha permitido que las maestras y los maestros sepan qué hacer... resguardarse", acotó.

Las autoridades de Guanajuato no cuentan con lineamientos ni ofrecen capacitaciones para el personal que tanto como ellos, como la comunidad estudiantil sepan cómo actuar en caso de un hecho violento, aunque los riesgos no se limitan a lo que sucede fuera de las aulas, sino dentro de las instituciones al encontrarse con casos de estudiantes que están vinculados a grupos delictivos.

El multihomicidio de estudiantes en Barrón fue un caso público y de impacto social, pero existen otros problemas latentes en las escuelas como la venta de drogas y amenazas de jóvenes que presumen estar involucrados con cárteles delictivos, sin que autoridades directivas y académicas sepan cómo reaccionar.

"Hay que tener cuidado con lo que decimos, es mejor mantenernos al margen porque no sabemos qué pueda pasar si andamos diciendo que en la secundaria tenemos un muchacho que anda en malos pasos", compartió María, profesora de telesecundaria en el norte del Guanajuato, parafraseando las indicaciones que recibió de la directora de la institución cuando en una junta hablaron de un adolescente de 12 años que intimida diciendo que va a 'levantar' -privar ilegalmente de la libertad- a quienes no hagan lo que él ordena.

Cuestionado sobre estos escenarios, Jorge Hernández Meza se limitó a decir que para poder actuar es necesario que se hagan las reformas a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar. "La ley es el vehículo central, si algo se tiene que reforzar sería sobre ese instrumento".

Tras el multihomicidio, el titular de la SEG aseguró que no existió una denuncia previa de venta de drogas al interior del telebachillerato.

"Todo el protocolo está hecho para limitar el acceso de sustancias al interior de la escuela. Lo que ocurre al exterior de la escuela que es el hecho que sucedió, es algo que rebasa las competencias", dijo, sin entrar en más detalles porque“ la investigación corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado” añadió.

Al contexto violento en el que crecen niñas, niños y adolescentes en Guanajuato con factores de riesgo en el entorno que van desde la proliferación de drogas, el reclutamiento y los homicidios, se suman fallidas políticas de prevención por parte de las autoridades como el adiestramiento en armas de fuego que policías municipales de Purísima del Rincón implementaron en secundarias, como parte de una estrategia de prevención.

Imágenes compartidas por padres de familia y a través de redes sociales mostraron a elementos de la Policía Preventiva enseñando a estudiantes adolescentes cómo manejar armas de fuego, lo que generó una ola de indignación a nivel nacional que quedó solamente en el cese del coordinador de Prevención del Delito de Purísima del Rincón, sin sanciones para el personal directivo de las instituciones que permitieron la actividad dentro de las escuelas.

Pese a la industrialización asociada con la llegada de empresas transnacionales a la entidad, principalmente del ramo automotriz, el nivel de escolaridad entre la población guanajuatense está por debajo de la media nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 el promedio de estudios en el estado era de 9 años; es decir, secundaria terminada, mientras que a nivel federal la media es de 9.7 años.

De acuerdo con el INEGI, en Guanajuato el abandono escolar se concentra en secundaria, es así que apenas 21 de cada 100 guanajuatenses terminan educación media superior, promedio que baja a 16 cuando se habla de licenciatura terminada.

Como parte de la estrategia federal para aumentar la empleabilidad de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, desde 2019 comenzó a implementarse el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", que en Guanajuato acumula poco más de 30 mil personas beneficiarias a lo largo de poco más de tres años, cuando la población del estado en ese rango de edad es de más de 1 millón de habitantes.

La beca "Jóvenes Construyendo el Futuro" consiste en pagar la seguridad social y un sueldo que representa el salario mínimo a jóvenes, a cambio de trabajar en uno de los centros certificados por el Gobierno Federal, para ser capacitados para la vida laboral.

Entre los objetivos del programa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está que se "dará prioridad a las y los jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta marginación, con altos índices de violencia y a integrantes de grupos históricamente discriminados".

Sin embargo, al revisar el acumulado de beneficiarios, los municipios de Guanajuato con mayor incidencia de homicidios dolosos de jóvenes tienen poca participación en el programa de becas federales. Por ejemplo, Apaseo el Grande, Pueblo Nuevo y Salvatierra se encuentran entre los municipios del estado con más homicidios de jóvenes por cada 10 mil habitantes, pero también son de los que tienen el menor número de beneficiarios registrados: en el caso de Apaseo el Grande el acumulado de más de 3 años es de 249 jóvenes, Pueblo Nuevo reportó apenas 26 y Salvatierra 111 becarios.

En León, municipio que concentra el 74 por ciento de las detenciones entre personas menores de edad por delitos graves relacionados con el crimen organizado y el más poblado del estado, ha acumulado 7 mil 742 becarios desde 2019. También se ubica entre los seis municipios del país con más jóvenes que no estudian ni trabajan.

Mauricio Hernández Núñez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, aseguró que para cumplir con el objetivo de evitar que jóvenes se unan a las filas del crimen organizado se hacen visitas en comunidades con alta incidencia delictiva, principalmente en los municipios más poblados.

Comentó que las comunidades que se visitaron y que están identificadas con graves problemas de violencia pertenecen a los municipios de León, Apaseo el Grande, Irapuato, Salamanca y Celaya, y así fue que pudieron incorporar a 800 jóvenes al programa federal.

"Las brigadas no son únicamente para identificación del joven, nos acompañamos de personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal y se lleva a cabo una especie de encuesta en la que se busca que no solo los jóvenes, no solo los tutores, sino la población en general nos aporte, a partir de un cuestionario, su punto de vista de seguridad y se elaboran diagnósticos, esto ya está en manos de la Secretaría de Seguridad, pero participa bienestar".

Dentro de los registros de la Secretaría del Bienestar, delegación Guanajuato, el 55 por ciento de las personas becarias son mujeres, con perfiles que van desde secundaria trunca hasta posgrado.

Aunque el Gobierno del Estado no tiene cifras actualizadas sobre el consumo de drogas, atribuye la creciente violencia al tráfico de sustancias ilegales, por ello el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció la implementación del modelo islandés "Planet Youth" para la prevención de adicciones entre la juventud.

En Guanajuato las niñas, niños y adolescentes representan cerca del 32 por ciento de la población total. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la entidad tiene 6 millones 166 mil 934 habitantes, de los cuales 1 millón 965 mil 943 son menores de edad, y en cifras citadas por el gobierno estatal de la Encuesta Nacional de Adicciones 2015, el 18.80 por ciento de estudiantes han consumido drogas, porcentaje superior a la media nacional que en el año de la encuesta era del 17 por ciento.

En 2019 firmó el convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de Islandia para aplicar el modelo de prevención que resultó exitoso en el país europeo que enfrentaba, a finales de la década de los 90, un grave problema de adicción al alcohol, tabaco y mariguana. En Guanajuato el cristal, la mariguana y los solventes son las drogas más consumidas, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud.

Dos años después de firmar el convenio de colaboración, el gobernador anunció que durante 2021 se destinarían 60 millones de pesos para la implementación del programa que pretende combatir las adicciones en 25 de los 46 municipios, para 2022 se etiquetaron 50 millones de pesos, en contraste con los 60 millones de pesos que genera diariamente la venta de drogas, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante la segunda quincena de junio, Diego Sinhue Rodríguez viajó a Islandia, la visita dijo, era para concretar acuerdos relacionados con Planet Youth, y a su regreso declaró que en Guanajuato podría implementarse la restricción de horarios para que niñas, niños y adolescentes anden en la calle.

"Hay un tema que no hemos hablado todavía, que es el tema de los horarios, los horarios para que los hijos anden en la calle, allá tienen una campaña muy fuerte por parte del empresariado con el gobierno".

En Guanajuato, entre 2017 y 2021 fueron 4 mil 130 menores de edad detenidos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo; es decir, el 78 por ciento del total de detenciones en el estado de menores de edad fueron por posesión de drogas en dosis superiores a las que se reconocen como de consumo personal en la Ley General de Salud.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal, para la que este año se asignaron 2 mil 700 millones de pesos a programas, no hay ninguna política pública enfocada a adolescentes que están en riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales.

El titular de la Secretaría, Jesús Oviedo Herrera, comentó que una de las estrategias que podrían aportar en el desarrollo de adolescentes y jóvenes es la llamada "Yo puedo, Guanajuato puede", que consiste en talleres para diseñar el plan de vida.

"Para que fijen metas, objetivos, y busquen ir cumpliéndolos, eso es dentro del plan de vida, que el objetivo de la vida es ser feliz... Estos son los programas que nos permiten verdaderamente dar el cambio de vida a las personas, desarrollar a las personas en su forma de vivir, en su forma de ver las cosas. Es un gran programa" , dijo cuestionado sobre programas dirigidos a prevenir adicciones y evitar que se sumen a las filas del crimen organizado.

Precisó que el año pasado fueron 14 mil 587 personas beneficiadas, de las cuales 8 mil 641 son jóvenes entre los 15 y 35 años de edad.

En Celaya, el tercer municipio del estado con más detenciones de menores de edad: 320 adolescentes entre 2018 y 2021, la Fiscalía General del Estado aprehendió a una presunta banda de sicarios conformada por seis jóvenes, tres de ellos menores de edad, dos de 18 años y uno de 30 años. El presunto líder del grupo, según filtraciones a medios de comunicación, es uno de los menores de edad, a los que se les atribuyó el asesinato de al menos tres policías.

La primera respuesta del presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, el panista Martín López Camacho, fue abrir la puerta a reducir la edad penal a 16 años para que adolescentes sean procesados como personas adultas; sin embargo, días después se retractó.

"Hubo una confusión en el contexto... Al interior del grupo parlamentario del PAN estamos haciendo un análisis de todo el Código Penal para ver dónde tenemos que fortalecer que personas quieran ocupar a adolescentes y jóvenes para generar la comisión de delitos, y ver las sanciones a las personas que utilizan a los menores de edad".

Actualmente ni el Código Penal Federal ni el Código del Estado de Guanajuato tipifican el de manera explícita el delito de reclutamiento de menores de edad, por lo que organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia como REDIM se han pronunciado por las reformas en este sentido a nivel federal.

"Tenemos que quitarle los menores de edad a las células delictivas, a los que los quieren utilizar para sus intereses. Si podemos encontrar en el Código Penal mayores penas para los que están utilizando a menores de edad, no vamos a escatimar en ello", dijo el diputado panista en una entrevista del mes de febrero, cuatro meses después no hay ninguna propuesta legislativa en este tema por parte del PAN.

4 mil 312 de las 6 mil 519 personas adolescentes detenidas en los cinco años, fue por delitos relacionados con delincuencia organizada, en su mayoría es por narcomenudeo, pero el segundo delito con más detenciones entre menores de edad fue por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército con 154 casos.