Conflictos vecinales que no encuentran justicia cívica derivan en amenazas y hasta asesinatos

La madrugada del 2 de julio de 2018 Ana despertó asustada. La música a todo volumen de la calle retumbaba en su ventana. Se asomó y vio que el escándalo venía de la casa de sus vecinos, que habían puesto en la vía pública una mesa para vender alcohol y operar como bar, música incluida. Llamó de inmediato al 911 para pedir ayuda.

La policía nunca llegó.

La noche después, se repitió la misma escena, y la siguiente, de nuevo el escándalo. Pronto se volvió rutina: cada semana, de jueves a domingo, sus vecinos se instalaban para vender alcohol en la calle, en un bar improvisado con música a todo volumen en el residencial de la colonia Las Flores, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.  

“Yo ya tenía un tema de insomnio que se comenzó a agravar con esto y después me surgieron las crisis de ansiedad al no poder dormir o despertar de pronto con ese ruido”, dice Ana, un nombre ficticio para proteger su identidad.

Nunca imaginó que el problema sería mucho peor al intentar reportarlo. Primero acudió a la alcaldía Gustavo A. Madero, luego a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, a la Comisión de Derechos Humanos local y al Ministerio Público para denunciar que en el sitio ya no solo era el tema de venta de alcohol sin permiso, también denunció venta de drogas. Nada funcionó.  

Ana insistió con la policía. Llamó a la Unidad de contacto del Secretario de Seguridad y le dijeron que buscara al jefe del sector policial de su zona, Ernesto Torres Hoyos. Lo hizo, pero nunca la recibió. Finalmente la atendió su asistente, Miguel Vázquez, quien le dijo que harían un operativo para revisar la situación.

Pero todo salió mucho peor. El conflicto vecinal lejos de resolverse, le implico a Ana más problemas, pues recibió amenazas de los vecinos porque los policías del operativo avisaron que ella se estaba quejando del ruido y la venta de alcohol. 

“Terminaron haciéndose amigos. Ahora pasan en su patrulla a saludarlos cada noche y les dan sus 100 pesos. En año y medio fui con nueve autoridades, a todas las que me dijeron y no tuve solución… ahora creo que solo me queda irme de mi casa, vivo aterrorizada…”, dice Ana. 

Los vecinos, lejos de preocuparse por resolver el conflicto han decidido sacar la mesa para la venta de alcohol más días de la semana, no solo de jueves a domingo, y la música, ahora suena mucho más fuerte.

Los problemas vecinales son conflictos que frecuentemente afectan a los mexicanos. En los últimos tres meses, 1 de cada 3 mexicanos reportó que ha enfrentado uno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Lo más común es que estos conflictos sean por ruido excesivo (11.8%), seguido por problemas de basura (10.3%), estacionamiento (9.9%), problemas con mascotas (7.5%) o quejas por venta o consumo de alcohol en la vía pública (5.5%).

La mayoría de quienes se enfrentan a estos conflictos vecinales dice que vive con estrés. Un 28% reporta otro tipo de enfermedades, ruptura de relaciones personales, afectaciones en sus ingresos, o en su trabajo, según los datos del Módulo de Justicia Cotidiana de la Encuesta a Población General en México del World Justice Project (WJP), 2019.

La frecuencia con la que ocurren conflictos con vecinos también es grave porque suelen ser el origen de actos violentos. 

Por ejemplo, el 57% derivan en gritos e insultos, pero hay un 8% que terminan en golpes y heridas de armas de fuego, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos del WJP confirman que en 8% de los casos se recurre a la violencia física para intentar resolver el conflicto. 

Expertos en seguridad pública y justicia cívica coinciden en que es claro que la mala atención de problemas vecinales y cotidianos deriva en hechos de violencia. En buena medida, como resultado de la sensación de falta de autoridad e ingobernabilidad. 

“Tenemos este tipo de conflictos vecinales que tienen que ver con coches, con los animales, o con cualquier diferencia, que como no se pueden resolver lo que hacen es escalar. Escalar a amenazas, escalar a lesiones, y a veces escalar hasta homicidios”, dice Bertha Alcalde Luján, secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin aparato institucional para dar soluciones

En el país existen 2 mil 458 municipios y alcaldías. La Constitución les confiere la obligación de preservar el orden y la seguridad de sus habitantes, sin embargo, hay localidades que no tienen a una sola persona que se encargue de hacer eso posible.

Datos del último Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI muestran que 208 municipios —entre ellos 25 con más de cien mil habitantes—, reportan que no cuentan con un solo policía municipal, preventivo o de tránsito. Hay otros 123 municipios que apenas registran de 1 a 5 policías, y 355 que dicen tener de 6 a 10 policías.

En el país hay 150 mil 847 policías municipales, según los datos del INEGI. De acuerdo con Bernardo Olea, excomisionado de seguridad de Morelia y especialista en temas de seguridad y justicia cívica, México requiere al menos el doble de policías municipales para atender a la población.

Policías no es lo único que falta: hay 467 municipios que no cuentan con un solo juez de barandilla, cívico o similar, que son los responsables de aplicar las sanciones que contemplan los bandos o códigos municipales. 

Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales, en el país hay 3 mil 967 jueces cívicos o similares —sin contar la Ciudad de México—, lo que equivale a una tasa de 3.5 jueces por cada cien mil habitantes. Si se toma en cuenta que en 2017 se registraron 2 millones 175 mil 046 procedimientos en esos juzgados, cada juez tendría que despachar al año 548 casos.

En el caso de la Ciudad de México, las cifras del INEGI señalan que en 2018 había 232 jueces cívicos, lo que representa una tasa de 2.6 juzgadores por cada cien mil habitantes. Si se distribuyen los 130 mil 720 procedimientos registrados ese año, se trata de 563 casos por cada juez.

Sin capacitación ni presupuesto

Mirna Ruiz es jueza cívica en Juchitán, Oaxaca. Aunque su licenciatura no es en Derecho, sino en Informática y no cuenta con ninguna especialización o capacitación de parte del Estado para ejercer sus funciones. Su cargo oficial es el de síndica procuradora y entre sus responsabilidades está la de hacerla de jueza cívica.

Ella explica que llegó al cargo porque era parte de la organización del candidato municipal que resultó ganador en la elección. 

“La verdad no me lo esperaba, yo quería una regiduría, pero cuando fueron los registros me dijeron que lo que me tocaba era ocupar el segundo cargo en importancia luego del presidente, porque además había que cumplir con la cuota de género”, cuenta a Animal Político.

El caso de Mira no es la excepción. Un diagnóstico elaborado en 2016 por la entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS) sobre el funcionamiento de los juzgados cívicos, confirma que el servicio profesional de carrera no existe en este sistema de justicia.

El diagnóstico evidencia que de los once municipios que se seleccionaron para ser revisados en el terreno —por su alta densidad de población e índices delictivos—, solo en cuatro los jueces cívicos fueron capacitados. 

Un juez cívico de una alcaldía del oriente de la Ciudad de México, que pidió anonimato, dijo a Animal Político que tampoco ha recibido capacitación. 

“La consecuencia de esto es que entonces tenemos jueces que no son jueces, o que no se creen jueces. En el mejor de los casos son burócratas que califican faltas y que siguiendo la ley establecen en automático sanciones como arrestos de 36 horas sin valorar siquiera pruebas, pese a que se supone que debe haber audiencias”, dice Bertha Alcalde.

¿Cuánto ganan los jueces cívicos? De 8 a 12 mil pesos mensuales en promedio, según el diagnóstico. Es la tercera parte de lo que percibe un juez penal en Oaxaca, la entidad donde menos ganan ese tipo de jueces. 

El análisis también muestra que en 7 de los 11 municipios revisados, los juzgados cívicos no contaban con presupuesto etiquetado, y que sus recursos provenían de lo que el gobierno local quisiera asignar, sin siquiera fijar un piso mínimo ni reglas.

“Y en general se encontró que la infraestructura de los Juzgados Cívicos en los diversos municipios es limitada, ya que cuentan con instalaciones adaptadas de alguna otra institución y no son propias de la justicia cívica”, cita el diagnóstico.

Castigo a veces… solución casi nunca

Vecinos de la Unidad Habitacional San Martín Xochinahuac, un complejo habitacional de 2 mil 100 departamentos en Azcapotzalco, CDMX, denuncian que desde hace dos décadas diversos inquilinos se han apropiado de áreas verdes comunes para expandir sus viviendas. 

Los inconformes han buscado a varias autoridades, intentaron con la policía, con el juez cívico y con la Procuraduría Social (Prosoc). El resultado: apenas una multa que no cambió las cosas.

“Nosotros emitimos la resolución donde se aplica una multa al vecino invasor, que la máxima que se puede poner es de 16 mil pesos. Se pone la multa, la tesorería la cobra, pero no se refleja en el condominio, no resuelve el problema de fondo y los vecinos permanecen conflictuados”, reconoció en entrevista la titular de la Prosoc, Patricia Ruiz.

Imponer multas o arrestos es una de las principales soluciones que ofrece la justicia cívica. El 67% de los 2 millones 162 mil 298 procesos que se iniciaron en los juzgados cívicos en 2017 —sin contar los de la Ciudad de México—, recibieron de sanción una multa o arresto. Solo en el 3.5% se ordenó servicio comunitario o reparación del daño. 

En la Ciudad de México en el 2018 el 90.2% de los casos terminaron con multa o arresto; 4.1% en amonestación verbal y 5.6% en un acuerdo. 

“La justicia cívica ha sido una justicia en el olvido. Se le ha entendido, en el mejor de los casos, como una justicia que solo impone multas o arresta a los borrachos, pero no como una justicia que atienda y solucione problemas. Y aunque sería mas fácil y económico atenderla que, por ejemplo, la justicia penal, se le ha tenido totalmente relegada”, dice Bertha Alcalde Luján.

¿La consecuencia?, aumenta la desconfianza

Justo las dos fuerzas institucionales que deben resolver estos conflictos cívicos, los juzgados y la policía municipal, son las autoridades en las hay menos confianza.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que trimestralmente publica el INEGI muestra, por ejemplo, que solo 1 de cada 4 mexicanos considera que el gobierno de su ciudad es capaz de solucionar un problema.

En tanto, el 61.4% de los mexicanos dice no tener confianza en la policía municipal, uno de los porcentajes más altos de entre todas las fuerzas de seguridad del país, pese a que es la que opera de manera más cercana a la población. 

Por ello las personas se resignan a padecer el problema o peor aun, a buscar justicia por propia mano. La encuesta de WJP muestra que 83% de quienes tienen conflicto con un vecino optan por tratar de resolver el problema por su cuenta, y deciden no acudir ante un tercero o autoridad. 

Un 10% no recurre a nadie para mediar o intervenir, cuando se trata de conflictos por vandalismo o consumo de alcohol o drogas en la calle, por miedo a las consecuencias.

Bernardo Olea registró el fenómeno durante los tres años que estuvo a cargo de la seguridad de Morelia, de 2015 a 2018. Cuando llegó, recuerda, la ciudad ocupaba el primer sitio nacional en incidencia de conflictos vecinales, según las encuestas del INEGI. 

Entonces diseñó un plan que incluyó fortalecer a la policía municipal con un enfoque de proximidad y atención de problemas, y puso en marcha un sistema de audiencias públicas en juzgados cívicos enfocadas a la rehabilitación y reparación del daño; no al castigo. 

“No creo que haya ninguna posibilidad de que se arregle el problema de seguridad y violencia que tiene México, en el que siempre se puede estar peor, no hay manera sino mejoramos sustancialmente a la policía municipal. Y si no fortalecemos y le damos el lugar que corresponde a la Justicia Cívica. Sin eso no habrá paz”, concluye Bernardo Olea.