Su cuerpo ensangrentado fue descubierto en la calle Manuel Doblado junto a un contenedor de basura colocado cerca de la puerta trasera del salón de baile Chess, en la zona centro. Eran las 7:44 de la mañana del 17 de octubre del 2010.
A su lado se hallaron dos piedras salpicadas de sangre, una quedó a la altura de sus muslos y la otra, de su cabeza. El rastro hemático se extendió sobre el asfalto y embarró la puerta trasera del establecimiento, de donde presuntamente lo sacaron a golpes y lo mataron. Horas más tarde se supo su identidad: Erick Barrera Minjarez, de 22 años.
“Nunca supe por qué le hicieron eso a mi hijo” dice su madre, una mujer de 56 años, que está convencida de que nunca sabrá quién lo mató. El homicidio aún sigue impune, han pasado casi ocho años y no se ha encontrado al culpable.
“He vivido todos esos años sin saber qué fue lo que pasó, por qué le hicieron eso a mijo…si no investigaron en un principio, menos lo harán ahora con tantas muertes que ocurrieron después” comenta entre lágrimas la mamá de Erick, un ciudadano de El Paso, Texas que radicaba en Ciudad Juárez.
Su caso no es el único en espera de justicia en el estado de Chihuahua. El 98.71% de las 17 mil 580 víctimas de homicidios –hombres y mujeres– registrados entre el 2010 y el 2016 en la entidad tienen su caso en la impunidad.
Solo se han resuelto los casos de 227 víctimas de asesinatos dolosos cometidos en ese periodo, es decir que únicamente el 1.29% de las investigaciones policiales abiertas en esos seis años acabaron en sentencia contra los responsables.
Este panorama de impunidad se desprende a partir de un comparativo realizado entre el número de víctimas de asesinato, las investigaciones que la Fiscalía General del Estado inició de esos casos y las que culminaron en una condena en los tribunales, con base en datos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A esas cifras aún falta por sumar los 2 mil 12 asesinatos registrados el año pasado.
Los números arrojan una situación alarmante.
Chihuahua en el top de homicidios sin justicia
Con las 17 mil 353 víctimas sin culpables, Chihuahua supera el índice nacional de impunidad que se ubica en 94.80% por los casos registrados entre el 2010 y el 2016.
Peor aún, el estado se ubica en el segundo lugar del top de entidades con mayor número de casos de este delito sin condena, sólo es superado por Colima con 98.82%, donde apenas se logró la condena de los responsables de 20 de los mil 700 homicidios registrados ahí en ese lapso.
“Los números obviamente son fríos y pues nosotros tenemos otra perspectiva” dice Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte –región donde se concentra el mayor número de homicidios registrados en la entidad– al ser cuestionado sobre el índice de impunidad por este delito en Chihuahua.
Ante el panorama, Nava se defiende. “Primero tenemos que hacer un análisis de qué significa resuelto”, afirma, “porque hay personas que pudieran decir que un caso está resuelto al momento que se captura al presunto victimario y se le finca una responsabilidad”.
Y acompaña sus dichos con un ejemplo: “pudiera decir que una persona que cometió 10 homicidios en un mes, se le detiene en flagrancia por el décimo que comete y si él identifica los otros nueve homicidios en los que participó, yo pudiera decir que, pues de cierta manera, están resueltos en investigación aún y cuando no se le pueda iniciar un proceso penal por ellos o aun cuando se le inicie y no se le pueda sentenciar por ello”.
“Si tienes identificado quién participó, cómo lo cometieron, en cierta manera eso puede contar como homicidio resuelto”, afirma Nava, que tomó la titularidad de la Fiscalía en la Zona Norte en octubre del 2016, antes de esa fecha se desempeñó como director de la Unidad Antisecuestros de la corporación.
Aunque la postura del fiscal es echada abajo por un juez consultado sobre el tema.
“Nosotros como jueces consideramos que se hace justicia al dictar sentencia, se condene o se absuelva (al acusado), afirma el juzgador que habló con la condición de mantener bajo resguardo su identidad.
¿Más violencia, mayor impunidad?
El 2010 fue el año más violento en la entidad con casi cinco mil víctimas, de las cuales 3 mil 115 se registraron en Ciudad Juárez, la cifra más alta de la historia reciente, de acuerdo con un seguimiento periodístico a las estadísticas oficiales de la autoridad estatal.
Uno de ellos fue el de Erick Barrera Minjarez. Su caso, identificado con la carpeta de investigación número 26194/2010, se quedó prácticamente ‘congelado’ y así permanece desde hace más de siete años.
La última diligencia en su investigación se registró el 7 de abril del 2011 cuando el servicio médico forense respondió por oficio a una solicitud de los agentes investigadores que pidieron realizar una prueba del Rodizonato de Sodio, pero en el documento indican que no fue posible llevarla a cabo “debido a que no se han remitido, hasta el momento, las muestras correspondientes a un par de telas de algodón recolectadas de la mano derecha y de la izquierda del occiso”.
Su carpeta fue desempolvada en marzo de este año, cuando se localizó en la Unidad de Inteligencia de la corporación, donde se revisan algunos casos rezagados como el de Erick.
“Creo que nunca voy a saber qué pasó, por lo que veo, siempre es pura mentira” afirma la mamá de Erick, a quien describe como un joven alegre, que le gustaba ir a bailar luego de su jornada de trabajo en El Paso, Texas, en una compañía que da servicio de limpia en estaciones de autobuses.
Después de Erick otros dos hombres más fueron asesinados en circunstancias similares y localizados también cerca de la puerta trasera del “Chess” y miles más fueron asesinados en distintos rumbos de la ciudad. De ese año al cierre del 2017 suman 19 mil 592 las víctimas de homicidios dolosos en el estado, la mayoría por arma de fuego.
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La familia de Juan Carlos Guerrero Loera, asesinado el 28 de julio del 2013, frente a su esposa y su bebé de siete meses, corrió una suerte distinta a la de Erick.
Cuatro meses después del homicidio, que ocurrió en un asalto al puesto de comida de la víctima, detuvieron a uno de los dos acusados por este crimen y en julio del 2015, Moisés Rodríguez Chávez, de 22 años, fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión; el segundo, un menor de edad, fue absuelto por el juez.
Parientes de la víctima aseguran que en la indagatoria que llevó a la captura del responsable ellos tuvieron una participación activa, esta versión no pudo corroborarse con agentes ministeriales de la Fiscalía, la corporación sólo dio parte del hecho en un comunicado, del 26 de noviembre del 2013, donde anuncia la detención del implicado sin dar detalles de cómo se dio con él.
Únicamente informó la detención “del asesino de vendedor de alimentos” a quien se le ejecutó una orden de aprehensión en su domicilio de la colonia Insurgentes.
Un pariente de Juan Carlos, entrevistado bajo la condición de mantener bajo resguardo su identidad, está convencido de que sin la investigación realizada por su familia, con sus propios recursos, quizá nunca se hubiera dado con el asesino.
El hombre asegura que de manera fortuita otro pariente de la víctima escuchó a un grupo de hombres platicar en un bar y llamó su atención los apodos con los que se decían entre ellos, uno coincidía con el que llamaban a uno de los asaltantes que mató a su familiar.
Con ese dato y con el nombre del barrio con el que se identificaban aquellos hombres lo comenzó a rastrear en Facebook, luego que lo ubicó, mostró sus fotos a personas que estuvieron en el puesto de comida donde ocurrió el asesinato de Juan Carlos y lo reconocieron. Consiguieron más información y luego los entregaron a la Fiscalía, que en cuatro meses no les había dado ningún reporte de la indagatoria.
“Cuando les dijimos lo que sabíamos, a dos o tres semanas hubo detenidos, hubo dos pero uno quedó libre por falta de pruebas, la Fiscalía no pudo probar que él estuvo durante el asesinato”, asegura el hombre entrevistado en marzo justo frente al área acordonada de una escena del crimen de un hombre asesinado a balazos mientras entraba a su casa, casi frente al lugar donde casi cinco años atrás mataron a Juan Carlos, en la calle Cincuenta Pares, al suroriente de la ciudad.
La historia completa sobre la impunidad en Chihuahua puedes leer aquí, en La Verdad.