Nalleli Otilio recibió en la Ciudad de México la llamada de una asociación civil de Guerrero que pedía ayuda urgente ante un caso de violencia de género y comunitaria: una chica de 15 años con una bebé recién nacida necesitaba salir de su pueblo, en la sierra, y en cuestión de horas. Su madre, con otros dos hijos varones menores de edad, fue quien buscó apoyo e hizo el plan para escaparse del hombre que maltrataba a la adolescente y que formaba parte de la organización que tiene el control y dicta las normas de la comunidad. O salían en ese momento, o no lo harían nunca.

¿A dónde puede ir una mujer, con todo y su familia, si necesita escapar de una situación de violencia en su hogar?

El 67% de las mujeres que han sufrido violencia no sabe dónde pedir ayuda, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.

La respuesta existe y ha surgido de asociaciones de la sociedad civil que han creado Refugios para mujeres. Pero los Refugios como tal son mucho más que un techo de urgencia, tienen reglas y un plan de atención que considera tres meses de estancia. ¿Cuál es la opción si solo hace falta salir huyendo y encontrar dónde dormir, un primer lugar dónde valorar su propia situación de peligro y pensar en qué van a hacer a partir de ese momento con el resto de su vida?

Esos lugares se llaman Casas de emergencia y dan resguardo desde una noche hasta tres días, con todo lo que se pueda necesitar: cama, comida, ropa y artículos de higiene personal. Pero además, con una primera atención médica, psicológica y asesoría jurídica, para que la mujer sepa qué opciones tiene y empiece a decidir de qué manera quiere salir de esa vida de violencia.

Estas Casas son uno de los cuatro espacios que conforman el modelo de atención integral a mujeres víctimas de violencia que diseñó la Red Nacional de Refugios (RNR) y que fue aprobado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde 2011; los otros tres son las Casas de Transición, los Centros de Atención Externa y los Refugios propiamente. Aunque solo los dos últimos están considerados para ser financiados por el Estado con presupuesto federal, que no desapareció ni se redujo en este gobierno, como aseguraron muchos candidatos y varios partidos en las pasadas elecciones.

En 2020, un financiamiento de la Unión Europea de 7.3 millones de pesos permitió la apertura de 8 nuevas Casas de Emergencia y de Transición de la Red de Refugios para concretar el modelo de atención completo en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima y Morelos, además de la Ciudad de México.

Primera atención, una puerta de ayuda

Los primeros Refugios para acoger a mujeres en México se crearon en los años 90, pero quienes trabajaban en ellos se dieron cuenta con el tiempo de que necesitaban cambiar dos cosas: que la ubicación fuera secreta, para que los agresores no supieran dónde ir a buscar a sus víctimas, y que entonces ellas necesitarían otro lugar que sí fuera público, donde supieran que podían llegar a pedir ayuda y resguardarse.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, cuenta a Animal Político que se enteraban de mujeres que después de salirse de su casa no tenían a dónde ir y terminaban quedándose afuera del Ministerio Público al que fueron a denunciar o en algún parque. Entonces lo primero que hicieron las organizaciones fue rentar un cuarto de hotel y quedarse con ellas, hacer la primera intervención y revisar sus opciones de irse con algún familiar, a otro estado o ingresar a un Refugio.

Así surgieron los Centros de Atención Externa, alrededor de 2003, que fue el primer año que desde el gobierno se empezó a dar subsidios a estas organizaciones, a través de la Secretaría de Salud.

Este es el único de los cuatro espacios que siempre tiene una ubicación y un teléfono públicos, porque son una oficina de primera atención, y también de seguimiento: si la mujer no está en riesgo extremo, si tiene dónde vivir o si ya salió de un Refugio, el Centro Externo es el lugar a donde acudirá a recibir terapia psicológica durante el tiempo que la necesite, a recibir asesoría si tiene un proceso legal abierto, o simplemente a que la orienten y acompañen para volver a tramitar documentos personales, buscar trabajo o hasta rentar un nuevo departamento.

Durante 2020, cuando el confinamiento por la pandemia de COVID-19 disparó la violencia intrafamiliar, la RNR atendió en total a 46 mil 514 personas, 39% más que un año antes, la gran mayoría a través de estos Centros. Aunque las oficinas tienen un horario, la línea telefónica es 24 horas y ahora también atienden por redes sociales, por lo que una tercera parte de esas atenciones fueron por estas vías.

Los Centros de Atención Externa son además donde se valora si la vida de una mujer corre peligro y tiene que ser resguardada, por lo que son la puerta de entrada a una Casa de Emergencia o a un Refugio.

Con esta idea de servir como acceso a otros servicios fue que en 2017 hubo una organización que les puso de nombre “Puertas Violeta”. Se trata de Alternativas Pacíficas, que fue la pionera en crear Refugios para mujeres en Nuevo León, pero que actualmente ya no pertenece a la RNR. Diseñaron este concepto con lugares efectivamente pintados de violeta para que cualquier mujer los identifique fácilmente. Abrieron la primera en el municipio de Apodaca (y no en Escobedo, como presumía como logro propio la exalcaldesa de esa demarcación y excandidata a gobernadora Clara Luz Flores), y hoy tienen ya siete en el área metropolitana de Monterrey. Entre 2019 y los primeros cuatro meses de 2021, las Puertas Violeta resguardaron en Casas de Emergencia a 493 mujeres.

Este fue el concepto que la Secretaría de Gobernación (Segob) prometió replicar en todo el país cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que no se diera más dinero público a asociaciones civiles (orden que finalmente hizo una excepción con los Refugios). Sin embargo, el plan no funcionó: solo se abrieron cinco , sujetas a voluntad de los estados o municipios, a que se les asignara presupuesto local, personal voluntario o de otras dependencias, la mayoría no crearon refugios sino que se vincularon a uno ya existente de la sociedad civil, y finalmente han tenido que abandonar el nombre por no apegarse al modelo original.

Del enfoque centrado en la denuncia al centrado en la mujer

Cristina Alfaro vivió violencia extrema de su pareja hace ya 10 años. Le pegaba, lanzaba amenazas de muerte sobre ella y sus hijas, hasta que un día le rompió la boca. Fue a denunciar a su violentador pero la respuesta que encontró fue el descrédito.

“No sirvió de nada… Incluso cuando la estaba levantando (la denuncia), el ministerio público me decía: ‘ay, ¿está segura?, ¿de verdad? Ay, ¿pero no está exagerando?’... Estaba minimizando lo que él hacía. Incluso teniendo el teléfono ahí a un lado y llamándome él sin parar”, recuerda.

Esta actitud de hacerlas dudar de su propia intención de demandar a un hombre que es violento, el prejuicio de que a los pocos días se van a arrepentir y lo van a perdonar, se siguen repitiendo hoy en día, coincide personal de distintas asociaciones civiles entrevistado por Animal Político.

Sin embargo, el modelo de atención a la violencia de género de los gobiernos está centrado en la parte judicial y en que haya una denuncia legal.

“No les creen. Desde que llega la mujer al espacio y no le crees, pues oye, obviamente ella ya tampoco va a estar a gusto en ese espacio. Si no les crees y aparte empiezan con esto de '¿para qué va a denunciar si al rato va a regresar con el agresor?', y empiezan todos estos estereotipos y tonterías, pues obviamente la mujer dice: 'ay, ¿qué hago aquí?'”, señala Jonathan Villalba, director de la organización Creativería Social, que tiene los cuatro espacios del modelo en Morelos.

“Las instancias no dan el acompañamiento jurídico (...) ‘te digo cómo hacerlo, pero no voy contigo’. Entonces si de por sí el gobierno no te da la atención, y luego no vas acompañada o acompañado con un asesor, asesora jurídica, pues peor tantito”.

Óscar Yáñez, trabajador social de la RNR, es contundente en que la denuncia legal es un derecho, pero no un requisito para acceder a otros derechos. E incluso, que en la valoración de riesgo que se hace cuando una víctima llega a pedir ayuda, se analiza si ir ante la policía puede empeorar la situación, si su agresor tiene contactos con autoridades, o si es miembro de la delincuencia organizada, porque una denuncia podría hacerla ubicable.

La asesoría jurídica en todo el modelo de las asociaciones civiles es un servicio que se da a la par que la atención psicológica y el acompañamiento de trabajo social.

Las mujeres tampoco tienen que quedarse si no quieren la primera vez que van a un Centro Externo o que terminan una noche en una Casa de Emergencia. La idea que mantiene el personal de estos lugares es que si ya dieron el primer paso de buscar opciones, es cuestión de tiempo, de su propio proceso personal, que se decidan a salir de esa vida. Por lo que, sin juzgarlas, les dan toda la información de las opciones que tienen y les ofrecen terapia psicológica para que, una vez que tengan bien identificada la violencia que sufren, den el siguiente paso en el momento en que estén listas.

“Hay muchas mujeres que no quieren ingresar a un Refugio. A veces ha sido tan fuerte la situación de violencia que han vivido que no quieren ingresar a Refugio, lo que quieren es retirarse totalmente del agresor”, explica Mayela Chávez, directora del Centro de Apoyo Opciones Dignas, de Coahuila.

“Muchas veces en este caso ellas solo quieren dos noches, tres noches, quedarse en una Casa de Emergencia mientras visualizan si lo que ellas quieren es un Refugio o lo que quieren es irse con familiares que se encuentran en otros estados o en otros municipios. (...) Es básicamente un tiempo de reflexión, o bien es un tiempo de sentirse seguras para tomar otras decisiones”.

Sociedad civil, al rescate de espacios de emergencia del gobierno

Casi al mismo tiempo que se estableció el modelo de atención de la Red de Refugios, en 2010 se crearon como estrategia gubernamental contra la violencia de género los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Además de que deben tener junto al Ministerio Público atención psicológica y trabajo social, sus lineamientos establecen que deben contar con un espacio de albergue temporal para quien llegue a pedir ayuda y no pueda regresar a su casa ni tenga a dónde ir, es decir, el mismo concepto de Casa de Emergencia.

Pero en la práctica, ni todos tienen este espacio, ni los operan aunque los tengan, y lo peor, es que funcionan con horarios del Poder Judicial. Durante la pandemia, cuentan activistas, se notó mucho que estos servicios estaban cerrados y subió la demanda de Casas de Emergencia. Ha sido la sociedad civil quien ha salido al rescate de esa obligación de dar un lugar seguro en los primeros días.

Así le pasó a la asociación Con Decisión Mujeres por Morelos. Su directora, Ana María Gutiérrez, recuerda que cuando se abrió el Cejum en el sexenio pasado, la directora del DIF dijo que ya tenía muchas cosas que atender y no tenía capacidad para tener habilitados con sábanas, requerimientos básicos o personal de planta los cuartos de refugio temporal.

“Entonces pregúntame quién atiende, quién equipó, quién les tiene ahí cosas: las asociaciones civiles. (...) La misma directora del Centro de Justicia te hablaba: ‘van a ingresar ahorita una familia, por favor manda a alguien’. Obvio no tenemos dinero para estar pagando una persona ahí todo el tiempo, pero sí teníamos la manera de mandar de aquí una enfermera ya capacitada y decirle ‘oye, llega una familia, atiéndela’. Y entonces esa familia ya podía ingresar ahí y estar 24 o las horas que necesitara, cuidada. Y ya le empezábamos a hablar del Refugio, etcétera, al mismo tiempo empezaba ya todo el mecanismo del Centro de Justicia, que denunciara”, explica.

En Chiapas ha pasado algo similar, relata Irene Balcázar, de la asociación Por la Superación de la Mujer, y al final lo que siempre pasa es que la policía les llama para mandarles a las mujeres que necesitan un lugar de resguardo.

“El Cejum trabajan de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes; sábados y domingos no, días festivos no, aparte está súper lejísimos de la ciudad, el transporte las deja a orilla de carretera y tienen que caminar como un kilómetro y medio, no hay árboles, es un solazo impresionante, nosotros acá manejamos de 38 a 40 grados, es un calor impresionante, entonces ¿cómo pretende el gobierno brindar una atención así? Las violencias no son de lunes a viernes ni en horarios. (...) Lo único que les ofrecen es agua o café, y aunque la usuaria esté denunciando 3, 4, 5 horas ahí”, reclama Balcázar.

Ella coordina una Casa de Emergencia de sociedad civil que empezó a operar apenas en diciembre pasado. Calcula que de cada 10 mujeres que han pasado en estos meses, solo una ha regresado a su casa con el agresor, dos han emprendido el proceso de atención que les ofrecen pero de manera externa, y las otras siete, la gran mayoría, ha optado por ingresar a un Refugio después de que se les explica que tienen esa opción para estar ahí tres meses, sin ningún costo.

Del primer resguardo a un lugar seguro

La Casa de Emergencia a la que llegó hace unos meses la chica de Guerrero con su mamá, sus hermanitos y su bebé, fue la primera que creó la Red de Refugios, en 2013, en la Ciudad de México.

Su ubicación no se puede dar por seguridad, ni a las propias usuarias, para evitar que en la confusión del momento en que huyen y por presiones del agresor o la familia vayan a revelar a dónde van. Para llegar ahí, la Red envió un Uber, empresa con la que hizo un convenio en 2020 para facilitar viajes de urgencia, del que solo se recibió un mensaje con las placas, pero no la dirección de destino. En el año de la pandemia, la organización rescató a 40 mujeres a las que de plano fue a buscar con traslados como este, un 300% más que un año antes.

Al llegar al destino, hay un vigilante las 24 horas. En la planta baja de la Casa hay una pequeña cocina y una lavadora, por si hace falta. Al subir la escalera, dos habitaciones, una con dos camas matrimoniales y otra con una y un sofá cama. Para que la mujer o familia refugiada se distraiga, ya que durante su estancia no podrán salir, cuentan con televisión que solo tiene servicio de entretenimiento, y no canales para evitar que vean noticias, por ejemplo, que causen más estrés.

También hay una oficina donde se almacenan los productos básicos que pueden necesitar y se les da la atención que necesiten. Ahí está Nallei Otilio la trabajadora social, un área clave porque da acompañamiento, que a veces implica solo contar con alguien que ya sabe cómo hacer las cosas o que puede resolver situaciones cuando ellas no pueden ni pensar.

Con la familia que venía huyendo de Guerrero, además de que se mantuvo en contacto por teléfono desde el Centro Externo, la recibió en la Casa de Emergencia y se quedó ahí todo el tiempo.

Aunque dejaban todo atrás, sí tenían a donde ir, ya que el papá de la adolescente vive en un estado del norte del país, y por ello solo necesitaban llegar a la capital a un lugar dónde poder dormir y tomar un avión. A Otilio le tocó acompañar a la familia al aeropuerto, ver que la bebé fuera registrada para poder viajar en brazos, resolver el hecho de que las pocas pertenencias que pudieron sacar no venían en maletas sino en costales y había que encontrar el modo de que la aerolínea aceptara documentarlo como equipaje.

Estos casos en los que sí tienen a dónde ir, también son la minoría, aclara Otilio, ya que las redes familiares suelen estar debilitadas y alrededor del 70% de mujeres opta por ingresar a un Refugio, el siguiente paso en este camino para salir de la violencia doméstica, del que se hablará en la próxima entrega.