Para poder vivir, José necesita someterse dos veces por semana a hemodiálisis, un procedimiento en el que se conecta al paciente a una máquina para limpiar toda su sangre cuando sus riñones han dejado de funcionar.
Aunque José empezó a ir a consulta hace tres años en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Zumpango, el nefrólogo que lo atendió no lo inscribió en la lista de espera del hospital para recibir la hemodiálisis; en cambio, le sugirió ir a una clínica privada en la que también trabaja.
Sin una mejor alternativa y con su salud deteriorándose, José y su esposa Alicia, que son adultos mayores y no tienen más seguridad social que la del Seguro Popular, decidieron en abril pasado hacer el esfuerzo de empezar a pagar los mil 800 pesos que cuesta cada sesión de hemodiálisis en la clínica privada, mientras siguen yendo a Zumpango a revisiones, aunque con un nuevo nefrólogo.
“Se llama Fernando el otro doctor. Él está en una clínica de hemodiálisis del doctor Bonfil, aquí en el centro de Zumpango, en los portales. Pero va mucha gente que él la ha jalado de aquí para allá, va mucha gente que no los han aceptado aquí tampoco”, cuenta Alicia a la salida del hospital.
Esta situación, médicos que desde el centro de salud público mandan a sus propios pacientes a atenderse por fuera en consulta privada, como le ocurrió a José y Alicia, es una de las prácticas de corrupción que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectó en los hospitales de alta especialidad, incluso en los que funcionan en Asociación Público-Privada (APP) y reciben presupuesto público para operar.
Una encuesta que realizó MCCI con motivo del informe Salud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de saludreveló que 7.4% de usuarios de Hospitales de Alta Especialidad y 11.5% del personal que trabaja en ellos reconoce que los doctores derivan pacientes a su práctica privada.
Otro problema común detectado en el informe Salud Deteriorada y que también han vivido en carne propia José y Alicia es la falta de claridad en las razones por las que se inscribe o no a los pacientes en las listas de espera.
“Las consultas realizadas vía INAI (Ley de Transparencia) confirman que no existen listas de espera sistematizadas ni registro de sobrevida para intervenciones prioritarias como la hemodiálisis”, cita el informe. “Documentamos la ausencia de listas de espera sistematizadas que favorecen la discrecionalidad en el uso de los recursos”.
Alicia y José son nombres ficticios, ya que tienen miedo de que al denunciar su caso, en lugar de que se les vaya a abrir la puerta, se les bloquee nuevamente la posibilidad de acceder a la hemodiálisis en el Hospital de Zumpango.
“Yo le dije (a la jefa de Trabajo Social) que por qué no me apuntaba en la lista de espera, y qué cree que me dijo: ‘está muy saturado el área. Además yo no le puedo decir porque yo soy del hospital y eso es subrogado’. He hablado y nada más dice que no y que no, que no hay lugar, que está saturadísimo y es un costo muy grande, no hay dinero que alcance, que el hospital ya no tiene recursos para esto y esto”, lamenta Alicia.
Esta justificación no debería ser una barrera para acceder al la atención. La subrogación es un contrato que un hospital hace con un particular para que opere el servicio. Pero en el HRAE de Zumpango, desde que se firmó el contrato para su construcción, se estableció que contaría con unidad de hemodiálisis.
En entrevista con Animal Político, el director del Hospital de Zumpango, Efraín Bermúdez, explicó que cuentan con 10 equipos para esta terapia, dos de los cuales se usan solo con pacientes que tienen enfermedades contagiosas (como VIH), y los otro ocho están trabajando incluso de madrugada, los 365 días del año, para atender toda la demanda.
“Es un servicio subrogado, sí, pero está interconectado con el hospital, porque finalmente el hospital es el que determina los pacientes que ameritan”
—¿Y la lista de espera es muy larga, porque unas personas contaban que llevaban un año necesitándolo y no habían entrado a la lista?—, se le preguntó.
“No, no es así, creo yo. Cuando nos refieren un paciente o que viene espontáneamente, porque hemos tenido pacientes que lo requieren de urgencia, por la gravedad, se procura abrirles un espacio, eso va a depender de la valoración que haga esta unidad. Si requiere hemodiálisis de urgencia se realiza, y ya después se le busca un espacio para evitar poner en riesgo la seguridad del paciente”.
José tiene cita en el HRAE de Zumpango en noviembre para que un nuevo nefrólogo valore si es candidato a hemodiálisis o diálisis peritoneal —que se hace con una sonda en el cuerpo, en lugar de un aparato— proporcionada por el hospital. Alicia espera que esta vez haya suerte, porque asegura que ha escuchado a otras personas que con sólo un par de citas fueron enviadas a recibir este tratamiento, algunas, según le han dicho, porque conocían a alguien dentro.
Lo que para Alicia es un rumor, fue algo que demostró la encuesta que aplicó MCCI. El 63.8% del personal de los HRAEs reconoció que hay nepotismo en los hospitales. Casi un tercio de los entrevistados dice que se usa equipo de diagnóstico o se hacen pruebas gratuitas a amigos y familiares, y 41% sabe que se atiende a personas que vienen recomendadas. La mitad admite, también, que el propio personal del hospital se trata ahí cuando tiene un problema de salud, en lugar de acudir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Además, entre los usuarios entrevistados, 8.5% asegura que hay corrupción en pagar para agilizar los tiempos de las listas de espera, y 4% señala que los pacientes pagan para recibir tratamiento.
Cobros inapropiados y robo de medicinas
Mientras intentan nuevamente que este Hospital de Alta Especialidad, construído bajo el régimen público-privado acepte a José para hemodiálisis, los gastos se han ido acumulando: a los 3 mil 600 que pagan cada semana por la terapia se suman 400 del transporte para ir y venir desde su comunidad, a 30 kilómetros de ahí. La pareja ya tuvo que vender su casa e irse a vivir con uno de sus hijos para poder financiar la atención a la enfermedad.
Además, hace unos meses José fue internado durante cinco días para una operación, y a pesar de tener Seguro Popular, tuvieron que pagar 34 mil pesos.
“Yo vine a caja y le dije: oiga, me está cobrando tanto, pero aquí dice algo que le pusieron el último día, y yo estuve con él todo el tiempo, no le pusieron nada. Entonces con la enfermera, que sí son muy corteses en la atención, yo pedí hablar con ella, y le pregunté: ¿usted le puso este medicamento, a qué horas, que yo no lo vi? Y no, me dijo que no. Me estaban metiendo en la cuenta medicamentos del día que ya lo habían dado de alta, que ya nada más lo bañamos. Al final sí me descontaron lo que yo les dije que no le habían puesto. ¿De dónde sacaron eso?”.
Mientras a Alicia le apareció en la cuenta una medicina injustificada, al hospital le desaparecen otras a manos del propio personal. La encuesta de MCCI revela que el 62% de quienes trabajan en los HRAEs reconocen como un problema de corrupción los robos o “préstamos” de insumos que supuestamente serán devueltos más adelante.
Un 24.7% aseguró que existe robo de medicamentos y un 25.9% que existen esos “préstamos”. En el caso de materiales como algodón, vendas, guantes o jeringas, se admite un 26.5% de robos y 27.5% de casos en que los toman prestados. Incluso se da con equipos o instrumental, según reconoce alrededor del 20% del personal.
Por todo esto, así como por una subutilización en las consultas, camas y equipo especializado, Mexicanos Contra la Corrupción cuestiona la eficiencia de estos hospitales públicos para dar servicio a quienes menos acceso tienen a la salud.
“Si se usan por debajo de su capacidad, atienden a afiliados de la Seguridad Social, atienden a privados de nivel socioeconómico alto de manera subsidiada, así como al propio personal del hospital y conocidos y amigos recomendados del personal a precios subsidiados, ¿no estamos fallando a los más pobres del país?”, concluye el informe Salud Deteriorada.