Niñez migrante: defendida en el papel, violentada en los hechos; solo 19% de los detenidos pasa por nuevo sistema de protección

Sobre el papel, México tiene en la actualidad uno de los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes migrantes más vanguardista y garantista de derechos humanos de América Latina y el mundo.

Pero, en la práctica, esa protección se queda solo en eso: en el papel.

En enero de 2021, entró en vigor una ambiciosa reforma impulsada por la sociedad civil que, a pesar de la resistencia de diversos actores al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Instituto Nacional de Migración (INM), logró armonizar la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados para que en estas dos leyes quedara establecida la no detención de niños, niñas y adolescentes migrantes —ni de sus familias— en estaciones migratorias, que son cárceles de facto.

Ahora, la niñez migrante debe ser albergada en los Centros de Asistencia Social (CAS) del Sistema DIF o en refugios de la sociedad civil, mientras que otro cambio clave es que a partir de la reforma son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y no el INM, las que deciden en primera instancia si un menor de edad migrante es deportado o no a su país de origen.

Para ello, estas procuradurías deben analizar caso por caso qué es lo mejor para estos niños, niñas y jóvenes migrantes, y elaborar un plan de restitución de derechos que puede consistir en remitirlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para que esta analice su caso, reunificarlos con familiares en México o incluso en Estados Unidos, o retornarlos a sus países de origen, siempre que su vida allá no corra peligro.

Sin embargo, documentación obtenida por Animal Político mediante más de 200 solicitudes de información revela que, en la práctica, muy pocos niños, niñas, y jóvenes están pasando por este nuevo sistema de protección, y que, incluso, se está violando la Ley para deportarlos a los contextos de violencia extrema y pobreza de los que salieron huyendo.

“¿Y dónde están los niños?”

Entre enero de 2021, cuando entró en vigor la reforma, y mayo de este 2022, el INM informó a través de sus boletines estadísticos que detuvo y canalizó al Sistema DIF a 98 mil 671 migrantes indocumentados que eran menores de edad.

Tonatiuh Guillén, quien fue comisionado del INM durante el primer año de López Obrador, explicó en entrevista que, en la teoría, deberían existir 98 mil 671 análisis individuales por parte de las Procuradurías, con sus respectivos planes de restitución de derechos. De lo contrario, advirtió, estaríamos ante “un incumplimiento de la obligación” que marca la nueva reforma de Ley.

Sin embargo, la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, y otras 28 Procuradurías estatales respondieron a este medio por transparencia que en ese periodo realizaron apenas 19 mil 067 planes de restitución de derechos, es decir, que analizaron solo un 19% de los casos de niñez detenida por el INM.

En entidades como Baja California, en la frontera norte, la disparidad es tal que las cifras indican que se realizaron 15 mil 498 detenciones frente a solo 117 planes de restitución por parte de la procuraduría, esto es, el 0.7% de los casos.

En Tabasco, en la frontera sur, se hicieron 16 mil 696 detenciones frente a 283 planes, apenas el 1.7%.

“Las cifras de protección no cuadran, estamos lejísimos. Y por eso me surge una pregunta que parece título de película: ¿Y dónde están los niños?”, cuestionó Pablo Loredo, exprocurador de la Niñez en San Luis Potosí.

El exfuncionario, que ahora colabora con la Coalición Internacional Contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), apuntó en entrevista que una posible explicación de por qué tanta disparidad en las cifras es que ni la Procuraduría Federal ni las estatales conocen los datos relativos a los planes que hacen las procuradurías a nivel municipal, lo cual, denunció, es también “una falla de comunicación grave y una debilidad institucional muy fuerte, pues no tenemos certeza de qué sucedió con miles de niños migrantes”.

Animal Político también realizó múltiples solicitudes de transparencia a procuradurías municipales en la frontera sur, la puerta de entrada de la migración indocumentada, y constató que las cifras siguen siendo muy dispares.

Por ejemplo, en Chiapas, las Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes municipales, que están divididas en 14 delegaciones, respondieron que elaboraron en total 2 mil 972 planes de restitución de derechos. La estatal, por su parte, hizo otros 2 mil 713. Aun sumando ambas cifras, se obtiene un total de 5 mil 685 planes de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, frente a casi 23 mil detenidos por el INM: tan solo el 24%.

En Tabasco, las Procuradurías de la Niñez de los 17 municipios reportaron por transparencia que hicieron 378 planes. Esto, más los 283 planes que informó la Procuraduría Estatal, arroja un total de 661 planes frente a los 16 mil 696 detenidos por el INM en esa entidad, apenas el 4%.

Por otra parte, del 19% de los casi 100 mil menores de edad migrantes detenidos que sí pasaron por las procuradurías, en la mayoría de los casos, el 55%, estas decidieron que lo mejor era deportarlos a países como Honduras, nación que en 2017 registró la tasa más alta del mundo de asesinatos de población infantil.

En contraste, en menos de uno de cada 10 casos las procuradurías decidieron que lo mejor era la reunificación del menor de edad migrante con familiares en México o enviarlo a la Comar para que analizara su caso.

Mientras tanto, en ninguno de los 19 mil casos analizados, las procuradurías decidieron que lo mejor era la reunificación del niño, niña o adolescente con sus familiares en Estados Unidos.

Violaciones a la ley

Esta investigación también revela que hay procuradurías que están violando abiertamente la ley al analizar de forma “colectiva” miles de casos de niños, niñas y adolescentes migrantes, puesto que la reforma obliga a que estos análisis deben ser siempre individuales: caso por caso.

Por ejemplo, en Chiapas, la Procuraduría Estatal informó por transparencia que hizo hasta mil 355 planes “colectivos”, mientras que a nivel municipal las procuradurías en las delegaciones Istmo, Soconusco y Sierra Mariscal hicieron otros 477 planes colectivos.

En Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Morelos y Tabasco, las procuradurías, tanto estatales como municipales, respondieron que hicieron al menos otros 500 análisis colectivos que violan la Ley.

De acuerdo con las respuestas, en la mayoría de los casos, estos planes “colectivos” determinaron que lo mejor para los jóvenes era deportarlos. Es decir, México está expulsando a niños, niñas y adolescentes migrantes mediante planes de restitución de derechos que violan abiertamente la Ley.

“La situación de cada niño y niña es diferente, por eso los diagnósticos tienen que ser individuales, aunque vengan de la misma colonia de Guatemala o de Honduras, o aunque sean familia. Ni siquiera debe existir un documento que diga ‘plan colectivo’, pues eso es una violación a la Ley”, recalcó Sandra Mejía, abogada de la infancia en el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI).

Animal Político buscó al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes para preguntarles por esta situación y para solicitarles una entrevista al respecto. Ninguna respondió.

Por otra parte, funcionarios y exfuncionarios al interior del INM y de las procuradurías reconocieron en entrevista que se están realizando análisis “al vapor” para deportar a miles de niños y adolescentes migrantes.

“Hay procuradurías que utilizan ‘machotes’ ya establecidos donde solo cambian el nombre del niño o la niña y la nacionalidad, y donde todos vienen ya con la medida de retorno asistido como medida de protección”, dijo una exfuncionaria del INM que pidió anonimato.

Esta práctica irregular también ha sido denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos, así como por organizaciones civiles mexicanas, como el IMUMI, Asylum Access o Sin Fronteras.

Asimismo, funcionarios como Édgar Olvera, procurador municipal de la niñez en Tenosique, admitieron que persiste la práctica de encarcelar a menores de edad en estaciones migratorias o en anexos llamados “centros de canalización”, debido a la falta de espacios en los Centros de Asistencia Social de los DIF.

En ese municipio fronterizo de Tabasco, este medio documentó el caso de Sarahí, una guatemalteca de 13 años que pasó una semana recluida en un “centro de canalización”, un “limbo” al interior de las estaciones del INM donde activistas denuncian que las autoridades mantienen encerrada a la niñez migrante.

“Fue horrible. Por la noche entraba un policía. A una de mis amigas le decía que se fuera con él. Una vez se la llevó y regresó llorando. Le dijimos a los demás policías, pero no nos creyeron. Nos decían que si seguíamos diciendo eso nos iban a llevar de vuelta para nuestro país”, contó en entrevista.

Animal Político también buscó al INM para preguntarle por estas denuncias, pero tampoco ofreció respuesta.

Sin presupuesto

La investigación también revela que, aunque la reforma establece que el Estado mexicano debe brindar de recursos económicos suficientes a las procuradurías para aplicarla, en la práctica esto tampoco sucede: en 2021 y 2022, la mayoría de procuradurías estatales respondieron por transparencia que sufrieron recortes, a pesar de las nuevas atribuciones que les dieron en relación a la niñez migrante indocumentada, y a pesar de que, ya de por sí, tenían una importante carga de trabajo atendiendo a la niñez mexicana y a la niñez deportada de Estados Unidos.

En 2021, por ejemplo, la Procuraduría de Nuevo León tuvo un recorte en términos reales (ya con la inflación) de hasta el 42%: de 113 millones en 2020, pasó a tener un presupuesto aprobado de 69 millones.

Y en 2022, de las 27 procuradurías que respondieron las solicitudes de transparencia, solo nueve tuvieron aumentos, destacando los casos de Baja California, con un alza del 102%, o de Tamaulipas, 218%.

Sin embargo, con todo y esos aumentos, muchas de estas procuradurías tienen presupuestos que no pasan de los 40 millones de pesos. Así sucede también con otros estados clave de la frontera sur, como Tabasco, que, aunque tuvo un aumento del 47% en 2022, su presupuesto es de apenas 23 millones de pesos para atender a 16 mil niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos en esa entidad.

A la par, otros actores clave en la protección, como la Comar o el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), también mantuvieron su presupuesto congelado o con recortes en términos reales.

De hecho, el presupuesto para el INM en 2022 (mil 662 millones) fue 22 veces superior al del SIPINNA (69 millones), 36 veces más que el de la Comar (45 millones) o 40 veces más grande que el de la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (39 millones).

La única dependencia de protección que ha registrado aumentos notables de presupuesto es el Sistema Nacional DIF, que con 3 mil 475 millones aprobados para 2022 tuvo un alza del 100%. Este aumento se explica debido a que en 2021 el gobierno de López Obrador anunció una inversión para construir o remodelar albergues del DIF ante la llegada masiva de niñez migrante acompañada y sin acompañar.

Sin embargo, entre el medio centenar de entrevistas realizadas para esta investigación, activistas, exfuncionarios, funcionarios y defensores de derechos de migrantes coincidieron en apuntar una misma preocupación: que los albergues del DIF se conviertan en “estaciones migratorias para niños”.

“Se está pensando solo en una dinámica de detengo al niño en un albergue, lo tengo cinco días en ese espacio y lo deporto”, advirtió Pablo Loredo, el exprocurador de la Niñez de San Luis Potosí.

Sin personal

Además, de 28 procuradurías que respondieron las solicitudes de información, 22 mantuvieron congelados en 2022 sus equipos multidisciplinarios de abogados, psicólogos y de trabajadores sociales, o incluso los redujeron.

En contraste, los elementos dedicados a detener migrantes —incluidos los menores de edad— siguen aumentando año con año. Un dato: en 2022, la Guardia Nacional destinó 9 mil 445 soldados a realizar labores de “contención migratoria”, un aumento del 200% en comparación con 2021, según información recabada del Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador.

Otras cifras dibujan a detalle cuál es el tamaño del aparato de contención y cuál el de la protección de la niñez migrante: en 2022, las procuradurías respondieron que, en total, dispusieron en todo el país de mil 015 elementos, frente a los 2 mil 160 agentes que el INM destina a labores de contención y verificación migratoria, los casi 9 mil 500 soldados de la Guardia Nacional, y los 14 mil soldados del Ejército en labores de contención migratoria.

Es decir, por un integrante de las Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes, hay dos agentes del INM, nueve elementos de la Guardia Nacional y 13 soldados de la Sedena.

Y otro dato: en 2022 hubo un total de 25 mil 618 integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y el INM destinados a detener migrantes, por tan solo los 105 que la Comar reportó por transparencia a este medio.

Andrés Ramírez, titular de la Comar, explicó que en los próximos meses se incorporarán al menos otros 90 integrantes de la Comisión de la Frontera Sur, que se espera desaparezca. Pero, aun así, el funcionario federal aseguró en entrevista que la Comar tendría muy complicada su operación de no contar con el apoyo, tanto económico como de personal, de organizaciones internacionales de derechos humanos, como el ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados.

“Si el ACNUR dejara de apoyarnos, entraríamos en una situación de colapso”, admitió.

Ante esta situación, procuradores de la niñez denunciaron que tienen “las manos atadas” para cumplir con la reforma, aunado a que están sometidos a una gran “presión” por parte del INM para que prevalezca la política de detención y deportación.

“Una cosa es el deber ser que dicta la reforma y otra muy distinta es lo que está pasando en el terreno. Las procuradurías, sin presupuesto ni personal, estamos rebasadas y no queremos hacer visible que tenemos una broncota”, reconoció en entrevista el titular de una Procuraduría de la Niñez estatal, que pidió anonimato.

“Desde el Legislativo, la reforma parecía algo muy vanguardista”, terció Alberto Xicotencatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo. “Pero ya en la práctica se está viendo que hay un enorme abanico de carencias técnicas, de conocimiento y de falta de recursos, que impiden que se concrete. Y en parte esto es así porque ni la niñez ni la población migrante son una prioridad para el Estado mexicano”.

Las consecuencias

Ante esta inaplicación de la ley, así como en algunos casos la violación a la misma, Animal Político viajó a Honduras, donde documentó casos como el de Alexander, de 15 años, que huyó tras ser amenazado de muerte por Barrio 18, una de las pandillas transnacionales más peligrosas del mundo. Pese a que su vida y las de sus familiares corren peligro, las autoridades mexicanas lo regresaron a la misma colonia de Tegucigalpa de la que huyó, y ahora vive a escondidas de la pandilla. “México me quitó la oportunidad de cambiar mi vida”, lamentó.

Emma, de 14 años, comenzó a consumir cocaína y piedra a los ocho, cuando fue reclutada por la Mara Salvatrucha 13, la 'némesis' de Barrio 18. Un día se emborrachó y perdió un pequeño cargamento de droga que tenía que vender para la mara. Como castigo, la humillaron con golpes y rapándole el pelo y las cejas. Ahora intenta huir de esa pesadilla. Su sueño es ser cantante.

Mientras que, en la frontera sur mexicana, este medio documentó que los menores de edad migrantes que sí consiguieron acceder al nuevo sistema de protección llegan a permanecer varados hasta seis, siete, ocho o nueve meses en espera de una respuesta del Estado mexicano. La falta de recursos y de personal en las procuradurías y en la Comar, la falta de espacios en los DIF, más la enorme cantidad de casos de personas huyendo de Centroamérica, Venezuela o Haití, hacen que los albergues de la sociedad civil continúen siendo su único refugio.

Aunque ni ahí están a salvo.

“Todos le tenemos pánico al cártel”, dijo Amalia, una hondureña de 17 años que, tras ser detenida por el INM con su bebé y retenida varios días en una oficina de canalización al interior de una estación migratoria, fue abandonada en plena noche en la puerta del albergue La 72, en Tenosique, en donde este medio documentó en los alrededores la presencia de ‘halcones’ del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"En lugar de que las autoridades los protejan, lo que hacen es aventarlos a los lobos", denunció una activista del refugio.