La falta de presupuesto y personal en procuradurías deja a niñez migrante sola ante el narco y las agresiones de funcionarios

—Dejar a una adolescente en mitad de la noche tirada afuera del albergue es, literal, aventarla a los lobos.

María, activista del albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, lanza la sentencia ante la mirada tímida de Amalia, una hondureña de 17 años de ojos negros y tez cobriza, alta, espigada, de cuello largo y esbelto, con los pies tan grandes que no le entran en las desgastadas chanclas rosas que arrastra con desgana. Solo sus manos grandes llenas de viejas heridas delatan que trabajaba como albañil antes de ser madre a los 16 años.

—¡Es tirarla a los lobos! —insiste la activista, que habla desde el patio del refugio, donde hay un mural que muestra a un Donald Trump de cuyos llameantes cabellos salen cientos de personas que migran hacia Estados Unidos—. Porque, de puertas para afuera, hay muchos peligros que no podemos controlar —apunta con la barbilla hacia la puerta del refugio, a través de la cual pueden observarse unos puestecitos de comida corrida—. Ahí fuera hay gente que solo está pendiente de quién entra y sale para ver en qué momento les ofrecen llevarlos a algún lugar. Y pues una niña, o una adolescente, no te va a decir que no. Porque ellas son muy vulnerables. Buscan ayuda desesperadamente.

Cuando María habla de los “lobos” al acecho, se refiere a los espías y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos del narcotráfico más violentos de México, que se colocan en los alrededores del albergue para reclutar migrantes y traficarlos mediante extorsiones, amenazas o secuestros. Y por los “peligros que no pueden controlar”, probablemente se refiere a que caer en las garras de ese cártel, especialmente las niñas o jóvenes centroamericanas indocumentadas como Amalia, es un boleto seguro para acabar explotadas en los prostíbulos que brotan por toda la frontera sur.

Por eso el enojo, dice María con el ceño fruncido. Porque, a pesar de que este contexto de violencia extrema no es un secreto para nadie —tampoco para las autoridades—, y a pesar de que, al menos sobre el papel, la adolescente debía ser protegida por el Estado mexicano, Amalia fue abandonada en la puerta de La 72 en plena noche y cuando no había ningún activista en el refugio para recibirla.

Las autoridades la dejaron sola, recalca la defensora de derechos humanos.

Sola, con un bebé en brazos, y rodeada por los “lobos” del cártel.

"El gobierno nunca quiso la reforma"

En enero de 2021, luego de pasar siete años congelada en el Congreso mexicano, entró en vigor durante la administración de Andrés Manuel López Obrador una importante reforma que armoniza las leyes de Migración, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Refugiados.

Esto se traduce en que, por un lado, la niñez migrante ya no puede ser recluida en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Y, por otro, en que ahora recae sobre el Sistema Nacional DIF albergar a estos niños en sus Centros de Asistencia Social (CAS) o en albergues de la sociedad civil. Mientras tanto, las Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes tienen que analizar cuál es su interés superior y elaborar un plan de restitución de derechos, que puede consistir en enviarlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), reunificarlos con familiares en México o Estados Unidos, o regresarlos a sus países de origen.

Activistas y defensores de derechos humanos coincidieron en que se trata de una reforma “vanguardista” y “garantista” de los derechos de la niñez migrante, aunque matizaron que hay actores al interior del gobierno mexicano que nunca la vieron con buenos ojos, lo cual ha llevado a una aplicación muy deficiente por falta de recursos, personal y también de voluntad política.

"La aprobación de esta reforma tomó por sorpresa al gobierno de López Obrador. El INM, Segob, Cancillería y hasta el DIF eran totalmente contrarios. Incluso, en el gobierno hay quienes decían abiertamente: 'Tranquilos, esta reforma va a caer por su propio peso'", expuso en entrevista una integrante de una organización internacional de derechos humanos, quien pidió que no se mencionara su nombre ni el de la organización para evitar confrontaciones con el gobierno.

"El INM nunca quiso esta reforma", corroboró Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). "El INM ya tiene todo su esquema de estaciones migratorias y de detención y deportación. Y con una reforma de este tipo, al menos en la teoría, quien tiene ahora el poder de decidir qué debería pasar con estos miles de niños son las procuradurías y no el INM".

Melissa Vértiz, integrante del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, señaló que, incluso, hubo oposición de la Secretaría de Hacienda, que alegaba que dicha reforma tendría un impacto presupuestal muy fuerte y que había otras prioridades.

"También vimos que, evidentemente, había una opinión negativa del INM y del DIF —agrega—. Y los argumentos eran que, si se aprobaba la reforma, habría un gran riesgo de que los adultos migrantes utilizaran a los niños para cruzar México como una especie de visa de tránsito".

Esto es así porque la reforma, además de obligar a los DIF a albergar a la niñez migrante en los CAS, también obliga a dar albergue y visa humanitaria a sus familiares para evitar la separación.

A pesar de estas resistencias, la reforma fue aprobada en septiembre de 2020 gracias a la presión de la sociedad civil y de organizaciones internacionales de derechos humanos, y entró en vigor en enero de 2021. Sin embargo, las cifras indican que está muy lejos de ser aplicada al 100%.

Tal como se expuso en la primera entrega de esta investigación, Animal Político documentó por medio de solicitudes de transparencia que, de casi 100 mil niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos por el INM y canalizados a los Sistemas DIF entre enero de 2021 y mayo de este año, las Procuradurías estatales de la Niñez respondieron que solo hicieron 19 mil 067 planes de restitución de derechos, es decir, que analizaron apenas 19% de los casos de niñez detenida.

Por otra parte, el INM informó por transparencia que en el último año y medio entregó 29 mil 653 visas humanitarias a menores de edad migrantes, tan solo el 30% de los que detuvo.

En cuanto al presupuesto y personal, esta investigación documenta que, en 2022, de 27 Procuradurías estatales de la Niñez al menos 18 tuvieron recortes o presupuesto congelado, a pesar de la enorme carga de trabajo que se les puso encima con la reforma, mientras que 22 mantuvieron congelados sus equipos para atender a casi 100 mil niños migrantes.

"La reforma fue demasiado. Nos entregaron responsabilidades muy extremas y no nos proporcionaron los recursos para aplicarla", lamentó en entrevista Édgar Olvera, titular de la Procuraduría de la Niñez municipal de Tenosique, Tabasco.

"Nos aventaron una bomba sin que los DIF ni las procuradurías tuviéramos la capacidad para atender todo lo que iba a suponer la reforma", apuntó la persona titular de otra procuraduría estatal, que prefirió mantener el anonimato.

"Las Procuradurías de la Niñez ya atendíamos casos de maltrato infantil —agregó—, de adolescentes en conflictos con la ley, adopciones de bebés… Es decir, ya teníamos una saturación de trabajo. Y ahora, de la noche a la mañana, súmale que por ley estamos obligados a atender a los 70 mil niños migrantes que detuvieron en 2021, y encima sin recursos ni personal extra. Por eso digo que una cosa es el deber ser de la reforma y otra muy distinta lo que está pasando en el terreno, que es que estamos rebasados y en pañales".

El resultado de todo lo anterior ya se está traduciendo en que miles de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos no están pasando por el nuevo sistema de protección que, además de no contar con los recursos ni el personal, se enfrenta a que, paradójicamente, forma parte de un Estado que, por un lado, aprueba una ley garantista de derechos, y por el otro, mantiene una política de detención y deportación: con más de 70 mil niños y jóvenes migrantes detenidos en 2021, México batió todos los récords desde que comenzó a llevar registro de las estadísticas de detenciones hace 20 años, en 2002.

Mientras tanto, en los casos que sí se aplica la reforma, esta se aplica mal o se cae directamente en violaciones a la ley, perjudicando directamente a niños y jóvenes como Amalia, la hondureña de 17 años abandonada por las autoridades en la puerta de La 72.

Exhibidos como "animalitos"

Sentada en una destartalada silla en el patio del albergue, Amalia fuma un cigarrillo mientras su hijo gatea distraído por el suelo de la cancha de futbol.

De un teléfono celular sale un tema de hip hop que le gusta.

"Oh, me falta el aire/ Y el corazón, tucún-tucún-tucún/ Hoy va a correr sangre/ Ya sé por dónde se mueve ese bum…".

Tras escupir al suelo, la hondureña explica que el que canta es El Canserbero, un reconocido rapero venezolano muerto en 2015 tras caer de un edificio —aún no está claro si se tiró, lo tiraron o se cayó—, en cuyo tema "Es épico" narra un peculiar descenso al infierno tras matar a tiros a "Carlos", el asesino de su hermano.

"El corazón, tucún-tucún, tucún/ Y las balas, pacán, pacán, pacán…".

Amalia tararea el estribillo con una sonrisa aniñada, para, a continuación, decir que su particular descenso a los infiernos comenzó cuando un pandillero de la Mara Salvatrucha 13, la MS13, se fijó en ella.

—El problema es que yo no quería ser su novia, ni quería nada con la mara —dice posando las manos sobre el ajado vestido de color rosa mexicano que viste—. Y como no quería nada, un día me golpearon y me robaron todo. Por eso mejor me fui para Estados Unidos. Allá me espera una prima y un hermano que no conozco.

Pero Amalia no sabía que el camino para alcanzar ese sueño iba a ser otro infierno: nada más cruzar a pie la frontera con un hijo en brazos, con la compañía de Paola, otra joven migrante que cargaba en brazos a otro bebé y que venía embarazada de siete meses, la hondureña fue detenida por agentes del INM y de la Guardia Nacional, y recluida tres días en un anexo de la estación migratoria de Tenosique al que llaman “oficina de canalización”; una situación que, aunque ella lo desconocía, es violatoria de la reforma de ley, pues esta prohíbe recluir a menores de edad tanto en estaciones como en "lugares habilitados" para ello.

—Estar ahí fue algo horrible. Era un cuarto cerrado donde no se veía la luz del día. No sabía si era por la mañana, la tarde o la noche. Solo podía estar ahí sentada, sin hacer nada. Ni siquiera me daban pañales para mi hijo.

José Morales, coordinador del área de Derechos Humanos de La 72, dice que ha visto esa habitación, que describe como un cubículo de vidrio, "sin una silla, ni colchonetas, nada", donde los niños permanecen sin que nadie les informe qué sucederá con ellos, ni por qué están presos, ni por cuánto tiempo.

"Los tienen ahí exhibidos como animalitos", denunció.

Sarahí, otra migrante guatemalteca de ojos negros rasgados, pelo negro y mirada cansada a pesar de sus 13 años, dice que también pasó una semana encerrada en esa “oficina de canalización” del INM en Tenosique, junto a su hermana Sol, de ocho años, y su hermanito de seis. La niña explica que huyeron de su país porque su padre amenazó desde la cárcel con matar a su madre, a sus cinco hermanos y a ella.

Cree que su esposa se fue con otra persona.

En el anexo, Sarahí cuenta que los agentes del INM los “castigaban” poniéndoles muy fuerte el aire acondicionado para que no hicieran "bulla", situación que corrobora Lionel, hondureño de 17 años: "Cuando no les hacés caso, te prenden los dos climas para que, con el frío, te quedés tranquilo".

Sarahí, en una especie de tortura psicológica, narra que los agentes del INM también le decían que su madre los había "abandonado".

—Yo les preguntaba todos los días cuándo me iban a dejar ir, pero solo me respondían: “Tu mamá no ha venido ni un solo día a verte, y no puedes salir” —cuenta la niña, ante la mirada llena de lágrimas de María Estefani, su madre, que asegura que los días en que sus hijos estuvieron encerrados movió "cielo y tierra" para que la dejaran llevarlos al refugio, cosa que finalmente logró.

Además de esta odisea, la niña denuncia que presenció cómo por las noches entraba un "policía" al cuarto a susurrarle cosas al oído a ella y a otras niñas.

—Les decía a mis amigas que se fueran con él para afuera. Una vez, a una sí se la llevó. Cuando amaneció, estaba llorando.

Édgar Olvera, el titular de la Procuraduría de la Niñez en Tenosique, señaló que, a pesar de lo que dicta la nueva reforma de ley, continúa habiendo casos de niños, niñas y adolescentes migrantes presos en estaciones migratorias, o en las "oficinas de canalización" anexas.

"Sí, hay niños en centros de detención —admitió—. Pero no es por culpa de nosotros, de la procuraduría. Porque si nosotros hacemos el análisis para determinar el interés superior del niño en un día o dos, máximo, a partir de ahí los niños ya pueden ser canalizados a los Centros de Asistencia Social del DIF. Pero el problema es que no hay espacios en esos centros, y en lo que se desocupan, pues los tienen que tener ahí (en las oficinas de canalización del INM)".

Engañar a la ley

Lionel no se llama así, pero le encanta el futbol y el Barcelona, así que pide que se le llame así: como Messi, su ídolo.

Al inicio de la plática, se muestra tímido, con la mirada en la mesa y respondiendo con balbuceantes monosílabos. Pero, cuando recuerda cómo el INM y los soldados lo persiguieron a él y a otros dos migrantes, su verbo se dispara.

—¡Pinches chamacos, si los agarramos van a valer verga! Los vamos a mandar de vuelta para su pinche país —dice que les gritaban.

—¡Estaban bravísimos los federales! ¡Jah! —ríe travieso.

Finalmente, tras lograr burlar al INM y a la Guardia Nacional, Lionel acudió a la Comar a solicitar refugio. Él, como la gran mayoría de migrantes que están en el albergue La 72, huyó de la MS13 luego de que amenazara a su madre por no pagar la "cuota" de mil 500 lempiras semanales (unos mil 200 pesos).

—Allá te matan, ¡jah! —exclama de nuevo—. Si vos no pagás la extorsión, así sea que solo falles una vez en el pago, te matan.

Por una cuestión burocrática, Lionel tuvo que ir al INM a pedir unos papeles que le pedían en la Comar. Y cuando llegó sin documentos, rápido lo encerraron en el cuarto por el que pasaron Amalia y Sarahí, aunque él solo permaneció unas horas hasta que el abogado de la Procuraduría de la Niñez lo sacó y lo llevó al módulo del DIF que está dentro de la estación migratoria; una situación que, si bien no viola la ley, sí es denunciada por activistas como otra "triquiñuela" para que el INM siga manteniendo encerrados a los niños y conserve el control sobre ellos.

"Es una forma de engañar a la ley —advirtió José Morales, de La 72—. Porque dicen: 'Oye, yo estoy cumpliendo. El niño no está en una estación migratoria'. Y sí, técnicamente hablando, es cierto que los llevan a un módulo del DIF, pero ese módulo está dentro de la estación. Para mí, es una forma de agarrarse a los vacíos legales para decir que están cumpliendo y tratar de engañar a la sociedad civil".

Lionel, de hecho, dice que no vio diferencia entre estar encerrado en la "oficina de canalización" del INM y estar encerrado en el módulo del DIF al interior de la estación.

—También me sentía como en una cárcel —asegura—. Me acostaba a dormir, me levantaba para la comida, de ahí otra vez a comer, luego dormir… Me estaba volviendo loco.

Desde que entró en vigor la reforma, uno de los principales problemas ha sido, precisamente, dónde albergar a casi 100 mil niños migrantes detenidos por el INM en el último año y medio.

La ley es clara: no pueden estar en las estaciones migratorias. Pero los DIF, ni antes de la reforma ni después, tienen el espacio ni la infraestructura suficiente. Por ello, las Procuradurías de la Niñez están enviando casi en automático a niños, niñas y adolescentes migrantes a los albergues de la sociedad civil, aun cuando estos centros dependen de la caridad y del apoyo de organizaciones internacionales.

"Los albergues son los que están haciendo el paro, como siempre", recalcó una exfuncionaria del SIPINNA, que pidió anonimato.

"No es que el Estado no esté intentando responder, es que la situación se ha desbordado y no hay capacidad de infraestructura para el alojamiento", respondió una exfuncionaria que trabajaba en el INM cuando entró en vigor la reforma.

Ante esta situación, el gobierno de López Obrador anunció un importante aumento de presupuesto para el Sistema DIF que, en efecto, con más de 3 mil 400 millones de millones de pesos aprobados para 2022, registró un alza del 100%; un dinero que se ha destinado en buena medida a convenios entre el DIF Federal y los municipales para construir nuevos CAS o ampliar los existentes.

Sin embargo, casos como el de Lionel llevan a los activistas a pensar que esa inyección de recursos tampoco va a cambiar mucho la situación de la niñez migrante, más allá de tener nuevos espacios para mantenerlos encerrados.

"El INM sigue deteniendo niños, aunque ahora no los lleva a las estaciones, sino a los CAS del DIF. Pero sí les inicia el proceso administrativo antes de llevarlos al DIF. Y, al iniciarlo, los niños siguen bajo custodia de Migración, y los CAS se convierten en extensiones de la estación migratoria", explicó Alejandra Macías, de Asylum Access.

"Es una paradoja inaceptable", agregó Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM en el primer año de López Obrador. "Que, con todo y la reforma, lo que tenemos sean estaciones migratorias para niños a los que llamamos albergues. Son espacios donde la gestión, me da la impresión, no es del DIF, sino del INM; de un instituto que tiene criterios que establece el Ejército o la Guardia Nacional. Y ese no es el modelo de protección de la niñez ni el espíritu de la reforma de ley".

"Ya no aguanto más"

Junto a Amalia, se ha sumado en el patio de La 72 su amiga Paola, que carga a su hija de año y medio en brazos. En Honduras no se conocían, pero desde que se cruzaron caminando sin documentos para entrar a México se han hecho inseparables. De hecho, parecen hermanas, ríen al unísono, aunque Paola, más introvertida, dice que más bien parece su madre, pues siempre le anda advirtiendo de posibles peligros.

—Mirá vos, yo aquí no confío en nadie —dice—. Acá todo es una sonrisa por fuera, pero por dentro son malos. No podés confiar en nadie.

La desconfianza de Paola está justificada. Su historia es un cúmulo de tragedias: su madre la abandonó siendo una adolescente, y su padre, al ingresar en la cárcel, se la entregó a una tía.

—Pero ella odiaba a mi mamá. Y como decía que yo me parecía mucho a mi madre, pues me golpeaba —comenta dibujando una mueca de tristeza que rara vez abandona su rostro de tez cobriza y de ojos negros ligeramente rasgados.

Paola se refugió en su pareja y muy pronto quedó embarazada de su primera hija, que también muy pronto dio paso al segundo embarazo. Ahí fue cuando su novio la abandonó, no sin antes darle una paliza y aventarle con violencia el casco de la moto al vientre.

Por si fuera poco, Paola también tuvo problemas con la MS13, que la quería a la fuerza como su novia. Como se negó, la amenazaron con "picarla" en pedazos.

—Por eso yo no pensé en nada. No pensé cómo era el camino a México, ni si era muy peligroso, ni nada. Solo tomé a mi hija y vine con fe en Dios.

Pero en México las cosas tampoco están marchando como ella esperaba. O al menos no a la velocidad que esperaba: Paola lleva más de dos meses varada en el albergue. Y hace tan solo unos días le aventaron otro balde de agua fría que la tiene sumida en un profundo desánimo: en la Comar le dijeron que para analizar su caso deberá esperar, al menos, otros cuatro meses.

El procurador Édgar Olvera explica que en Tenosique, una de las principales puertas de entrada de niñez migrante, cuentan con un equipo de 17 personas, de las cuales cinco —tres abogados, una psicóloga y una trabajadora social— son aportadas por el ACNUR.

En comparación con Procuradurías de la Niñez estatales —por ejemplo, la estatal de Tabasco respondió por transparencia que cuenta con un equipo de apenas tres personas—, se trata de una de las procuradurías con más personal en la frontera sur. Pero, aun así, Olvera señala que la carga de trabajo y la falta de presupuesto hacen que la lista de espera sea larga. Y eso sin meter en la ecuación a la Comar, que tiene sus propios problemas de falta de recursos.

"Yo, con 17 personas en mi procuraduría, si viene un adolescente migrante para que analicemos su caso, lo programo para una semana o semana y media. Eso, con 17 personas, insisto. Ahora, imagínate si solo tuviera a tres, como muchas procuradurías. Si viene un niño y tengo ese equipo, le tengo que dar cita para dentro de tres meses, al menos".

Lo anterior ya se está traduciendo en casos como los de Paola, Amalia y Lionel, que llevan meses esperando una respuesta a sus situaciones extremas, que, tal como advierte Rocío Santos, psicóloga y técnica de Protección de la organización Ayuda en Acción, pueden generar transtornos de ansiedad, depresión y enfermedades mentales en estos niños, niñas y adolescentes que, de por sí, ya traen historias terribles de persecución, violencia sexual y asesinatos.

Además, la activista María, de La 72, apunta que, una vez que las autoridades del INM y del DIF les entregan a estos menores de edad migrantes, tampoco hay un seguimiento, ni están al tanto de su salud física o mental, situación que recae directamente sobre ellos, la sociedad civil.

Con la mirada cansada y su hija en brazos, Paola musita que, al no tener ni visa humanitaria ni CURP, no puede trabajar y no sabe cuánto tiempo más podrá vivir de la caridad de un albergue en cuya puerta hay cientos de migrantes que esperan su turno para entrar. Por ello, una de las cosas que le atormenta es la idea de tener que salir a la calle a pedir limosna con sus dos hijas en brazos, como hacen muchas otras madres migrantes en Tenosique, especialmente al caer la noche.

—Yo me pongo a pensar y me digo: ¿qué será de mí?

Paola mira de reojo a Amalia, que al no tener una respuesta para su amiga, ni para ella misma, cambia su habitual sonrisa aniñada por una mueca seria.

—Me siento muy deprimida —murmura con voz queda—. Si no me dan pronto los papeles, mejor me voy de acá. Ya no aguanto más esta vida.

A continuación, Paola apoya su mano en la cabeza de su bebé y comienza a llorar en silencio.

Detrás de ella, el grafiti de un corazón reza: "Tenemos sueños".