De vuelta al infierno: niñas, niños y adolescentes son deportados por México sin pasar por el nuevo sistema de protección

—¡Hey! ¿Por qué no bajás los vidrios?

Bertilio Amaya, activista de Casa Alianza Honduras, es de esas personas que tienen siempre una sonrisa. Pero ahora, tras bajarse como un relámpago del carro, se dirige con el gesto serio hacia el chofer de otro vehículo donde viaja un par de periodistas a los que acompaña en un recorrido por la colonia El Edén, una de las zonas más violentas de Tegucigalpa, la capital hondureña.

—¡No jodás, vos! ¡Bajálos! ¡Bajá los vidrios! —demanda gesticulando con ambas manos, mientras visiblemente tenso dirige la mirada hacia dos motos que, de la nada, salieron de las laberínticas callejuelas de la colonia.

Las normas eran muy claras: para acceder a los barrios donde viven algunos de los niños, las niñas y los adolescentes que fueron deportados por México, había que contar primero con el permiso de los líderes locales de la Mara Salvatrucha 13 y de Barrio 18, dos de los grupos criminales más violentos de América Latina y del mundo. Y, una vez obtenido este permiso, había que cumplir a rajatabla sus indicaciones.

La primera, precisamente, era bajar las ventanillas del coche para que los espías de las maras, las "banderas", pudieran identificar que quienes viajaban en su interior no eran pandilleros de "clicas" rivales.

—En la Edén nos van a controlar nada más entrar —había advertido tan solo unos minutos antes de llegar al lugar Esdras Medina, integrante de Casa Alianza—. Así que tenemos que ir muy bien identificados. De lo contrario, podemos tener muchos problemas. Porque si alguien entra acá sin permiso, lo detienen y no da una explicación que los convenza… es muy posible que no salga vivo de la colonia.

Ante la gravedad del descuido del chofer, Bertilio, Esdras y Leyder Castellanos, otro activista de Casa Alianza, se afanan en colocarse los chalecos azul marino con los logos de la organización, y en hacer lo más visibles posible sus gafetes.

Los periodistas, a los que instaron a que vistieran camisas de manga larga para ocultar los tatuajes, además de no usar tenis de la marca y modelo Nike Cortez —solo Barrio 18 puede usarlos—, también se bajan del carro mostrando los chalecos azules de la organización y ocultando las cámaras en las mochilas.

Finalmente, tras observar los logos de Casa Alianza que los carros llevan en las puertas, las "banderas" de la MS13 se retiran para alivio de todos.

De vuelta al infierno

A continuación, los periodistas caminan hacia una estructura de varios niveles, de fachada de cemento, techos de lámina y puerta de entrada metálica. Es una vivienda humilde que está junto a un río de aguas pardas que hace las veces de línea fronteriza: de este lado, está la MS13; al otro, Barrio 18. Y nadie, así sea un vecino que quiera comprar un refresco en la pulpería —así llaman en Honduras a las tienditas de abarrotes—, puede cruzar al otro territorio sin recibir un balazo.

Tras abrir la puerta, doña Ángela, una señora robusta que luce una cola de caballo, urge a los visitantes a que pasen rápido, no sin antes mirar a izquierda y derecha de la calle para asegurarse de que ninguna “oreja” los ha seguido. Ella, su marido, sus hijos y su nieto se están poniendo en riesgo: si la MS13 se entera de que están hablando con periodistas, las consecuencias serán brutales.

Una vez arriba, en el segundo nivel, esperan sobre un ajado sofá marrón Alexander, un espigado adolescente de 15 años, y su hermana Leticia, que acaba de cumplir la mayoría de edad. Tras subir por unas frágiles escaleras de hierro, doña Ángela llega algo jadeante al cuarto y pide a los periodistas que, antes de sacar las cámaras, se metan hasta el fondo de la habitación que apenas está iluminada por un foco de luz macilenta. Ahí estarán más seguros, dice maternal, lejos de la estrecha puerta que da a un pequeño balcón desde el que se observa a lo lejos el territorio prohibido de la 18.

—Si vieran las tirazones que a cada rato avientan de aquel lado… —suspira la señora apuntando con la barbilla hacia el río—. Acá tuvimos que poner losa porque las balas penetraban la lámina —apunta ahora la mujer hacia la frágil pared que separa la habitación del balcón.

La familia tiene poco de haber vuelto tras ser deportada de México. Alexander, que tiene el rostro envuelto en penumbras para proteger su identidad, cuenta que ha sufrido el “acoso” de “los 18” desde niño, debido a que la escuela a la que le toca ir está en “territorio enemigo”. Una situación que fue aprovechada por los mareros de su colonia como la oportunidad perfecta para tratar de reclutarlo.

—La MS13 me ofrecía "pisto" (dinero) y tenis nuevos. Y me decían: "Mirá, esto es una familia. Si aceptás entrar a la mara, ya nadie se va a meter con vos".

Un día antes, Melvin Martínez, otro activista de Casa Alianza que se encarga de identificar en las calles a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono y de vulneración de derechos, explicaba en otro recorrido con los periodistas por la colonia Los Pinos que el modus operandi narrado por Alexander es el "típico" que emplean las pandillas: ofrecer dinero y, sobre todo, la promesa de una "familia" que protege a los suyos.

"Con 5 mil o 6 mil lempiras (de 3 mil 900 a 4 mil 700 pesos, aproximadamente), los niños se emocionan. Luego les dan un celular y un arma, y desde ese momento ya son prisioneros de la mara. Y en el caso de niñas y adolescentes es todavía más delicado, porque si un pandillero se enamora de ella, la niña no puede decir no", expuso el activista.

De vuelta a la casa de Alexander, se le cuestiona qué hubiera tenido que hacer en el caso de que, finalmente, hubiera entrado a la Mara 13.

Ante el planteamiento, el adolescente encoge los hombros.

—Hacer de "halcón" —responde con naturalidad—. Vigilar a una persona para que luego la maten. O ir por las pulperías cobrando el impuesto de guerra.

Precisamente, otro de los motivos por los que huyó la familia fue la extorsión de Barrio 18: un día, cuenta doña Ángela, llegó un adolescente que tendría la misma edad que su hijo y le dejó "un papelito" con la indicación de que tenía que pagar 10 mil lempiras semanales (unos 9 mil 500 pesos) por tener abierta su tortillería.

—Primero, fue por escrito. Y luego, me dejaron dos balas sin usar.

Por si fuera poco, la hermana mayor de Alexander y de Leticia fue raptada a bordo de una camioneta cuando salía de su trabajo en un hospital de la capital hondureña. Los que se la llevaron, dice su madre, tenían tatuajes de la 18.

—La cerámica de mi baño es blanca. Pero cuando mi hija regresó a casa y salió de ahí… todo quedó manchado de rojo. No se sabe cuántos la violaron —cuenta doña Ángela, que rompe en llanto.

Ante esta triple agresión —el intento de reclutamiento, el cobro de extorsión y la violación—, doña Ángela y su familia huyeron. En las mochilas llevaban las denuncias selladas por la autoridad hondureña con las que irían directo a pedir refugio en México.

Pero nada de eso sirvió, lamenta Alexander: al poco de cruzar la frontera fueron detenidos en Chiapas, en un retén de Migración y de la Guardia Nacional. Y ni las denuncias, ni el hecho de que Alexander tenía 15, que Leticia también era menor de edad al momento de la detención, y que además migraban con un bebé, fueron suficientes para que pasaran por el nuevo sistema de protección de la infancia mexicano. Un sistema que, desde enero de 2021, obliga primero a otorgarles una visa humanitaria; luego, a enviarlos a un Centro de Asistencia Social del DIF o a un albergue de la sociedad civil, y por último, a mandarlos a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes.

En estas procuradurías, deberían haber analizado los casos de Alexander y de Leticia como menores de edad, y determinar si los remitían a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para que esta, a su vez, los analizara. Y ni ellos ni sus padres debían ser separados ni encarcelados en estaciones migratorias mientras durase el proceso administrativo.

—Cuándo Migración te detuvo, ¿no te enviaron a un albergue del DIF? —se le cuestiona a Alexander, que niega rotundamente con la cabeza.

—No, nos tuvieron encerrados en una habitación.

—¿No analizaron tu caso en alguna Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿No te hicieron un Plan de Restitución de Derechos?

—No —vuelve a responder tajante.

—¿Alguna autoridad te ofreció la posibilidad de pedir refugio?

—Tampoco. No me dijeron nada de eso.

A continuación, doña Ángela explica que los agentes federales se limitaron a decirles que los papeles que traían con la denuncia "no servían en México".

—No nos quisieron dar ni explicaciones —lamenta.

En tan solo tres horas, y sin pasar por el DIF, la Procuraduría, ni la Comar, fueron expulsados del país.

México los regresó a la colonia El Edén, al infierno de las pandillas.

Además, el nuevo sistema de protección emanado de la reforma tampoco se está aplicando. Esta investigación documenta que solo 19% de los casi 100 mil niños que el INM detuvo entre enero de 2021 y mayo de 2022 pasó por una Procuraduría de la Niñez. Mientras que en otros casos documentados por Animal Político, como el de Allan, de 17 años, sí pasaron por ese pequeño porcentaje que fueron atendidos en los DIF y Procuradurías, pero también acabaron deportados, a pesar de que tenían familiares en Estados Unidos y de que su vida de vuelta a colonias como la Centroamérica Oeste, en Tegucigalpa, corre peligro.

La organización civil Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) publicó en febrero de este año el informe 'Retos para la protección de la niñez y adolescencia en situación migratoria', en el que señala que las procuradurías no están haciendo de manera correcta los Planes de Restitución de Derechos de miles de niños, niñas y adolescentes migrantes, pues se trata de análisis superficiales que no ahondan en la situación del niño, ni en el contexto de violencia del que huye.

Animal Político tuvo acceso por transparencia a informes elaborados por Procuradurías de la Niñez. Y, efectivamente, corroboró que los análisis de los casos consisten en un párrafo donde, si el niño menciona que no corre peligro, es enviado sin mayor estudio al INM para su deportación sin pasar por la Comar.

"Lo que sucede es que ellos (las Procuradurías de la Niñez) no son expertos en el tema de protección internacional, ni en refugio. Ellos pueden intuir, creer, pero no tienen la atribución ni el expertise en refugio, y nosotros sí, pues a eso nos dedicamos", dijo Andrés Ramírez, titular de la Comar, al ser preguntado en entrevista por los menores de edad migrantes que pasan por las procuradurías.

La titular de una Procuraduría estatal de la Niñez, que pidió anonimato, coincidió con el funcionario federal: "Esa parte la debería llevar íntegramente la Comar, porque nosotros, por ejemplo, no sabemos qué pasa si regresamos los niños a su país. No conocemos a fondo cuál es la situación de las maras en Centroamérica".

Miedo al INM

Por otra parte, tanto el Imumi como Amnistía Internacional tuvieron acceso a Planes de Restitución de Derechos elaborados por procuradurías que son "deficientes", y en los que hay un "patrón de emisión que dicta en automático el retorno de niñas, niños y adolescentes alegando el principio de unidad familiar".

Sandra Mejía, abogada de infancia migrante en el Imumi, incluso señaló en entrevista que han detectado "machotes" de Planes de Restitución de Derechos con errores burdos, como que en una parte se señala que la nacionalidad del niño es una y en el texto del plan se menciona otra.

"Por la misma falta de operatividad de las procuradurías, y porque al INM le urge regresar a estos niños, lo que se hace en esos planes es un 'copia y pega'", admitió una persona que trabajaba en el INM con niñez migrante.

"Yo he visto planes —continuó exponiendo— que decían que se retornaran a listas completas de niños. De hecho, es muy raro que se hagan planes individualizados, como marca la nueva reforma de ley, porque el volumen de menores de edad detenidos es demasiado grande. Incluso, recuerdo que los primeros meses de la reforma lo que le decíamos a las procuradurías era: 'Hagan los planes como sea, porque nos urge regresar al niño a su país, aquí no se puede quedar'".

Sobre esto, tal como se expuso en la primera entrega de esta investigación, Animal Político documentó que procuradurías, tanto estatales como municipales en entidades como Veracruz, Chiapas, Tabasco o Michoacán, admitieron haber realizado más de mil 500 Planes de Restitución de Derechos "colectivos", violando la ley.

"Al final, todo es apariencia —concluyó la exfuncionaria del INM—. Tienes que hacer los planes para cumplir en el papel con la reforma, pero ya estamos viendo que ni se hacen, porque faltan muchísimos en comparación con las detenciones".

Gretchen Kuhner, directora del Imumi, también pone sobre la mesa otro punto importante: además de la falta de recursos y de personal para cumplir con la reforma, también hay falta de voluntad para aplicarla.

"Aún hay algunos procuradores de la niñez que tienen miedo de tomar decisiones, porque desconocen las atribuciones que tienen, y porque saben que si nada más llenan un 'machote' de un Plan de Restitución de Derechos, el INM va a estar encantado de ir a recoger al niño y retornarlo a su país. Entonces, ahí no solo es un tema de atribuciones, y de falta de infraestructura y capacitación, sino también de falta de voluntad política", subrayó.

Édgar Olvera, procurador municipal de la Niñez en Tenosique, Tabasco, corroboró en entrevista que hay procuradores que le "temen" al INM.

"Yo he tenido pláticas de 'empoderamiento' con otros procuradores en las que les he dicho: 'Se la tienen que creer'. Porque la misma ley lo está diciendo: ¡créetela! Créete el lugar y el poder que te están dando como procurador, porque si no te la crees, lo que va a pasar es que, en efecto, estás dejando que otras instituciones de gobierno decidan por ti, cuando la ley te exige que lo hagas tú".

Esdras Medina, de Casa Alianza, es testigo en las colonias híper violentas de Tegucigalpa de que todo lo anterior tiene consecuencias graves en el terreno.

"Los países de origen, tránsito y de destino no visualizan qué es lo que les sucede a estos niños y sus familias, y los deportan sin importarles qué pasa después. No son conscientes de que no pueden retornarlos a la colonia de donde huyeron por amenazas, y que deportarlos de nuevo ahí, es cortar de tajo sus sueños y poner sus vidas en peligro", sentenció.

Posdata: los niños migrantes de mañana

El balón corre por la cancha de cemento que está en el patio del albergue de Casa Alianza, en Tegucigalpa. Detrás de él, niños, niñas y jóvenes adolescentes corren con entusiasmo, lanzando gritos y haciéndose bromas.

Al observar a Beicel, una joven de 17 años alta, espigada y de ojos muy negros, nada hace sospechar que su sonrisa esconde una historia en la que se entremezclan un hermano asesinado por la mara, policías, balaceras, amenazas de muerte de una pandilla rival y una persecución que la ha desplazado a este oasis.

Cuando, después del juego, se le pregunta si piensa migrar a Estados Unidos o pedir refugio en México cuando cumpla la mayoría de edad y tenga que salir del albergue, la joven rompe a llorar. “Lo siento, lo siento”, repite afligida muchas veces. “Quería ayudarles, pero no puedo”, lamenta ante la mirada de Teresa Ortiz, la psicóloga de Casa Alianza, que explica que la mayoría de niños, niñas y adolescentes que atienden tienen historias tan brutales de persecución desde la infancia, que les cuesta mucho expresar sus emociones.

Así le pasa, por ejemplo, a Kevin, de 11 años, que ante la cámara niega haber tenido problemas con las pandillas, aunque su historia es espeluznante: tras negarse a ser reclutado por la mara, esta, como represalia, violó frente a él a su madre y a su hermana menor de edad, a la que dejaron embarazada. Ahora, Kevin está en tratamiento psicológico. Cuando se le pregunta si tiene pensado migrar, solo encoge los hombros y dice que aún no lo tiene decidido.

Nathaly, de 14 años, cuenta que lleva ya un año y dos meses en Casa Alianza, donde ha continuado con sus estudios y ha emprendido nuevas pasiones, como el diseño gráfico y de modas. Llegó acá huyendo de su ciudad natal, donde un pandillero violó a su hermana de 19 años. Su padre vive en Estados Unidos, pero ella dice que, por ahora, no tiene pensado migrar, aunque no descarta agarrar la mochila en un futuro para alejarse para poner su propio salón de belleza.

Emma, también de 14 años, explica que entró a la mara siendo una niña, luego de empezar a drogarse con cocaína y crack. Tras pasar por la etapa de hacer de “bandera” de la mara, la niña comenzó a vender droga por las calles de la colonia, hasta que un día se emborrachó y perdió un cargamento. La MS13 la castigó dándole una paliza y rapándole al cero la cabeza y las cejas.

En casa, las cosas no iban mejor: Emma comenzó a ser violenta con sus padres y hermanos, y su familia decidió sacarla lejos de la pandilla y enviarla a Casa Alianza. Su sueño, dice con una sonrisa que le achina los ojos, es ser cantante, y nada más asegurarlo se arranca a cantar con afinada voz aguda y pausada las letras de la canción "Disfruto", de Carla Morrison.

"Me complace amarte,
Disfruto acariciarte y ponerte a dormir…
Es escalofriante,

Tenerte de frente, hacerte sonreír…"
Cuando se le pregunta si tiene pensado migrar en un futuro, la niña se pone seria y mira hacia el suelo para decir que aún no lo sabe.

Una semana después de la entrevista, Emma se marchó del albergue.