Araceli recuerda los días en el penal de Santa Martha Acatitla como los peores de su vida.

Si tenía suerte, había noches que dormía en un rincón del cuarto que compartía con más de una decena de mujeres; otras lo hacía afuera, en una especie de patio trasero en donde el frío pegaba fuerte y los animales campaban a sus anchas.

“Había chinches por todas partes”, recuerda en entrevista.

Se bañaban con agua fría y turbia que a veces estaba llena de gusanos. Si quería hacerlo con agua limpia y caliente debía pagar 10 pesos por un bote de 20 litros. Y la comida era peor: “estaba cruda o echada a perder”, dice.

Los peores días de su vida sumaron dos años y diez meses.

Tiempo que pasó en el penal, aún cuando no estaba condenada.

Su caso inició cuando policías encapuchados entraron con violencia al centro nocturno donde trabajaba como cajera. Se la llevaron junto con otras 30 personas, acusada de ser parte de una red de tráfico de mujeres.

El delito de trata, por el que fue acusada Araceli, es uno de los que tienen prisión preventiva oficiosa, una medida que lleva al encarcelamiento automático de las personas mientras son investigadas.

En estos casos, ni siquiera es necesario que las fiscalías tengan concluidas sus investigaciones y estén listas para acusar. Encarcelan primero, y supuestamente investigan después, sin que las personas puedan exigir una alternativa para llevar sus procesos en libertad.

Dos años y 10 meses después de que le dictaron la prisión preventiva, Araceli recibió una llamada de su abogada de oficio. “Hoy mismo sales libre”, le dijo.

Esa noche le ordenaron firmar el amparo contra el auto de formal prisión que indicaba que dejaría la cárcel por falta de pruebas. No le dieron mayor explicación. “Y ya. Eso fue todo. Parecía como si nada hubiera pasado durante casi tres años. Solo me dijeron ‘firma aquí, y aquí, y vete. Eres libre’”.

La prisión preventiva oficiosa ha sido condenada a nivel internacional por violar derechos humanos. Pero en 2019, en lugar de buscar su eliminación, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Esta reforma ha tenido un resultado desigual y ha afectado más a las mujeres.

En proporción, son más las mujeres que los hombres que están en la cárcel acusadas de cometer delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de “delitos graves”, como los llama el presidente. Para el fin de 2019, por ejemplo, de las mujeres en prisión preventiva, las que estaban acusadas por estos delitos ascendió ya al 50%, seis puntos por encima de los hombres.

Así como más mujeres entran a prisión sin haber sido condenadas que hombres, también son más las que acaban saliendo sin que se les haya podido comprobar el delito, como Araceli.

Por ejemplo, según el Censo del Sistema Penitenciario, el año pasado, 4 de cada 10 hombres que salieron de prisión lo hicieron habiendo sido condenados. En mujeres, apenas 2 de cada 10 estaban en esta circunstancia. El resto fue absuelta, accedió a soluciones alternativas o simplemente fue liberada, sin más.

Con la reforma de 2019, las mujeres se quedan sin opciones

Las mujeres siguen representando menos del 10% de toda la población penitenciaria, pero lo que ha sucedido con ellas es especialmente grave si se compara la proporción de las que están en la cárcel con condena, frente a las que son inocentes en prisión preventiva.

Para empezar, desde que se aprobó la reforma sobre prisión preventiva oficiosa, en abril de 2019, y hasta agosto de este año, que es el último mes para el cual hay datos, el número de mujeres que está en la cárcel con una condena apenas ha crecido en un 2.4%. Pero el número de mujeres en prisión preventiva ha crecido en un 37%. Si bien en los hombres se ve una tendencia similar, el aumento de aquellos en prisión preventiva apenas ha sido del 21%. La rapidez, en otras palabras, con la que las mujeres en prisión preventiva han crecido ha sido de casi el doble que los hombres.

El resultado es que hoy en la cárcel son más las mujeres inocentes que las condenadas. Algo que no ocurre con la población penitenciaria de hombres. Por ejemplo: para agosto de este año, del total de hombres privados de la libertad, el 42.3% estaban ahí sin haber sido condenados. ¿En el caso de las mujeres? El porcentaje asciende a 52.3%.

Tomando agosto de este año como referencia, esta disparidad puede verse en 31 de los 32 estado del país y nivel federal: siempre, en proporción, hay más mujeres en prisión preventiva que en hombres. Hay entidades en las que la brecha es inmensa, como es el caso de Baja California Sur, en donde de las mujeres encarceladas, el 70.6% no tenían condena, en comparación con el 44.4% de los hombres.

¿Cómo se explica esto? La clave está en los niveles de encarcelamiento de mujeres por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que son justamente los que se ampliaron en la reforma aprobada en 2019.

Un cálculo hecho por Intersecta, a partir de los datos de los censos nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios de Inegi, arroja que en 2019 la proporción de los delitos atribuidos a las personas en prisión acusadas por conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa alcanzó el 44.3%, siete puntos porcentuales más que el año anterior a la reforma.

Pero al revisar sólo los casos de mujeres, el crecimiento es mucho mayor: el universo de las que están en prisión preventiva automática llegó al 50.3% en 2019, cuando cuatro años antes, por ejemplo, era de 36.2%. Es una diferencia de 14 puntos. El doble.

Esto incluye a mujeres como Araceli, acusadas de trata.

También incluye a mujeres como Guadalupe, encarcelada preventivamente por que se le estaba investigando por ser cómplice de la violación de su propia hija.

O mujeres como Viridiana, que fue enviada a prisión preventiva por actos de tráfico de personas sin documentos, dinero de procedencia ilícita y hasta delincuencia organizada.

En los tres casos, las mujeres fueron absueltas.

“Lo que estamos viendo una y otra vez es que, cuando hay una opción entre ir o no a prisión, las mujeres son más beneficiadas: tienen más acceso a salidas alternativas, por ejemplo, o son más absueltas. Pero la prisión preventiva oficiosa justo impide que haya una opción. Te vas a la cárcel, porque te vas a la cárcel, sin importar tu contexto. Impide que se juzgue con perspectiva de género,” dice Estefanía Vela, directora de Intersecta.

“Las mujeres son el ejemplo perfecto de un sistema que, al final, te va a absolver, que no te va a poder probar un delito porque la impunidad prevalece; pero que, en lo que te absuelve, ya pasaste seis meses, un año, dos o más en la cárcel”, apunta.

Falsos resultados, la impunidad sigue

Viridiana estuvo encarcelada durante dos años en un penal de Tepic, Nayarit y después la trasladaron a Morelos, en donde permaneció dos años y un par de meses. Cuenta que cuando le notificaron que había sido absuelta y que sería puesta en libertad, le entregaron un tríptico del Instituto de Reinserción Social de la CDMX. En este lugar la ayudarían para recuperar su vida y encontrar un empleo, le dijeron.

“Cuando salgo me doy cuenta de que había perdido mi casa, que el gobierno aplicó la extinción de dominio sin que yo hubiera sido sentenciada. Lo perdí todo”, lamenta.

Uno de sus hermanos le prestó dinero para el pasaje y que pudiera ir al Instituto de Reinserción Social de la CDMX.

“Llego y me dicen: ‘sí, fíjate que sí te podemos apoyar, ¿en cuál reclusorio estuviste, en Santa Martha?’, cuenta que le preguntaron. “No, sí soy de la Ciudad de México, pero estuve en una prisión federal, en Morelos”. Entonces le negaron el apoyo, pues, le explicaron, el programa se enfoca solo en personas que salen de penales de la capital del país.

En ese momento solo sintió que, para ella, habría pocas oportunidades para salir adelante. Fueron más de cuatro años en prisión, la absolvieron, la declararon inocente, pero el daño estaba hecho.

“Empecé a ver la forma de buscar trabajo, pero tenía delincuencia organizada. Los antecedentes nunca se quitan. Aunque salgas absuelta, vas a traer esa marca”, dice Viridiana.

Ángela Frías, experta penalista, dice que el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa es para dar un falso mensaje de “buenos resultados”.

“Es la medida cautelar más usada, un poco en este afán de decir estoy dando buenos resultados: ‘todos miren, todos están en la cárcel’. Entonces, la sociedad percibe que si la gente está en prisión, ah, entonces ya se acabó la corrupción, ya se acabaron los delitos, ya está encerrado, ya está pagando. Y la verdad es que esto no ocurre así, porque muchas personas que están siendo investigadas y fueron vinculadas a proceso, ni siquiera llegan a sentencias condenatorias”, explica.

La reforma para ampliar los delitos de prisión preventiva fue promovida por el presidente López Obrador como una solución para disminuir los crímenes en el país y acabar con la impunidad.

Los datos muestran una realidad muy distinta: una mayoría de personas sin condena son las que llenan las cárceles y, en el caso específico de las mujeres, muchas de las que pudieran llevar su proceso en libertad, ahora tienen que sobrevivir meses o años en prisión antes de ser absueltas.

Pero, además, la impunidad prevalece. Según información pública que entregaron 21 estados, de enero de 2019 a junio de 2021 se iniciaron 3 millones 767 mil 423 carpetas de investigación por delitos denunciados ante las Fiscalías. Pero en el mismo periodo se resolvieron 177 mil 514 casos en juzgados, ya sea con sentencias o salidas alternas.

Apenas el 4.7% de los casos.

Aún con el encarcelamiento acelerado de presuntas culpables, el histórico 95% en niveles de impunidad continúa.