Se carece de información completa y actualizada que permita conocer los delitos por los que las personas están en prisión, y cuál es el estatus de cada caso. La mayoría de los estados no responde pese a sus obligaciones de transparencia en información pública.

Conocer la situación en la que están las personas en las cárceles en México –desde los delitos por los cuales se le acusa o si ya fueron sentenciados, hasta si padecen alguna enfermedad o se han contagiado de COVID-19—, es una tarea prácticamente imposible en el país.

Datos incompletos o contradictorios, estadísticas disponibles solo con meses o años de retraso; falta de metodología sobre cómo se registran y se procesan los conceptos; o de plano que no existen porque no se miden, son el común denominador de la información sobre prisiones que debería ser pública.

La investigación que Intersecta y Animal Político realizaron para conocer el efecto de la prisión preventiva, se encontró con este tipo de obstáculos que impiden mostrar una fotografía completa y actual de las condiciones en que se encuentran el 100% de las personas encarceladas en el país.

Los datos más completos son los que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus censos y encuestas, sin embargo, con meses o años de retraso. Por ejemplo, el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2021 apenas se presentó esta semana, pero con datos que corresponden a 2020. O la Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad que se presentará en diciembre, cinco años después de la última edición que fue en 2016.

El Inegi se apoya en la información que entregan los mismos estados. Sin embargo, en el desarrollo de este reportaje destacó que los datos que se entregan en respuesta a solicitudes de transparencia difieren de los que se reportan ante el Inegi, pese a que la fuente es la misma.

Y hay casos extremos como el del Estado de México, que no dio respuesta a ninguna de las 11 solicitudes de información que Intersecta le envió a su poder judicial, a su autoridad penitenciaria y a su dependencia de salud. Otros estados sí responden, pero predominan los datos incompletos o en formatos que no permiten procesarlos.

“Ninguno de los mecanismos al alcance de la ciudadanía fue suficiente para conocer la situación de las personas en prisión. Ni la transparencia activa (la obligación que de por sí tienen las autoridades de informar), ni la proactiva (la responsabilidad de hacerlo frente a una situación de crisis), ni la reactiva (nuestro derecho a preguntar y su obligación de responder) nos permite lograr este objetivo”, se concluye en el informe "Sin datos, ni derechos" de Intersecta y el Programa de Política de Drogas del CIDE.

Preguntas sin respuesta

Para conocer la situación jurídica en la que se encuentran las personas encarceladas en México, Animal Político envió 32 solicitudes de información a los poderes judiciales de los estados y una más al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se pidió información desglosada sobre vinculaciones a proceso, prisiones preventivas otorgadas y por qué delitos, salidas alternas y procedimientos abreviados, sentencias condenatorias y absolutorias, entre otros.

Solamente 21 de las entidades federativas y el CJF respondieron con datos que fue posible procesar. El resto de las entidades o no respondieron la solicitud, o entregaron informes distintos a los que se les requirieron.

Pero, además, entre los estados que sí entregaron información hubo varios que no lo hicieron de manera completa. Por ejemplo, solo doce entregaron algún desglose de los delitos por los cuales ampliaron prisiones preventivas o se dictaron sentencias. Y sólo cinco entidades diferenciaron entre prisiones preventivas justificadas y las oficiosas.

El Poder Judicial de Ciudad de México es el que entregó las bases más amplias y detalladas de información, aunque se identificaron errores e incongruencias. Por ejemplo, los datos de prisión preventiva que entregó triplican en algunos casos a las personas que realmente están en esa situación en cárceles de la ciudad.

El organismo explicó que los datos pertenecen a casos y no personas —y que una persona puede tener varias prisiones preventivas—. Aun así, y gracias a un número de identificador que se le asignó a cada caso, se pudo advertir que hay muchos registros repetidos.

Por otro lado, se enviaron solicitudes a los 32 estados requiriendo diversos datos sobre sus defensorías públicas, desde presupuestos y salarios, hasta el número de defensores y los asuntos que atienden. Esto de 2016 a la fecha. En todos los casos se trata de información de carácter público y comprendido dentro de las obligaciones de transparencia.

Pero sólo 16 entidades, la mitad, entregaron los datos que se solicitaron, aunque la mayoría de ellos incompletos. Por ejemplo, nueve defensorías no proporcionaron datos sobre sus presupuestos, y cuatro estados tampoco respondieron sobre los salarios de sus defensores de oficio.

Intersecta envió 364 solicitudes de información a todos los estados y a nivel federal para conocer desde la situación jurídica de las personas en prisión, hasta las medidas implementadas por la pandemia de COVID-19, la vacunación en los centros, los decesos, entre otros. En promedio fueron hasta 11 solicitudes por cada una de las entidades federativas.

La conclusión es la misma: la mayoría de los estados no entregaron la información completa. Muchas entidades, aunque sí aportaron datos, no lo hicieron en formato abierto, por ejemplo, lo que impide procesar los datos y compararlos.

El Estado de México es el foco rojo, al no haber contestado ni una de las once solicitudes que se enviaron. En cambio, Sonora fue el único estado que atendió todos los requerimientos. Los organismos federales como el Poder Judicial o la Secretaría de Salud atendieron diez de las once solicitudes. Oaxaca, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí entregaron datos en un promedio de 6 a 8 solicitudes.

“El resto de las entidades federativas, que suman 21, fueron incapaces de responder completamente a cinco o más solicitudes. Entre ellas destacan Hidalgo, que de las tres solicitudes a las que dio respuesta, las tres fueron respuestas incompletas, y Querétaro, que únicamente ofreció la información de manera completa para una de las siete solicitudes a las que respondió”, destaca el informe de Intersecta.

La organización también identificó que aún dentro de la misma entidad existen contradicciones o datos incompletos entre lo que, por ejemplo, informaba el poder judicial, de lo que reportaba la fiscalía o la autoridad responsable de los centros penitenciarios.

A todo ello se añade que debido a la pandemia sanitaria hubo suspensiones de plazos para responder solicitudes. Y mientras hubo estados donde dichas suspensiones se extendieron hasta por seis meses, en otros como Oaxaca las restricciones continuaron hasta entrado el 2021.

“El ejercicio del derecho de acceso a la información pública a través de la realización de solicitudes no es consistente, ni siquiera, dentro de las entidades federativas. Es decir, en un mismo estado, es posible que haya ciertas autoridades que sean capaces de procesar las solicitudes de acceso a la información pública de una manera expedita y adecuada, mientras que otras autoridades no cuenten con la capacidad técnica para darles seguimiento”, añade Intersecta.

Informes públicos… pero lentos e incompletos

Diversas instancias federales y locales publican proactivamente datos relacionados con las personas en prisión y la situación en las cárceles, sin necesidad de que haya solicitudes previas. Esto en cumplimiento con disposiciones y obligaciones de las leyes de transparencia. No obstante, dicha información también presenta diversas deficiencias.

Por ejemplo, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social elabora el cuaderno mensual de estadística penitenciaria donde se incluyen datos relacionados con la cantidad de personas presas, si cuentan o no con sentencia, en que centros penitenciarios se ubican, entre otros. También se revela cuántos incidentes hay en cárceles y la cifra de reos que fallecieron.

Sin embargo, con frecuencia no se publican con la oportunidad suficiente o se hace con dos a tres meses de retraso. Los documentos tampoco incluyen, por ejemplo, información de los delitos por los cuales las personas están presas, o la causa de muerte de los internos.

El Inegi cuenta con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad (ENPOL) para conocer diversas situaciones de las personas presas, como el trato recibido. Pero la única edición disponible corresponde a 2016 y será hasta diciembre de este año cuando se actualicen los datos.

“Desde hace al menos una década contamos con datos sobre los centros penitenciarios y sobre las personas privadas de la libertad en nuestro país. Esta información, sin embargo, no es suficiente para conocer a detalle quiénes son las personas privadas de la libertad o por qué razón se encuentran en prisión”, dice Intersecta.

Animal Político también identificó deficiencias en los datos que los órganos penitenciarios, las fiscalías y las defensorías públicas deben de dar a conocer en la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque existen categorías para identificarlos fácilmente, los vínculos a los que se redirige a la persona generalmente no sirven o cuenta con información obsoleta.

¿Y los datos de la emergencia?

Luego de la irrupción de la crisis sanitaria por COVID-19 diversas instancias y dependencias oficiales impulsaron iniciativas para generar información en torno a la velocidad de los contagios y su impacto. En dichos esfuerzos las cárceles quedaron, de nueva cuenta, en un segundo plano.

Por ejemplo, aunque el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) diseñó desde el año pasado un micrositio para dar a conocer datos de interés sobre la pandemia y respuestas a solicitudes realizadas, no se ofreció información sobre los centros penitenciarios ni las personas. Como tampoco lo hizo ningún gobierno.

Quien sí comenzó a generar información periódicamente fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través del “Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios”. Periódicamente se comenzó a informar sobre casos sospechosos y confirmados, así como riñas y decesos.

Sin embargo, los datos presentan problemas y deficiencias que no permiten un análisis más completo. Por ejemplo, no se difunden a través de datos abiertos, y ni siquiera como un informe en la página de la CNDH. Por el contrario, se da a conocer a través de redes sociales solo con imágenes cuyas variables, en ocasiones, sufren modificaciones.

Intersecta además identifica que a esos datos les hace falta mayor nivel de desagregación. Por ejemplo, en lo relacionado con contagios, decesos y vacunas los datos solo se presentan en informes por estado, pero no por centro penitenciario, lo que impide a su vez ver la posible correlación del fenómeno con los niveles de hacinamiento en ciertas prisiones.

“Ante una situación de emergencia, el derecho de acceso a la información se vuelve fundamental para conocer qué está pasando y cómo está impactando de manera desproporcionada, o no, a ciertas personas. Por ello, era crucial que el Estado informe sobre los efectos de la pandemia dentro de los centros penitenciarios, espacios que desde un inicio se alertó contaban con condiciones que podrían ser mortales para las personas en situación de reclusión”, indica el informe de Intersecta.