Gabriela pasó seis meses en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de robar 100 pesos. En el Ministerio Público le dijeron a ella y a su entonces pareja —a quien también detuvieron— que los mandarían a prisión porque habían cometido un robo con violencia. Su abogado de oficio, con cientos de casos más por atender, le sugirió declararse culpable para recibir una sentencia mínima, aunque el denunciante nunca volvió a presentarse y ella asegura que es inocente. Todavía le faltan dos años más de ir a firmar cada mes al reclusorio, y aún hoy le debe a su hermano los 5 mil pesos que le prestó para la multa que le impusieron.

Viridiana tuvo peor suerte. Pasó 4 años y seis meses en penales federales señalada de tráfico de personas, dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que ameritan prisión preventiva automática. También detuvieron a su mamá. Las dos fueron declaradas inocentes.

Guadalupe estuvo dos años y dos meses en prisión preventiva, acusada de ser cómplice de la violación de su propia hija. Cuenta que tuvo que aprender de leyes mientras estuvo en la cárcel, porque después de pagar un abogado particular que nada resolvió, turnaron su expediente a uno de oficio que no conocía el caso y poco hizo para defenderla. Enfrentaba una posible pena de 40 años, así que ella misma diseñó su defensa y recopiló pruebas, hasta que demostró su inocencia. Fue absuelta.

La cárcel es la regla

Aunque estos casos pudieran parecer extremos o únicos, las estadísticas oficiales muestran que no lo son: de las 108 mil 655 personas encarceladas el año pasado, al 85% no se les había probado que hubieran cometido algún delito. Solo se les aplicó la prisión preventiva: vas a la cárcel mientras termina la investigación y ocurre el juicio.

Como a Gabriela, Viridiana, Guadalupe.

Si al final se te declara inocente, ganas un “usted disculpe”.

Es decir, en México, hoy se puede encarcelar a cualquiera, aunque no se haya comprobado que cometió un ilícito. Basta una denuncia, una indagatoria inconclusa, un arma en supuesta posesión del imputado y pruebas mínimas para que un juez decrete prisión preventiva.

Y en este gobierno, la cifra de personas que así terminan en la cárcel se ha disparado.

En 2020 la tasa de personas privadas de su libertad en México creció 3.1%, que equivale a 14 mil internos más en comparación con los que había un año antes.

Es el mayor crecimiento anual de población penitenciaria en 15 años, impulsado por ese encarcelamiento sin investigación, juicio, ni sentencia.

La prisión preventiva oficiosa como medida cautelar ya existía en México, pero en 2019 una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada en el Congreso por una oposición dividida, pero por legisladores de todos los partidos, sirvió para ampliar a 20 los delitos por los que se puede aplicar.

Es decir, se puede encarcelar a alguien de forma automática al ser señalado de haber cometido uno de los delitos de la lista.

El costo de la reforma en Ciudad de México, por ejemplo, es que el 100% de las personas recluidas en prisión durante 2020 no tuvieron un juicio, ni se les probaron los delitos. Solo prisión preventiva.

En Oaxaca es aún más crítico, porque van dos años —2019 y 2020— en los que solo han sido recluidos en la cárcel presuntos culpables, ninguna persona que haya cometido un delito probado.

La prisión preventiva, que debería ser la última de las 14 excepciones que la ley contempla para limitar el movimiento de una persona inocente que enfrenta un proceso, en realidad se ha convertido en la regla: en todos los estados se encarcela cada vez más con este pretexto.

Y la autoridad lo celebra. Apenas el 14 de octubre pasado, la fiscalía de la CDMX presumió que cada día 63 personas van a la cárcel gracias a la prisión preventiva. Esas 63 personas permanecerán encarceladas mientras se realiza el juicio. Y si tienen la mala suerte de Viridiana podrán pasar 4 años y medio en prisión y al final recibir un “usted disculpe”.

Crecimiento acelerado

Las cifras de los poderes judiciales de 21 estados —el resto se negó a entregar información— muestran que las prisiones preventivas dictadas en 2019 y 2020 crecieron 25.5% respecto a las de dos años antes de la reforma.

Y a nivel federal el disparo fue del 26.4%.

¿La primera consecuencia? El crecimiento sostenido de la población penitenciaria. En 2019, por primera vez en cinco años, se encarceló a más personas de las que se liberó. Y lo mismo pasó en 2020, con todo y crisis sanitaria por COVID-19.

Al revisar a detalle los datos del aumento en población penitenciaria, resulta que el crecimiento ocurrió solo en las personas recluidas sin sentencia, con una tasa que pasó de 86.9 personas presas por cada 100 mil adultos en enero de 2019, a 106.4 al corte de agosto pasado, 22.4% más.

En contraste, la tasa de personas privadas con sentencia —es decir, a quienes ya se les probó que cometieron un delito— se mantuvo estable pasando de 141.6 a 141.7 durante este mismo periodo.

Y no solo eso. Los datos de esos 21 poderes judiciales permiten estimar que entre enero 2019 y julio de este año, apenas el 18.2% de las personas que están en la cárcel tienen un juicio, pues hubo 24 mil 957 condenas tras juicios orales, contra 136 mil 918 prisiones preventivas.

Si lo vemos a nivel federal, con los datos del Consejo de la Judicatura Federal, la situación es mucho más alarmante. De 2017 a la fecha se han dictado 18 mil 153 prisiones preventivas y solo 753 han recibido una sentencia en juicio: apenas el 4.2%.

“En su momento distintas colectivas, personas e incluso autoridades internacionales advirtieron que la reforma no reduciría la violencia y no reduciría la impunidad, solo aumentaría el número de personas en prisión preventiva. O sea, ni aumentó el número de personas condenadas, ni empezamos a mejorar el trabajo de las fiscalías”, subraya Estefanía Vela, directora de Intersecta.

Ni se reduce la violencia ni baja la impunidad, lo confirman los datos.

Prisión a destajo, evidencia sembrada

Araceli, originaria de Hidalgo, fue detenida y puesta en prisión preventiva durante 2 años y 10 meses, señalada de pertenecer a una banda de tratantes de mujeres.

La detuvieron una madrugada mientras trabajaba como cajera en un centro nocturno en la zona centro de la CDMX. Además de ella, se detuvo a 30 personas más: entre meseros, lavadores de losa y baños, seguridad y conserjes.

Una noche, después de haber sobrevivido una jornada más en prisión, recibió la llamada de su entonces abogada de oficio que le dijo que se preparara porque saldría libre. Y así fue. Sin más.

“Te vas libre. En el amparo al auto de formal prisión sale que te vas libre por falta de elementos para procesar”, narra Araceli. “Como si nada hubiera pasado durante casi tres años… ‘firma que ya te notificamos y te vas libre’”.

A Araceli la acusaron de delitos que son considerados “graves” y que, por lo tanto, ameritan prisión preventiva sí o sí. Pero los datos obtenidos para esta investigación muestran que la prisión preventiva va en ascenso aún cuando no entren en esa categoría. En el caso de robo, lesiones, portación de arma o de drogas al menudeo, la cifra de personas encarceladas sin que se les haya probado el ilícito supera a la de condenados.

Gabriela, a dos años de distancia de su encarcelamiento por un robo de 100 pesos, explica que una parte fundamental que originó la pesadilla que vivieron ella y su entonces pareja fue que policías los acusaron de que el supuesto robo se cometió con un cuchillo.

Cuenta que se sintió impotente, que poco importó que en la audiencia inicial del caso negara ante el juez que el arma fuera suya, o que pidiera que le mostraran pruebas. Nadie la escuchó.

“Yo pedía que presentaran las cámaras de videovigilancia, porque sabía que con eso me iba absuelta para mi casa. Pero nunca llegaron esas pruebas”, reprocha Gabriela.

Datos del Poder Judicial de la Ciudad de México —en dónde el año pasado solo se encarceló a presuntos culpables—, muestran que 6 de cada 10 personas a las que se les dictó prisión preventiva fue por acusaciones de robo, principalmente a transeúnte, y por narcomenudeo.

Pero aún cuando son delitos menores, hay testimonios —como el de Gabriela— que acusan a los policías de ‘agravar el delito’ sembrando un arma para decir que lo hicieron con violencia.

De esta forma ya no hay necesidad de probar mucho más. Van directo al reclusorio.

Los datos obtenidos con solicitudes de información pública muestran que la prisión preventiva no era a principios de 2019 la medida cautelar que más se aplicaba en delitos de drogas o robo. De hecho, representaban apenas el 25% de las medidas cautelares para las personas procesadas por esos delitos.

Pero al cierre del año pasado, este porcentaje ya se había duplicado.

La experta penalista Ángela Frías Acevedo, que ha litigado activamente en el actual sistema penal, advierte que, si bien la Constitución avala la prisión preventiva incluso automática, aplicarla a destajo resulta violatorio de convenciones internacionales de derechos humanos, pues, en los hechos, se está encarcelando a inocentes por millares sin un juicio.

Los datos del Poder Judicial de la Ciudad de México, la segunda entidad con la mayor cantidad de personas presas en el país, muestran que en 2018 los jueces dictaron 7 mil 781 prisiones preventivas, pero para 2020 ya fueron 10 mil 081.

Y de las 14 mil prisiones preventivas extra, el 60% corresponden a robos y narcomenudeo.

Los encarcelamientos por robo aumentaron de 6 mil 217 a 9 mil 928. Y en el caso de los presuntos culpables que terminaron en prisión por traer drogas, el crecimiento es mucho más dramático: de 597 casos se pasó a 4 mil 927; un disparo del 725%.

“Muchas veces se cree que si tenemos 20 carpetas de investigación y tenemos 20 detenidos, entonces hay efectividad y no hay impunidad, cosa que evidentemente no ocurre así”, explica la penalista Ángela Frías.

Ella reitera que la prisión preventiva no es más que una medida cautelar para garantizar que una persona que sigue siendo inocente esté presente en un proceso y que no represente un riesgo para las víctimas.

Por eso debería usarse solo en casos extremos, cuando haya un riesgo real de fuga, por ejemplo. Pero las autoridades, hoy lo venden como si fuera sinónimo de justicia.

Si quieres leer más sobre el aumento de la prisión preventiva en los últimos años, en el contexto de la pandemia, lee el informe “La condena sin sentencia” de Intersecta y el Programa de Política de Drogas del CIDE.