Uno de cada tres internos que fallecieron eran personas presas a las que no se les había probado un delito. Es decir, murieron siendo legalmente inocentes.

El 2020 fue un año letal para las personas encarceladas en México. El número de personas en prisiones aumentó y el de egresos fue el más bajo en una década, lo que provocó que se aumentaran también los decesos de internos.

En 2020 la pandemia del coronavirus disparó la muerte en todo el país, dentro de las cárceles la letalidad también se incrementó. Ese año, 870 internos fallecieron en las cárceles del país, lo que significa un aumento de más de 131% respecto a lo registrado apenas un año antes, cuando habían perdido la vida 376 personas, según datos de los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria.

A nivel nacional el incremento de muertes fue de 45%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque los datos mensuales que publica el organismo responsable de la política penitenciaria no permiten identificar las razones de los decesos, los números revelan que 2020 fue, por mucho, el año más mortífero para las personas presas en el país en el siglo XXI.

La segunda cifra anual más alta de decesos se registró en 2011, cuando se reportaron 610 personas privadas de la libertad fallecidas, que son más de 250 muertes por debajo de lo que se registró el año pasado.

Por estado, en 24 de las 32 entidades las tasas de decesos de internos en los penales son las más altas de los últimos 14 años. Los penales de la Ciudad de México acumulan la mayor proporción de los decesos registrados: el 21% del total ocurrieron justamente en la capital.

En el primer año de la pandemia - entre marzo de 2020 y abril de 2021 - murieron mil 44 personas encarceladas. De ellos, 326 fallecidos estaban en prisión preventiva, lo que revela que prácticamente 1 de cada 3 personas muertas en la cárcel durante la pandemia era inocente, pues no les habían probado todavía que habían cometido un delito.

La ecuación al revés

Contrario a lo ocurrido en otros países donde se implementaron acciones para despresurizar sus cárceles ante el alto riesgo de contagio de COVID-19, en México la estrategia fue la contraria: más de 100 mil personas ingresaron en 2020 a las prisiones, la mayoría sin probar que eran culpables. Al mismo tiempo los egresos disminuyeron casi 11%.

Este aumento en la población penitenciaria comenzó en 2019 con la aprobación de las reformas que ampliaron los delitos de prisión preventiva automática, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El año pasado ingresaron a todas las cárceles federales y locales del país 108 mil 655 personas, mientras que los egresos fueron apenas 91 mil 635, según datos del Inegi, la cifra más baja en lo que va del siglo. Esto provocó que la brecha entre ingresos y egresos fuera de 17 mil 20 internos en total.

De acuerdo con especialistas de Intersecta, uno de los fenómenos que explica la diferencia entre ingresos y egresos fueron las decisiones políticas que se tomaron durante la pandemia: se mantuvieron funcionando casi en total normalidad los juzgados de control responsables de dictar las prisiones preventivas, pero se pararon actividades por varias semanas de los juzgados de ejecución que son los que dan luz verde a las liberaciones.

“Esto te dice muy claro cuales eran las prioridades aun en la pandemia. Era mantener funcionando el sistema responsable de meter a la cárcel a personas en prisión preventiva, pero no así a la otra parte que eran los encargados de liberar a los internos” dice Estefanía Vela, directora de Intersecta.

Aunque se buscaron soluciones como la ley de Amnistía resultaron un fracaso: para diciembre de 2020 no se había conseguido liberar con ella a ninguna persona presa, pero la cifra total de personas privadas de la libertad ya traía un incremento de más de 14 mil respecto a lo registrado en enero.

Con esta ley solo se ha logrado liberar a cinco personas, ninguna de ellas en 2020.

Este aumento terminó con la tendencia que se había logrado mantener por cuatro años. Entre 2015 y 2018 salieron de las cárceles más personas al año de las que ingresaron, lo que permitió ir aliviando los niveles de hacinamiento y sobrepoblación que había en las prisiones del país.

El problema fundamental, reconoce Vela, es que disposiciones como la Ley de Amnistía u otros anuncios que se han hecho para liberar personas no pueden beneficiar a aquellas detenidas por delitos de prisión preventiva oficiosa, los cuales a iniciativa del gobierno y con el apoyo del Congreso cada vez son más amplios. En consecuencia, son medidas que resultan inútiles para frenar los crecientes encarcelamientos.

Prisiones sin datos ni planes ante COVID

Entre abril y noviembre de 2020 murieron por COVID 143 personas privadas de su libertad en penales locales y federales de 23 estados. 60 de esos decesos, que equivalen a más del 40%, se registraron solo en las cárceles de Ciudad de México, uno de los estados con mayores tasas de muertes y contagios.

Casi el 50% de los internos fallecidos por este virus tenían más de 60 años de edad; un 30.5% eran de 50 a 59 años. Le siguen los de 30 a 39 que acumularon el 8.5% de los decesos, según información entregada por 23 estados a través de solicitudes de información.

De acuerdo con Intersecta estos datos, aunque dan algunas pistas del perfil y sitios de ocurrencia de los decesos, resultan incompletos para presentar una radiografía completa del impacto del COVID-19 en las cárceles.

Aunque se solicitó vía transparencia, a todos los estados y la Federación, el número de personas en prisión que murieron por la COVID, 10 no respondieron: Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco, Tabasco y Zacatecas.

En cuanto a contagios, los datos proporcionados por las entidades permiten estimar que a lo largo de 2020 hubo cuando menos tres mil contagios de esta enfermedad dentro de las cárceles del país. “Considerando las tasas bajas de pruebas en la mayoría de los estados, es muy probable que esta cifra sea más alta”, advierte Intersecta.

También se solicitó a todos los estados conocer sus planes, estrategias y/o fechas de vacunación. Hubo siete estados que no respondieron nada, entre ellos nuevamente el estado de México, Puebla e Hidalgo.

El común denominador de los que sí respondieron fue la falta de cualquier estrategia específica de vacunación al interior de los centros penitenciarios y de información en general. No se obtuvo ninguna estimación, cálculo, certeza plan concreto relacionado con la inmunización de las personas presas.

“Lo que podemos afirmar con esta investigación es que, a pesar del impacto de la pandemia en las personas privadas de la libertad, no se consideró, en ningún momento, que ameritaban una política de vacunación urgente y específica. Y que, como sea que haya ocurrido el proceso de vacunación, este no fue parte de un plan detallado. Ocurrió como se pudo, cuando se pudo”, concluyó el análisis de Intersecta.

Si quieres leer más sobre los impactos del coronavirus en la salud de personas privadas de la libertad, lee el informe “Impactos desproporcionados” de Intersecta y el Programa de Política de Drogas del CIDE.