En las estadísticas del Ejército ya no se habla de los civiles muertos. Han desaparecido del discurso oficial y simplemente no hay manera de conocer con exactitud esas cifras.

Desde hace cuatro años, cuando inició la administración de Enrique Peña Nieto, esta institución ha decidido no informar sobre el número de muertes civiles, ya sean de personas ajenas a grupos criminales o abatidos en enfrentamientos armados. Solicitudes de información que Animal Político y otros ciudadanos realizaron a esta institución lo confirman.



Por ejemplo, al revisar la información se puede observar que en las cifras de civiles fallecidos a manos del Ejército no aparecen las 22 personas que murieron el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México. Todos los militares que fueron encarcelados por ese tema están libres, aunque según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15 de esos civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.

Tampoco aparece registrada la muerte de un policía comunitario en el poblado de Antúnez, Michoacán, ocurrido el 13 de enero de 2014, cuando un soldado disparó “por accidente” contra el integrante de un grupo de autodefensa local que en esos momentos estaba desarmado. Como estos dos ejemplos, hay varios más.

Al ser cuestionado sobre este tema el Ejército ofrece las cifras de los decesos que ocurrieron en el sexenio anterior —el de Felipe Calderón—, pero se niega a ofrecer las de este sexenio.

¿Cifras ocultas?

El 10 de octubre Animal Político le preguntó al Ejército, a través de una solicitud de transparencia, el monto pagado por concepto de indemnizaciones a familiares de víctimas fallecidas en los 10 años de la guerra contra el narco, así como el número total de decesos.

En la respuesta institucional el Ejército se limitó a informar sobre los recursos erogados por la muerte de 12 civiles entre 2008 y 2011, pero omitiendo los datos de la presente administración.

La información oficial sobre ese tema, sin embargo, no es del todo inexistente. El Ejército ha reconocido en otras solicitudes de transparencia el pago a familiares de civiles muertos en la presente administración, pero no informa el número de víctimas letales.

Entre 2013 y 2014, por ejemplo, la institución reconoció 32 pagos por reparación del daño por un monto total de 7.8 millones de pesos. 10 de esos pagos se realizaron por hechos ocurridos en Tamaulipas; seis en Michoacán; cinco en Guerrero y el resto en los estados de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Sinaloa.



La última estadística oficial pública sobre el número de personas muertas es de agosto de 2012, cuando el Ejército informó de 56 víctimas ajenas a grupos del narco, así como el abatimiento de 2,959 civiles en diferentes enfrentamientos armados.

La negativa del Ejército para informar del número de civiles muertos se ha dado a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ha pedido a la institución, en por lo menos dos ocasiones, informar públicamente sobre el tema.



El argumento del Ejército para no informar de los decesos es que, a partir de 2012, con motivo de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la reforma al Código de Justicia Militar de fecha 13 de junio de 2014, “el fuero militar no es competente para conocer de casos en los que existan víctimas civiles por violaciones a sus derechos humanos”, motivo por el cual no cuentan con información estadística.

Las bajas del Ejército

De acuerdo con información del Ejército solicitada por Animal Político vía transparencia, 489 militares han muerto del 1de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2016 por diferentes causas: los disparos con armas de fuego y las ejecuciones ocupan 57% de los decesos.



La madrugada del pasado viernes 30 de septiembre, un convoy de militares que transportaba a un presunto miembro del narcotráfico fue emboscado en Culiacán, Sinaloa.

Producto de este ataque murieron un sargento segundo, tres cabos, un soldado y un civil.

Se trató de una nueva emboscada contra miembros del Ejército en esa entidad, la segunda más letal para la institución castrense, por debajo de Tamaulipas, que en un lapso de 10 años ha visto como 60 de sus militares han muerto en el marco de la guerra contra el narco.

En contraste con lo que ocurre con la estadística de civiles asesinados, el Ejército cuenta con información detallada de los recursos entregados a los familiares de militares caídos. En ese lapso han pagado 121.8 millones de pesos por concepto de seguros de vida.



En el caso de 217 soldados, los militares de menor rango muertos en la guerra contra el narco, la suma asciende a 50.7 millones de pesos, en contraste con los 2.1 millones de pesos pagados a los familiares de tres coroneles, los fallecidos de mayor rango.

Lo anterior significa que mientras la vida de un soldado vale 233 mil pesos, la de un coronel cuesta 725 mil pesos. Una diferencia de poco más del 300%.