Los desterrados de Teloloapan: familias enteras desplazadas por el narco
Reportera: Daniela Pastrana Fotógrafa: Ximena Natera
Teloloapan, Guerrero
Las 18 cajas de focos ahorradores que el gobierno federal distribuye a través de las tiendas de Diconsa en las comunidades rurales del país están apiladas en la comisaría de Tlanipatlán de las Limas, una comunidad del municipio de Teloloapan. Lucen nuevecitas y sin abrir. No se han entregado porque la tienda rural está cerrada desde que el encargado se fue del pueblo. Y porque en Tlanipatlán hoy quedan más focos ahorradores que gente.
Nadie ha venido a recogerlos, según dice el comisario, Gonzalo Guzmán. Su figura de no más de metro y medio parece aún más pequeña cuando se sienta detrás del escritorio, al final del galerón que presume como “la comisaría más grande de todo el municipio”, que de poco sirve porque no ha habido un solo detenido en todo el año.
La cárcel no se utiliza, pero no extraña. Tampoco la iglesia ha tenido misas. Al menos no desde mayo, cuando la gente se fue, harta de que las bandas criminales que se disputan el control de esta zona, en la parte baja de la sierra de Guerrero, los obligaran a darles comida. El colmo fue lo de las vacas, cuenta un campesino que se largó del pueblo poco antes del éxodo: “Había que darles de comer, no una vez, sino 15 días. Tenía que ser con un becerrito o unos borregos o unos chivos. Nada de pollos… pollos ya no querían”.
En dos semanas se fueron todos. En el pueblo, de casi 400 habitantes, quedaron cuatro personas. Lo mismo pasó en otras comunidades del mismo municipio de Teloloapan. Como en Rincón del Vigilante, donde no quedó uno sólo de sus 120 pobladores, o Laguna Seca, donde se cuenta que los armados fusilaron a dos campesinos en presencia de todo el pueblo.
Los habitantes de estas comunidades forman parte de la cuenta de desterrados de Teloloapan, la puerta de entrada a la Tierra Caliente en Guerrero y el que más desplazamientos masivos ha vivido en este 2015. El Ayuntamiento tiene un registro de más de mil personas forzadas a emigrar, sólo entre febrero y mayo.
La pesadez del silencio
Tlanipaltlán de las Limas no se parece a otras comunidades pobres de Guerrero. Sus casas de adobe pintan de cuadritos rojos un cerro verde y majestuoso. Desde el camino, parece un pueblo de cuento. Pero las casas cerradas con candado y la pesadez del silencio en las calles dejan claro que se trata de un cuento de miedo.
Un miedo que se extiende a otras comunidades como Liberaltepec y San Felipe Ocote, en el vecino municipio de Apaxtla, a 20 minutos de aquí, donde el 19 de septiembre, apenas dos semanas antes de esta visita, se asegura que 60 hombres armados sitiaron los pueblos. Durante tres días, cortaron las comunicaciones y nadie pudo entrar ni salir de esos poblados.
Tlanipatlán quedó meses vacío. La gente ha ido regresando a cuentagotas, aunque no saben si van a quedarse. Sobre todo los viejos, que en la víspera de la fiesta patronal de San Francisco de Asís se afanan en hilvanar flores de cempasúchil para el festejo.
“Estos son todos mis ciudadanos”, dice el comisario, señalando a medio centenar de personas reunidas en su casa para la fiesta.
Un rápido pase de lista permite contar 10 adultos en edad productiva, 24 ancianos y 14 niños. Estos ciudadanos lidian cada día con la falta de antídoto para el alacrán, que la secretaría de salud no ha traído hace meses, porque temen llegar hasta allá. En las elecciones de junio, los pocos habitantes de esa comunidad tuvieron que ir a votar a Oxtotitlán, un pueblo vecino, porque ni siquiera se juntaron las 100 personas necesarias para mantener su casilla.
A la escuela telesecundaria van dos de los 40 estudiantes que tenía, más o menos igual están la primaria y el jardín de niños.
La violencia de los grupos criminales que pelean el territorio acabó hasta con la banda del pueblo (que en sus mejores épocas llegó a tener dos buenas agrupaciones) y con las fiestas, aunque dice el comisario que el 15 de septiembre sí hicieron el ritual del Grito de Independencia.
“Todo esto era sembradío de maíz, ahora no hay maíz, unos tenían ganado y ahora ¿cuál ganado?... Se fue, se acabó todo —dice un hombre de 84 años, con la mirada en el campo— ¿Por qué les voy a tener miedo? ¿Qué cosas me han de quitar? Si no tengo… solamente el cuero viejo”.
121 desplazamientos
El desplazamiento masivo se define como la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDPDH), que entre 2008 y 2014 documentó 121 episodios de este fenómeno como consecuencia de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad pública, intolerancia religiosa y conflictos políticos.
Se van de sus pueblos y apenas llevan lo que pueden cargar.
La quinta parte de esos desplazamientos ocurrió en Guerrero, un estado que en el último año duplicó su récord y se convirtió en el líder del desplazamiento forzado por la violencia en México. Según los datos de la CMDPDH, Guerrero concentró 40% de los 23 desplazamientos masivos que hubo en el país entre enero de 2014 y febrero de 2015 y que implicaron el destierro de más de 9 mil personas. Los mayores desplazamientos del estado ocurrieron en los municipios de Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco.
“Las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia”, dice el informe que presentó la organización.
Teloloapan, la cabecera municipal, tiene 12 policías desarmados para proteger a 62 mil habitantes distribuidos en las 176 comunidades del municipio.
Hace un año eran 80, pero después del ataque a los normalistas rurales en Iguala, todos los policías municipales del estado recibieron la orden de someterse a una evaluación de confianza. Sólo 15 de los policías de Teloloapan se presentaron a la prueba y los demás pidieron su baja voluntaria, aunque nadie investigó por qué. De los 15, sólo 12 pasaron el examen, pero la Policía Federal, que asumió la coordinación del Operativo Tierra Caliente, los mandó a encargarse de labores administrativas.
“Más allá de lo que podamos hacer nosotros, necesitamos realmente la entrega y la disposición por parte de la federación. Que se apliquen operativos reales, no solamente simulacro como los que se han dado”, dice en entrevista el alcalde Robell Urióstegui, de extracción perredista
Es su primer día de trabajo como presidente municipal.
El anterior alcalde ejerció sus tres años de gobierno con chalecos antibalas y escoltado por federales, pues poco antes de tomar posesión circuló un video en el que supuestamente se comprometía con La Familia —dijo que había sido forzado— a nombrar un jefe policiaco que no los atacara.
Robell Urióstegui dice ahora que con el presupuesto de 2 millones de pesos mensuales que tiene para seguridad va a echar a andar el sistema de cámaras del C4, y que ya está en pláticas con la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de un cuartel en el municipio, y con lo que asegura que tendrá “un poquito de tranquilidad”.
Para el cuartel se donaron ya 60 hectáreas, ahora sólo tiene que resolver otro problema: la mitad del terreno está invadido por gente que necesita vivienda.
Mientras tanto, el gobierno municipal ha comenzado a construir dos refugios para posibles desplazados y el alcalde ya evalúa la opción de tener un fondo destinado a su atención en alguna contingencia. Porque, reflexiona, “¿qué culpa tienen (los desplazados) de que las autoridades no tengamos la capacidad en este momento para poder abatir el problema de la delincuencia?”.
