El municipio de Puebla sin médicos: el narco acaba con el derecho a la salud

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Los habitantes de Guadalupe Victoria, en el sureste de Puebla, desalojaron y cerraron su principal centro de salud en julio de 2013 porque cualquier operación era imposible. El cirujano atendía de lunes a viernes y el anestesiólogo únicamente de sábado a domingo. No había procedimiento que pudiera realizarse cuando sólo un especialista estaba presente.

La población se levantó y casi linchan a los médicos porque las cirugías eran diferidas a otros municipios, cuenta el doctor Víctor Juárez Domínguez, él tuvo en sus manos —desde su cargo como delegado sindical— la reubicación de los doctores agredidos. La razón obvia del cierre fue que no había médicos suficientes, pero la causa real de la ausencia fue la inseguridad. Los Zetas son el grupo del crimen organizado que domina esta zona cercana a Veracruz, y el secuestro y el robo de combustible son la principal actividad actividad de este grupo.

Desde 2013, comenzaron en el estado los reportes en medios locales de mantas con amenazas, firmadas presuntamente por miembros del crimen organizado. En junio de 2014, la Marina Armada de México detuvo en la capital a tres personas supuestamente relacionadas con el grupo de los Zetas, entre ellos a Rafael Melgarejo Reyes, presunto contador de la banda. Con esa detención, sumaban en aquél momento, 17 las ligadas a esa agrupación.

Por la presencia de los zetas, pocos profesionales de la salud aceptan trabajar en esa región. El temor no es infundado. Los médicos ya han sido blanco de la delincuencia.

Cinco agresiones a médicos en dos meses

Apenas el pasado agosto, el director del Hospital Comunitario de Guadalupe Victoria, Fernando Sarmina Pérez, fue atacado a balazos por resistirse a que un grupo de hombres le robara su camioneta. Un mes antes, en julio, el subdirector nocturno del Hospital Regional de Teziutlán, Isidro Baltazar de la Merced, fue asesinado con un tiro en la cabeza.

El doctor Juárez dice que entre el 10 y 15% de los pasantes han sufrido problemas de inseguridad en el estado y no aceptan ir a plazas que tienen antecedentes de violencia.

“Las medidas de seguridad que tienen en los centros de salud no son las necesarias, no tienen cerrojos de seguridad metálicos, son chapas fácilmente violables de tal forma que, muchas veces el pasante se tienen que llevar a un familiar para que pueda cuidarlos”, dice el ex delegado del sindicato de trabajadores del sector salud.

Para llegar a estos lugares es necesario pasar por la carretera federal Orizaba–Tehuacán, una vía oscura de ida y vuelta, llena de baches y topes, conocida por los habitantes como el “basurero de cadáveres”. Un camino por el que el crimen arroja a los conductores llantas de tráiler para obligarles a orillarse, robarles el automóvil y en ocasiones secuestrarlos.

Según el informe Drug Violence in Mexico de la organización Justice In Mexico de la Universidad de San Diego, en 2014 asesinaron en Puebla a 88 personas relacionadas con el crimen organizado, una más que en 2013. A pesar de que en ese estado este tipo de violencia no se compara con Chihuahua o Guerrero donde contabilizaron a más de mil, aquí, los incidentes están focalizado en la zona oriente.

En la comunidad de Cañada Morelos, el 26 de noviembre de 2014, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró un Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) que ofrecería los servicios de consulta externa, medicina preventiva, medicina general, laboratorio, rayos X y ultrasonido.

Ese día, el Cessa estaba lleno de médicos y enfermeras; hoy, no hay suficientes doctores que brinden el servicio a los 18 mil 954 habitantes de los cuales el 85.6% vive en pobreza —información del Censo de 2010—.

“El día que lo inauguró trajeron doctores, pero ahora no tiene. Atienden enfermeras y una doctora que está de encargada. Es una para todo el municipio y no está todo el tiempo. Los doctores no quieren venir”, menciona Marcelino Álvarez Montiel, originario de Tezoapan y ex empleado municipal, sentado en la sala de su casa mientras sus hijos juegan en los charcos de su patio.

El Cessa costó 32 millones 954 mil pesos, su fachada es moderna, de loseta azul y paredes blancas. Adentro, una sala de espera con sillas de metal nuevas pero vacías, sin ningún paciente, sólo la señora de la limpieza trapeando los pisos. A lo lejos se escuchan las risas de un hombre y una mujer. Ella, una enfermera con bata de la Secretaría de Salud, sale e informa que no puede dar entrevistas.

Cuando alguno de sus hijos o la esposa de Marcelino se enferman, prefiere llevarlos con un médico particular que le cobra 200 pesos, incluyendo medicamentos. Si se trata de algo más grave, los sube a su camioneta, la cual en este momento está descompuesta, y maneja hora y media a Tehuacán.

También está el caso del municipio La Esperanza, donde en junio de 2015 inauguraron un Cessa que hoy está vacío, a diferencia del consultorio de la sucursal de Farmacias Similares cercano al centro, donde 8 personas hacían fila para ser atendidos por el médico particular. Los servicios privados de salud a bajo costo suplen la ausencia de profesionales públicos cuando la inseguridad reina. Por efecto del crimen organizado, incluso ejercer el derecho a la salud es complejo para quien vive en donde mandan las bandas delincuenciales.

En la cabecera de ese municipio, el viernes 17 de julio de 2015 a las 6:30 de la mañana, un grupo armado de por lo menos 10, mató con fusiles R-15 a 3 personas.

“La población es engañada en el momento que construyen un Cessa. Dejan a un médico pasante y en ocasiones a enfermeras a cargo de esas unidades. La población se decepciona y actúa contra el médico, pero ellos no tienen garantías para estar (seguros) en esas comunidades”, agregar el doctor Víctor Juárez.

Según un paramédico que pidió el anonimato, los médicos y pasantes no quieren ir a atender a esta área porque los asaltan, secuestran o matan.

Las autoridades de Puebla, hasta ahora, guardan silencio. La dirección general de Comunicación Social del estado, hasta el cierre de este reportaje, no había respondido a las solicitudes de entrevista. A ello hay que sumar dos peticiones de acceso a la información requeridas a con los folios 286/SSA-05/2015 y 287/SSA-06/2015 para conocer cuántas clínicas han sido cerradas en la entidad. En ambos casos la información fue negada.